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Por Sole SF
Latinoamérica y su independencia.
El pasado 9 de abril, la comisión de medio ambiente de la Convención Constitucional rechazó la iniciativa de nacionalización de la gran minería y el fin a las concesiones; por el contrario, se votó a favor de la iniciativa del PS y FA que sólo cambia el concepto de “concesiones” por las figuras con plazos fijos de «autorizaciones», «temporal» y «transparente». Perder el control inmediato de los recursos naturales en extracción es una mala señal y fijar plazos para el fin de las concesiones, permite un lapso para que la industria intensifique y logre niveles de producción máximos nunca antes vistos; todo en un periodo donde la inflación acumulada en los últimos 12 meses llega a un 9,4%, los precios de materias primas a nivel mundial decaen y donde los daños a la salud y el medio ambiente llegan a niveles irrecuperables.
¿Cómo dar una explicación a este viraje? Para resolver esta interrogante es necesario retroceder a décadas posteriores a los procesos independentistas latinoamericanos donde, si bien nos libramos de una colonia española y portuguesa decadente, una segunda lectura más minuciosa nos da a entender un cambio de sumisión de las clases dominantes de un imperio a otro; o sea, a una pujante economía inglesa y francesa. El “nuevo imperio” financió con sus recursos la independencia, pero a cambio de un pacto neocolonial extractivista necesario para el desarrollo europeo. Ese pacto, a su vez, permitió la consolidación política y económica de una emergente burguesía latinoamericana. No obstante, esta burguesía local mercantilista y terrateniente se acopló de manera parasitaria a la burguesía europea industrial y productiva que llevaría a cabo la Revolución Industrial.
Latinoamérica y su posición en la división internacional del trabajo
Posterior a un inicio económico parasitario y ya entrado el siglo XX, la situación de Latinoamérica frente al capitalismo europeo y a una creciente economía norteamericana, era obviamente desigual. Si bien la idea de un libre mercado en “teoría” implicaba progreso para todos, la posición local respecto de las mega economías no eran horizontales; además, la puja de la Revolución Industrial que permitió un “progreso” para algunos, comenzaba a dar señas de fallos y desencadenaba la “Gran Depresión” de 1929. Frente a esta situación, la aplicación del modelo keynesiano de intervención estatal permitió a EEUU “solventar” en parte la crisis y “liderar” un nuevo orden mundial post II Guerra Mundial, emitiendo dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las economías mundiales y establecer el Estado de bienestar.
En los años 60 el auge del imperio norteamericano evidenció nuevamente un agotamiento estructural, está vez producto del inmenso déficit fiscal causado por la guerra de Vietnam y donde además, la sobre circulación de dólares causaba un fuerte ciclo inflacionario mundial. Frente al miedo de la caída de la divisa norteamericana, los países comenzaron a cambiar sus reservas de dólares por marcos alemanes y oro de la Reserva Federal, causando enormes pérdidas de liquidez (menos oro para cambiar por dólares). Para contener esta crisis, el 15 de agosto de 1971 Richard Nixon declaró la ruptura del Acuerdo de Bretton Woods estableciendo la no convertibilidad del dólar en oro y su devaluación, con la finalidad de garantizar la demanda artificial de aquella divisa para volver a cimentar el papel hegemónico del dólar estadounidense. En el nuevo esquema se vincularía al dólar con los commodities (en especial con el crudo de petróleo); cualquier país o empresa que necesitara comprar petróleo tendría que obtener dólares para llevar a cabo esa transacción, creando de esta manera un nuevo orden mundial. Cabe señalar que bajo el régimen de Bretton Woods, las monedas estaban vinculadas al dólar y el dólar a su vez estaba atado a un precio fijo en oro. Tras la inconvertibilidad del dólar en oro entramos a la era del papel moneda, del dinero fiduciario, de las tasas de cambio flotantes que alientan y posibilitan la especulación y la concentración de la riqueza. Desde este momento, todos los déficits fueron cubiertos con emisiones de papel moneda y el aumento de capital circulante, en vez de concentrarse en el capital productivo; pasó a reforzar el mercado financiero.
