Grupo Socialista Independiente, CIT en Estados Unidos.
El 2 de mayo se filtró un borrador de la opinión del caso Dobbs contra Jackson del Tribunal Supremo, que sugiere que la sentencia de este caso anulará el precedente establecido por el caso Roe contra Wade. Si esto ocurre, hará que millones de mujeres en Estados Unidos pierdan el acceso al aborto.
En la actualidad, 13 estados tienen «leyes de activación» que prohibirían automáticamente el aborto si se anula el caso Roe v Wade, y es probable que muchos más estados aprovechen la oportunidad para aprobar prohibiciones similares. La filtración ya ha provocado varias protestas en todo el país.
Aunque todas las mujeres se verán perjudicadas por un retorno a los días anteriores a Roe, las mujeres de clase trabajadora serán las más afectadas. Muchas mujeres de clase trabajadora ya se ven impedidas de acceder al aborto debido al coste del procedimiento, la cantidad de tiempo necesaria para programar y asistir a las citas médicamente innecesarias pero legalmente obligatorias antes de su aborto, y la imposibilidad de viajar a la clínica de aborto más cercana.
En muchos estados, especialmente en las zonas rurales, las mujeres se encuentran a cientos de kilómetros de la clínica de aborto más cercana. En la actualidad, 27 estados exigen a las mujeres que desean abortar que asistan a una sesión de asesoramiento obligatoria 24 horas antes de que se produzca el aborto. Esto significa que las mujeres que tienen que recorrer largas distancias para abortar se ven obligadas a pasar la noche allí donde se encuentra la clínica abortiva.
Este último ataque se suma a una serie de leyes opresivas dirigidas a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+ impulsadas por el Partido Republicano en las legislaturas estatales de todo el país. Aunque lo condenan de palabra, los demócratas, que se presentan como el partido proabortista, se han negado sistemáticamente a movilizar cualquier protesta o movimiento masivo que pudiera ofrecer una oposición real a este ataque.
Biden no ha cumplido su promesa de convertir Roe v. Wade en la «ley del país», a pesar de que el Partido Demócrata controla actualmente los poderes legislativo y ejecutivo. El propio Biden apoyó una enmienda constitucional en 1981 que habría permitido a los estados anular Roe v Wade.
Nancy Pelosi, una de las demócratas más destacadas y presidenta de la Cámara de Representantes, dijo en fecha tan reciente como 2017 que «por supuesto» se podía ser antiabortista y demócrata. Incluso antes, en 2009, cuando el Partido Demócrata tenía una supermayoría en el Congreso y a Barack Obama en la Casa Blanca, siguió sin conseguir que el acceso al aborto fuera un derecho legal, a pesar de las promesas de campaña de Obama.
No se puede contar con el Partido Demócrata para defender ninguno de nuestros derechos civiles, y mucho menos el acceso al aborto, que ya está efectivamente prohibido para millones de mujeres en Estados Unidos. Se necesita un partido independiente de la clase trabajadora, responsable y controlado por los trabajadores, para liderar eficazmente la carga contra estos ataques a nuestros derechos.
Casi el 60% de la población de EEUU cree que el aborto debe ser legal. El hecho de que cinco jueces no elegidos puedan tomar una decisión que va en contra de la opinión pública ha hecho tambalear la fe de mucha gente en el Tribunal Supremo.
El acceso al aborto bajo el capitalismo no es sólo un problema para las mujeres, sino para toda la clase trabajadora. Muchos trabajadores LGBTQ+ que no son mujeres dependen y utilizan otros servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. Además, la capacidad de las trabajadoras de planificar sus familias ayuda a toda la clase trabajadora, incluidos los hombres de la clase trabajadora. A todos los trabajadores les interesa salir y luchar contra estas restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres, y luchar contra la opresión de las mujeres en general.
El caso Roe contra Wade no fue entregado a los trabajadores por la bondad del Tribunal Supremo. Fue una concesión otorgada durante el régimen conservador de Nixon, en un momento en que la presión combinada del movimiento de mujeres, el movimiento de derechos civiles, el movimiento contra la guerra, el movimiento de derechos LGBTQ+ y otros pusieron a los capitalistas a la defensiva.
Ahora necesitamos un movimiento similar. No basta con defender Roe v. Wade. Incluso si Roe v Wade no se anula, el actual ataque de la derecha contra las mujeres, las personas LGBTQ+ y los trabajadores en general continuará. Debemos unir el movimiento por los derechos de las mujeres con los movimientos ecologista, antirracista, de inmigrantes, LGBTQ+ y laboral para conseguir una atención sanitaria asequible y de fácil acceso, incluida la atención sanitaria reproductiva y el aborto.
El momento de luchar contra todos estos ataques contra las mujeres y los derechos reproductivos no es después de la anulación de Roe v Wade, sino ahora mismo.
Grupo Socialista Independiente defiende:
- Construir un movimiento independiente del Partido Demócrata para luchar por la defensa de Roe v Wade y ampliar el acceso al aborto. Esto debe atraer a sectores del movimiento obrero, y utilizar el poder sindical para ganar sus demandas.
- Sustituir el sistema de salud con fines de lucro por una asistencia sanitaria gratuita y universal que proteja el acceso de las mujeres y de las personas LGBTQ+ a una asistencia sanitaria no discriminatoria.
- Crear buenos empleos sindicales construyendo y dotando de personal a nuevas clínicas de salud reproductiva en todo el país. Garantizar que quienes necesitan las clínicas puedan llegar a ellas ampliando enormemente el transporte público, especialmente a las zonas rurales o aisladas.
- Construir un nuevo partido basado en la clase trabajadora que realmente luche por los intereses de la clase trabajadora, incluyendo la defensa y la ampliación del derecho al aborto, la asistencia sanitaria universal, la atención infantil universal, las escuelas totalmente financiadas y dotadas de personal, y un futuro libre del dañino cambio climático.
- Sustituir el Tribunal Supremo por un órgano judicial elegido directamente por los trabajadores de EE.UU., en el que los jueces sean directamente responsables ante el pueblo.
