Organizaciones lamentan «que el ejecutivo y el parlamento quieran aprovechar la pandemia para sacar adelante su agenda de proyectos legales frenados por el enorme rechazo que han suscitado en la población, la que ha salido abiertamente a manifestarse en todo el país desde octubre pasado».
Magallanes, 04 de junio de 2020. (radiodelmar.cl)– Sindicatos del mundo cultural, comunidades indígenas y organizaciones sociales crearon en Magallanes el Frente de por el Patrimonio para rechazar el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Piñera, que busca reemplazar la vigente Ley de Monumentos Nacionales por la llamada nueva Ley de Patrimonio Cultural.
Comunidades kawesqar y Yagan, agrupaciones culturales y funcionarios fiscales afirman que el proyecto de ley ingresado al parlamento para ser discutido con suma urgencia, fue preparado «entre cuatro paredes, sin participación de la ciudadanía ni las comunidades afectas, ni los trabajadores, gremios o sindicatos del patrimonio y la cultura, agrupaciones de derechos humanos, ni organizaciones o centros culturales».
El Frente por el Patrimonio señala además que el gobierno de Piñera ha «buscado todos los subterfugios posibles para que el proyecto de ley no esté sujeto a la consulta indígena previa, libre e informada, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado de Chile».
«Hoy el pueblo Kawesqar y el Pueblo Yagán, enfrentan una nueva epidemia traída desde fuera y hasta el momento no se ha visto ni una sola medida específica y profunda, que abogue por el resguardo del patrimonio vivo de la región», dice la declaración de las organizaciones.
Declaración Pública “Frente por el Patrimonio” Región de Magallanes y Antártica Chilena
A través de la presente declaración pública , una serie de organizaciones, comunidades y agrupaciones de la región de Magallanes, todas vinculadas al ámbito de la cultura, la memoria, el patrimonio cultural y natural de estos territorios, organizados en un Frente por el Patrimonio de Magallanes, queremos hacer público nuestro rechazo al proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Piñera, que busca reemplazar la vigente Ley de Monumentos Nacionales por la llamada nueva Ley de Patrimonio Cultural.
Este proyecto de ley, ingresado con “suma urgencia” al parlamento en junio del año pasado, busca beneficiarse de la necesidad real de avanzar en una actualización de la legalidad vigente en el ámbito del patrimonio, que data de 1970 y no consigue satisfacer las necesidades de un adecuado resguardo del patrimonio cultural del país y sus comunidades. Sin embargo, en vez de proponer un avance en la materia, se busca intervenir en favor de los poderosos grupos empresariales que anhelan debilitar las posibilidades de acción de la Ley 17.288 y el Consejo de Monumentos Nacionales. Para ello, han diseñado un proyecto de ley entre cuatro paredes, sin participación de la ciudadanía ni las comunidades afectas, ni los trabajadores, gremios o sindicatos del patrimonio y la cultura, agrupaciones de derechos humanos, ni organizaciones o centros culturales.
En ese sentido, lo que resulta aún más complejo es que se han buscado todos los subterfugios posibles para que el proyecto de ley no esté sujeto a la consulta indígena previa, libre e informada, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el estado de Chile. Sin duda, cualquier legislación referida al patrimonio cultural del país afecta de manera directa a las comunidades indígenas, para quienes el territorio constituye la base primordial de cualquier expresión cultural de un modo indivisible. Más aún, cuando apremia la necesidad de reconocer al patrimonio inmaterial del país con el estatus jurídico apropiado.
A su vez, la necesidad de descentralizar el Consejo de Monumentos Nacionales en el presente proyecto de ley es utilizado como una herramienta política para desarticular y enajenar el patrimonio de las comunidades regionales, manteniendo en el fondo mecanismos de control centralizadores, que desprecian el patrimonio y las culturas de la diferentes regiones del país. A través de la no incorporación de representantes de las comunidades indígenas ni de cultores locales, los Consejos de Monumentos Regionales propuestos serán prácticamente una reunión de diferentes SEREMIS (cargos políticos) y no un organismo técnico con amplia representación, profesionales y especialistas con los adecuados conocimientos para ejercer esta labor a nivel regional. Lo que subyace a esta propuesta es la búsqueda por flexibilizar los estudios de impacto ambiental, los procesos de participación ciudadana y las consultas indígenas, así como un intento por desarticular a las comunidades empoderadas de su patrimonio, su memoria y su historia.