La reprimarización de la economía latinoamericana
A partir de la ruptura de los Acuerdos de Bretton Woods en los años 70, comienza una segunda etapa del capitalismo; en esta, los componentes inmateriales del dólar y la posibilidad de emitir moneda sin un respaldo estable de “valor” permitieron un nuevo ciclo de acumulación de capital. Dado que el capital basado en la producción evidenciaba una caída de consumo y rentabilidad producto de la saturación de los mercados, el capitalismo logró dar una salida a la sobreacumulación a través del mercado bursátil y banca, con la falsa idea de que el “dinero inmaterial” puede generar más valor y reproducirse a sí mismo (entendiendo que la única relación que produce valor es la del “capital-trabajo” y no la del “capital-capital”). En este nuevo ordenamiento del capitalismo global, los gobiernos latinoamericanos apoyados en políticas económicas progresistas y neoliberales dieron más relevancia al capital financiero con respecto al productivo, transfiriendo los recursos al desarrollo de la banca y servicios, en vez de al productivo. Empujados por un breve ciclo de alza de precios de los commodities, se experimentó un proceso profundo de des-industrialización y se promovieron programas de un limitado desarrollismo primario, o sea, una involución sostenida por la sobre explotación de la mano de obra y los recursos naturales, en una lógica de “exportación en crudo” con bajo valor agregado, que permitió grandes flujos de capital que se fugaron y no invirtieron en diversificar la economía y en desarrollar industria real.
Dentro de este contexto, la economía chilena abandonó el proceso de nacionalización de la gran industria e industrialización a partir de 1973 y por décadas basó su potencial económico en su capacidad extractiva minera con bajo valor agregado como principal activo para cerrar la brecha de divisas en el mercado global, sólo innovando en nichos gourmet de exportación de productos agrícolas en periodos de contra-estaciones (proceso llamado reprimarización). En comparación con las estrategias que tomaron países asiáticos durante los 90 que lograron un importante desarrollo industrial gracias a políticas proteccionistas, redistribución de tierras entre productores y abolición de las clases latifundistas, el resultado a hoy es que el modelo asiático creó una potencia industrial sin la necesidad de instaurar políticas neoliberales y basadas en el extractivismo básico como en Chile.
Estas riquezas pasajeras, como lo fue en un momento el salitre, actualmente el cobre y en un futuro cercano el litio, nos empuja a depender de la «intrascendencia» de asumir que un recurso natural explotado semi en bruto es el sueldo de Chile. Si bien el salitre incrementó efectivamente el poder comercial capitalista local, no tuvo ningún efecto en el poder productivo industrial local. Los conglomerados extranjeros que controlaban el salitre promovieron el enriquecimiento local y lograron exitosamente una fachada de prosperidad, donde todos querían enriquecerse pero nadie desarrollar industria; paraíso que terminó abruptamente en la crisis del 1929 y que nos dejó como uno de los países más golpeados económicamente del mundo. Nada se invirtió en industria, tecnologías y avances científicos que podrían haber dado el salto al salitre sintético y permitido una continuidad comercial o diversificación. Algo similar vemos al analizar las cifras de producción de concentrado de cobre. En 1999 fue de un 64% (según cifras de CODELCO), en 2020 fue un 74% y sólo un 25,6% de la producción corresponde a cátodos (según datos COCHILCO). Nuevamente no se evidencia un crecimiento de reinversión en valor agregado o diversificación.
Se puede entender que la resistencia a la ruptura del patrón extractivista concesionado de la gran minería es simple y llanamente porque al gran industrial imperialista no le conviene que se rompa el flujo de capitales y la cadena de suministro de materias primas en periodos de crisis. El estudio “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2014”, señala que el Banco Mundial reportó que la renta económica total de la minería en Chile fue de US$ 385 mil millones durante el periodo 2005-2014, quedando en manos de privados una renta económica después de impuestos de unos US$ 160 mil millones; capital suficiente para haber financiado educación gratuita, mejoras al sistema de salud y pensiones, sin necesidad de haber implementado una reforma tributaria.
A modo de conclusión, ninguna nación es rica sólo por el hecho de tener abundancia de recursos naturales; cualquier economía basada en riquezas naturales que experimente fuga de ganancias y que no complejiza y/o diversifica su industria está condenada a la insustentabilidad. Es por este motivo que la nacionalización de la gran minería bajo el control de la clase trabajadora, es el paso que se requiere para poner fin a la fuga de capitales y para salir de un modelo económico subordinado. Esto se requiere pronto, dado que las fluctuaciones y caída de precios de las exportaciones de materias primas en los años que vienen podrían hacer que “la solidez de la economía emergente chilena” se desvanezca nuevamente en el aire.
