EL PORTEÑO 18/05/2021
por Gustavo Burgos
El terremoto electoral del fin de semana termina de rubricar la transformación del régimen que comenzó a operar el mismo 18 de octubre de 2019, como resultado de la apertura del levantamiento popular. El impensado y hasta majestuoso derrumbe de la Derecha, cierra este ciclo crítico de transformaciones institucionales e incorpora —por así decirlo— las transformaciones operadas en «la calle» al vientre de la institucionalidad, ni más ni menos que a la Convención Constitucional. Este cambio persigue ajustar la nueva correlación de fuerzas entre las clases al régimen político. Dicho de otra forma, el resultado electoral confirma lo que ya ha ocurrido en la realidad social y lo interpreta bajo las fórmulas del orden democrático burgués. Este abrupto cambio en el escenario electoral, repetimos, termina de cerrar un capítulo —que fue anticipado por la derrota de Piñera en el TC— y abre las alamedas a un nuevo orden bajo el cual seguirá procesándose la fenomenal crisis capitalista que se ha desarrollado atemperada por la sordina de la pandemia del COVID.
En este contexto general, la discusión sobre el tercio de bloqueo de la Derecha ha mutado su contenido. La reconfiguración de las fuerzas electorales deja ahora al viejo pacto Derecha-Concertación como los guardianes moderadores del debate en la Convención Constitucional. Si antes de este derrumbe electoral la función reaccionaria habría de cumplirla principalmente la Derecha, en este nuevo escenario obligadamente ha de sumarse las fuerzas de Unidad Constituyente (ex Concertación). Vale decir la Convención Constitucional sigue controlada por las fuerzas políticas del antiguo régimen, pero ahora en un escenario de minoría y extrema debilidad política, teniendo muy presente que tal función recaerá principalmente en el Partido Socialista, única fuerza relevante en la Convención luego de la desaparición de la DC de la Convención. En ese sentido la alianza Derecha-Partido Socialista, por definición será extremadante inestable, pero el tercio de bloqueo seguirá existiendo, de eso no cabe duda.
Sin embargo, por lejos la mayor consecuencia de las pasadas elecciones es el alzamiento como nueva fuerza de gobierno del referente Apruebo Dignidad, la alianza del Partido Comunista y el Frente Amplio (PC-FA). Apruebo Dignidad expresa de forma positiva la transformación operada e ineludiblemente desde este referente se definirá el próximo gobierno, si éste resulta encabezado por Jadue, Boric o aún la rápidamente sepultada Pamela Jiles, carece de importancia. Lo relevante es que está en manos de este referente la conformación del próximo gobierno.
Este hecho, grande como una catedral, tensiona especialmente a la ex Concertación que hoy se debate entre seguir en la pelea con Provoste o Narváez, o bien rendirse a los hechos. Esta rendición importaría que la DC —lo más probable hasta este momento— seguiría sola hasta la primera vuelta con Ximena Rincón, buscando apoyarse en la fuerza electoral de la Derecha. Esta última, carente de toda perspectiva de triunfo —con el pragmatismo que los caracteriza— perfectamente podría inclinarse ante la candidata DC como hizo la Derecha en 1970 con Tomic. Una salida tipo partido del orden, en un escenario electrizado al máximo, con una crisis económica que se preve brutal y un debilitamiento de las instituciones como el que hay actualmente en el país, no sería en absoluto impensable.
Si la mayor consecuencia de las elecciones fue este rebaraje del naipe entre las fuerzas del Acuerdo por la Paz, el hecho propiciador de tal transformación fue la masiva llegada de los independientes a la Convención Constitucional. Esta fuerza política —aún no perfilada con claridad en su identidad— es la genuina manifestación de amplios sectores sociales que rompen con las direcciones tradicionales y se perfilan a la Convención Constitucional siguiendo el impulso del movimiento masas que se originó en el levantamiento popular de Octubre del 19. Se trata de un fenomenal hecho nuevo aún fragmentario y variopinto que en su mayoría se pondrá del lado del eje PC-FA. La Lista del Pueblo es una tendencia en la que dominan las corrientes frenteamplistas o posmodernos sin partido y en la que también participan otras corrientes de izquierda. El programa de la Lista del Pueblo es democrático liberal, sin embargo no todos sus convencionales siguen esta definición política, claro ejemplo de esto lo constituye la elección de la abogada trotskista María Rivera, del Movimiento Internacional de los Trabajadores (MIT).
Por otro lado la Lista de Independientes No Neutrales (Baranda, Politzer), debe considerarse mayoritariamente como una fuerza política conservadora, ligada a la ex Concertación.
Hasta aquí una somera caracterización del significado del acto electoral. Nos queda arrojar una proyección, a dónde va este proceso. La respuesta se está tejiendo en esto momentos. Mientras el régimen se rearticula institucionalmente la crisis y la polarización social seguirán expandiéndose aguijoneadas por el concierto político y económico internacional. La creciente depresión económica, los sucesivos levantamientos populares —hoy día se baten en las calles los trabajadores colombianos— sirven como marco predictivo. El gobierno que emerja de las elecciones de noviembre, que tendrá como viga maestra al eje PC-FA, será un gobierno que deberá batallar en dos frentes: una feroz oposición atrincherada en el Congreso Nacional donde aún tendrá vida el antiguo régimen y del otro, el de un movimiento de masas que seguirá de pie y cuyas ilusiones en la democracia burguesa son muy acotadas.
Este último factor seguirá dinamizando el proceso político. En estas elecciones participó sólo un 43% del padrón electoral. Enormes sectores vieron y ven con recelo lo que se teje en las esferas del poder. Por eso no fueron a votar. No queremos decir que 57% restante quiere una revolución, eso es absurdo. Lo que se trata de explicitar es que el proceso que viene dista mucho —lo dijimos el sábado pasado en estas páginas— de la plácida candidez del Gana la gente del gobierno de Aylwin en 1989. No tenemos enfrente 30 años más de transición ni una década de éxtasis democratizante como fueron los 90.
Este aún confuso escenario de cataclismo electoral es el terreno en que han de agruparse las fuerzas que buscan interpretar la lucha en contra del Acuerdo por la Paz, en contra del orden patronal y en reivindicación de los reclamos que dieron vida al levantamiento de Octubre. Las AFP —fuente inagotable de recursos para el capital financiero— serán barridas, muchos de los responsables de las violaciones a los DDHH del último período terminarán en Punta Peuco, el ejercicio de nuevos espacios democráticos abrirá espacio a nuevas formas de organización y expresión política. Es necesario estar atentos a estos fenómenos y desarrollar una política revolucionaria que se proyecte como lucha de clases, con clara identidad trabajadora. El resultado electoral, finalmente, no sólo da cuenta de un corrimiento a la izquierda del electorado sino que revela que la crisis sigue su desarrollo y que en ella es posible la construcción de una dirección política revolucionaria, una dirección de los explotados que proclame abiertamente la necesidad de luchar por el poder. Es la hora de los trabajadores.