Con indignación hemos visto en las últimas semanas, como a través de una evidente operación política que busca aprovecharse del estado de emergencia que atraviesa el país producto de la pandemia por COVID-19, se ha reactivado la ofensiva por aprobar la mencionada ley a pesar de los compromisos adquiridos en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para que se desarrolle el trabajo que corresponde con la ciudadanía además de la consulta indígena obligatoria, proceso que tendría lugar a lo largo de todo este año 2020. Sin embargo, sorpresivamente se ha intentado generar otras instancias de participación que no cuentan con la debida legitimidad y operan a través del formato online que ha impuesto la crisis sanitaria y social que atravesamos. En particular, se ha hecho circular la Encuesta Online – Hacia una Ley de Patrimonio Cultural, intentando recoger información desde la ciudadanía, pero con este mecanismo unidireccional, en donde se controlan las variables en discusión y se esquiva el debate abierto y transparente. Por este motivo hacemos un abierto llamado a NO responder la mencionada encuesta.
Este intento de reactivación legislativa no es casualidad. Ya hemos visto como se aprobó la Ley de integración social y urbana que permite intervenir los barrios patrimoniales. Hemos visto como han aumentado las solicitudes del Sistema de Evaluación Ambiental, SEA, y en el parlamento se rechazó un proyecto de ley que buscaba suspender los plazos establecidos en la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que los organismos competentes realicen la participación ciudadana, consulta indígena y se pronuncien sobre los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Modificación totalmente necesaria toda vez que los plazos legales establecidos son imposible de realizar adecuadamente en el contexto de pandemia.
Lamentamos que el ejecutivo y el parlamento quieran aprovechar la pandemia para sacar adelante su agenda de proyectos legales frenados por el enorme rechazo que han suscitado en la población, la que ha salido abiertamente a manifestarse en todo el país desde octubre pasado. En vez de ello, pedimos a las autoridades regionales y nacionales tomar una mayor iniciativa en el resguardo de los sitios de memoria tan importantes para la ciudadanía y que se vele adecuadamente por las comunidades indígenas australes que dotan de una fuerte identidad al territorio, nutriendo el patrimonio cultural de la región, como tantas veces las autoridades lo repiten en sus discursos grandilocuentes. Hoy el pueblo Kawesqar y el Pueblo Yagán, enfrentan una nueva epidemia traída desde fuera y hasta el momento no se ha visto ni una sola medida específica y profunda, que abogue por el resguardo del patrimonio vivo de la región.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PATRIMONIO – ANATRAP MAGALLANES
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE CULTURA – ANFUCULTURA MAGALLANES
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS DE MAGALLANES
COMUNIDAD INDIGENA YAGHAN DE BAHIA MEJILLONES
COMUNIDAD KAWESQAR AT´AP
HIJOS Y NIETOS POR LA MEMORIA
COMUNIDAD KAWESQAR GRUPOS FAMILIARES NÓMADES DEL MAR
FUNDACIÓN SELENNA MAGALLANES
COORDINADORA FEMINISTA PUNTA ARENAS
COMITÉ CULTURAL DE PUERTO WILLIAMS
RAFAEL CHEUQUELAF – LLUVIA ÁCIDA – PERIODISTA
WOLF PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
COOPERATIVA ROSAS SILVESTRES
COLECTIVA CUECA SOLA DE PUNTA ARENAS
DISPERSIONES SONORAS – PUNTA ARENAS
SERGIO PEREZ –SUITE AUSTRAL –PUNTA ARENAS
AGRUPACIÓN DE AUDIOVISUALISTAS DE MAGALLANES
ASOCIACIÓN INDÍGENA MAPUCHE HUILLICHE “WITRPAIÑ” DE PUERTO WILLIAMS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS/ES DEL SNPC – ANFUPATRIMONIO MAGALLANES
