por Felipe Portales
Esto es lo que significa, en definitiva, el antidemocrático quórum de los dos tercios, impuesto por algunos parlamentarios (y ni siquiera debatido al interior de los partidos, ni menos con las organizaciones sociales) a través del funesto y engañoso acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. En efecto, dicho quórum le permitirá a la minoritaria derecha –que siempre ha obtenido desde 1990, y lejos, más de un tercio de los congresales electos- vetar cualquier texto constitucional que le incomode. Y si a ella le retrucan con otro veto, quedará muy contenta con la mantención de la actual Constitución que, no nos olvidemos, fue impuesta por Pinochet en los 80, y asumida por Lagos y todos sus ministros, con algunas reformas, en 2005, como “una Constitución democrática que ya no divide a los chilenos” (Ver “El Mercurio”; 18-9-2005).
Es lo que reconoció descarnadamente Pablo Longueira ante el Consejo Ampliado de la UDI –en una intervención que se ha filtrado profusamente por video- cuando buscó calmar la ansiedad que muchos en su partido tenían frente al inminente triunfo del “Apruebo” en el plebiscito pasado, ya que creían que la mayoritaria centro-izquierda podría aprobar en la Convención Constitucional, luego de ello, una Constitución que sentase las bases para sustituir el “modelo chileno”.
Obviamente, ante la opinión pública se presenta tal acuerdo por parte de sus suscriptores fundamentado en que una Constitución es demasiado importante como para dejarla simplemente a cargo de una “mayoría circunstancial”. Pero lo que ocultan es que con ese quórum le están dejando el poder para hacerla o dejarla como está, a una “minoría permanente”, rompiendo además las bases fundamentales de la lógica, las matemáticas y el sentido común, ¡al hacer equivalente un tercio a dos tercios!
La falacia de dicho argumento se hace evidente también cuando se emplea mañosamente el ejemplo de Sudáfrica, al señalar que allí se estableció el quórum de dos tercios. Pero, ¡lo que no se dice y se oculta!, es que en dicho país se colocó efectivamente en primera instancia dicho quórum, pero siempre dejando la facultad de que la mayoría accediese a un plebiscito dirimente para que el pueblo (el real soberano en una democracia) decidiese finalmente si ratificaba los textos mayoritarios de la Asamblea o los minoritarios. Esto no tiene nada que ver con la imposición del 15 de noviembre. Así, por ejemplo, si el 65% de la Convención futura desea que el agua sea un bien de uso público que solo puede concesionarse administrativamente a privados, ¡no podrá establecerlo si el 35% no lo quiere! Y tampoco podrá reponer aquella disyuntiva en el famoso “plebiscito de salida” en que se aprobará o rechazará todo en bloque. Concebir que este procedimiento es democrático es sencillamente grotesco.
Y también se arguye mañosamente que esto es lo que ratificó cerca del 80% del electorado en el plebiscito. Esto es otro gigantesco sofisma, porque es claro que la inmensa mayoría de la población no tenía idea de esta profunda limitación democrática que CONTENÍA AMBAS DISYUNTIVAS PLEBISCITARIAS; y aunque lo hubiese sabido, no tenía opción al respecto. Esto es, se escogía “apruebo o “rechazo”; y “convención mixta constitucional” o “convención constitucional”; ¡pero no se escogía “quórum de dos tercios” o “quórum mayoritario”! En ambas se estipularon los famosos dos tercios…
Y, además, en el curso de toda la campaña NADIE se refirió siquiera a esta crucial disposición, ni menos se debatió frente a la opinión pública este tema. De tal manera que cuando algún personero de la ex Concertación o de la derecha dice de forma rimbombante que ¡cómo se puede suponer que la generalidad de los chilenos votó engañada!; hay que responderle que sí, que así fue. Engaño que contó con la totalidad de los grandes medios de comunicación (particularmente la TV) que no informaron ni debatieron los alcances de este crucial dispositivo. Y por cierto, no sería en absoluto el primer engaño que “las dos derechas” le han hecho al pueblo chileno en los últimos 30 años. Basta recordar el que le hicieron en 1989 (¡que todavía la generalidad desconoce!), cuando, a través de una Reforma Constitucional concordada ese año, el liderazgo de la Concertación le regaló a la inminente oposición de derecha solapadamente (ya que se plebiscitaron “en paquete” 54 reformas) la futura mayoría parlamentaria, por el cambio de los quórums exigidos para la aprobación de las leyes estipulados en el Artículo 65 de la Constitución original del 80.
Otro gran engaño fue respecto del ¡caso Clarín!, en que los gobiernos de la Concertación se negaron “con dientes y muelas” –con el obvio y entusiasta apoyo de la derecha propiamente tal- a devolverle los bienes confiscados por la dictadura a Víctor Pey por el cierre de dicho diario, con los que Pey relanzaría el diario. En ello se llegó Incluso a desarrollar esquemas de corrupción, como lo certificó el Colegio de Abogados con la sanción que le aplicó a un abogado funcionario de gobierno por favorecer a un familiar para que comprara partes de los “derechos” que el gobierno de Lagos les había adjudicado a personas que el propio Consejo de Defensa del Estado había desechado como propietarios del “Clarín” en 1975. Todo este caso nunca fue ni ha sido debatido en TV por las partes involucradas, por lo que la generalidad de la población lo desconoce completamente. Y podríamos seguir indefinidamente.
Positivamente, ha surgido un grupo de diputados de diversos partidos, encabezados por Camila Vallejo, quién ha presentado un proyecto de ley destinado a que la “Convención Constitucional” pueda funcionar bajo sus propios términos como toda Asamblea realmente Constituyente (y no “Constituida” como la chilena); y desechando la imposición antidemocrática del quórum de dos tercios. Lamentablemente, el PS actuando de forma completamente entreguista con la derecha propiamente tal -y autoritaria con sus propios diputados- hizo “bajarse” lastimosamente del grupo de diputados que había presentado el proyecto a la socialista y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández…
Y ahora –reveladoramente- el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado DC Matías Walker, ha manifestado que no le dará prioridad alguna al proyecto, demostrando el temor de que los parlamentarios de la ex Concertación tienen de quedar “desnudos” al rechazar dicho proyecto democratizador.
En cambio, la derecha propiamente tal -que no tiene nada que esconder al respecto- ha planteado, a través del diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, que el proyecto sea votado inmediatamente por la Comisión.
Al menos están quedando cada vez más claros los objetivos claramente antidemocráticos de las dos derechas con este mal llamado “proceso constituyente”. Y que si llegan a tener “éxito” con una “nueva” Constitución consensuada entre ellas, no tendrá mayor legitimidad que la que obtuvieron con su anterior Constitución consensuada en 2005.
