Jon Dale
Partido Socialista Británico (CIT en Inglaterra y Gales)
A pesar de dos años de negociaciones, nueve rondas de conversaciones, plazos ampliados, súplicas de última hora y muchos aspavientos, el 27 de mayo la Asamblea Mundial de la Salud no logró acordar un nuevo tratado sobre pandemias. Su objetivo era garantizar que el mundo estuviera mejor preparado para futuras pandemias de lo que había estado para Covid-19.
Tras 700 millones de casos confirmados, siete millones de muertes en todo el mundo y un número desconocido de personas que siguen padeciendo Covid largo, se necesita desesperadamente una mejor preparación.
El nuevo coronavirus recorrió el mundo con una rapidez aterradora a partir de finales de 2019. En aproximadamente un año, la pandemia de Covid-19 llegó a casi todos los países. Los pequeños estados insulares del Pacífico y Corea del Norte fueron de los últimos en notificar casos. Turkmenistán es ahora el único país que no ha notificado ni un solo caso, muy probablemente debido a la censura del gobierno más que a cualquier medida de salud pública.
Todos los expertos coinciden en que la próxima pandemia es una cuestión de «cuándo», no de «si». El riesgo de que nuevas infecciones humanas se propaguen de un lado a otro del mundo en cuestión de días es mayor que nunca. Las ciudades abarrotadas, la ganadería intensiva, la explotación de las selvas tropicales, las guerras, el cambio climático, la pobreza y los desplazamientos mundiales debidos al turismo, el comercio y la migración: los seres humanos están cada vez más expuestos a virus y bacterias que no respetan las fronteras nacionales.
Un posible candidato a una nueva pandemia es el virus H5N1 de la gripe aviar. En 2020 comenzó un brote que ha matado a decenas de millones de aves de corral e innumerables aves silvestres. En marzo se identificó en ganado vacuno y caprino en Estados Unidos: un cruce de aves a mamíferos. Los futuros cambios virales estarían más cerca de poder infectar y luego transmitirse entre humanos.
Siempre que se identifican nuevos virus es vital que la información se comparta rápidamente con laboratorios y gobiernos de todo el mundo. El virólogo chino Zhang Yongzhen identificó la secuencia de ADN del Covid-19 a principios de enero de 2020. Tras informar al gobierno, publicó los resultados, a pesar del intento del régimen de impedirlo.
Desde entonces se han impuesto restricciones a su laboratorio, la última en abril, cuando se cerró por «reformas». Tras permanecer una semana sentado a la intemperie con una pancarta, que fue ampliamente compartida en las redes sociales chinas, se permitió regresar a su equipo. Parece que hay diferencias dentro del régimen sobre cómo manejar su posición.
La pandemia dejó al descubierto que otros gobiernos también estaban en conflicto sobre su gestión de la crisis. Estas presiones surgieron durante las negociaciones del tratado.
Muchos países tienen servicios de salud pública deficientes y carecen de laboratorios y científicos para identificar nuevos virus. Los países menos desarrollados son los lugares con más probabilidades de que surjan nuevas infecciones. El acceso desigual a los servicios médicos y a las nuevas vacunas y tratamientos significa que cualquier nueva pandemia podría propagarse rápidamente.
Los países ricos compraron miles de millones de vacunas Covid-19, dejando a los países más pobres al final de la cola. Canadá, Australia y el Reino Unido habían comprado 11,1, 9,9 y 7,6 dosis de vacuna por persona respectivamente hasta junio de 2022.
Mientras tanto, Sudáfrica pudo comprar el equivalente a 0,5 dosis por persona. La Unión Africana compró 330 millones de dosis, apenas 0,2 dosis por persona.
«A la hora de la verdad, no podemos contar con que los países ricos hagan lo correcto», afirmó Maaza Seyoum, coordinadora del Sur Global de la Alianza Popular para la Vacunación. «Los países más pobres del mundo han acabado al final de la cola, creando la sensación de que algunas vidas importan más que otras».
Las respuestas de los gobiernos a anteriores brotes de enfermedades han sido normalmente el pánico, seguido del desinterés una vez superada la crisis. Se suponía que esta vez iba a ser diferente. Mientras Covid seguía causando estragos en 2021, los líderes de 21 países firmaron una carta en la que pedían «un nuevo tratado internacional para la preparación y respuesta ante pandemias (…) debemos guiarnos por la solidaridad, la justicia, la transparencia, la inclusión y la equidad». Entre los firmantes se encontraba el entonces Primer Ministro conservador, Boris Johnson.
Bonitas palabras, pero la realidad fue otra. Los avances de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacia un nuevo Tratado sobre Pandemias avanzaron con lentitud, atascándose a menudo. Ciento noventa y cuatro Estados miembros han estado negociando un plan mundial para hacer frente a la «Enfermedad X». Esto debería redundar en beneficio de todos, pero pronto surgieron tensiones y desacuerdos. Detrás de los negociadores de cada país están los intereses de su propia clase dominante. Mientras tanto, las voces de la clase trabajadora y de los pobres no son escuchadas.
Los políticos de derechas afirman que un nuevo tratado socavará la «soberanía nacional». A pesar de que Johnson había pedido un tratado, sus aliados tories denunciaron las negociaciones. El 14 de mayo, el entonces Ministro de Sanidad, Andrew Stephenson, declaró ante el Parlamento que el gobierno sólo aceptaría el resultado «si ello redunda firmemente en el interés nacional del Reino Unido».
Pero los «intereses» de las farmacéuticas británicas y otras empresas con ánimo de lucro no son los de los trabajadores sanitarios y otros trabajadores clave expuestos a nuevas infecciones, de los trabajadores en lugares de trabajo abarrotados o que viven en hogares hacinados, que viajan en transporte público, en la escuela o en la universidad, etcétera.
En el mismo debate, la ex ministra de Interior tory Suella Braverman dijo descaradamente que «a la luz de los graves errores de juicio, la mala dirección y, me temo, los conflictos de intereses bien documentados que han surgido posteriormente», era «profundamente escéptica» sobre la «capacidad de gestionar una pandemia mundial».
Sin embargo, no estaba describiendo el gobierno de Johnson del que ella formó parte, a pesar del peor historial de Covid de cualquier país de Europa Occidental y de una serie de escándalos, desde contratos concedidos a amigos de los ministros hasta fiestas en Downing Street.
Del mismo modo, el entonces diputado tory Philip Hollobone describió la OMS como «un organismo supranacional fracasado, mega-caro, no elegido, que no rinde cuentas y que está cada vez más bajo la influencia de la élite global». Esta podría ser una buena descripción de un banco multinacional. Antes de ser diputado, Hollobone era banquero de inversiones.
Otros diputados tories y del Partido Unionista Democrático afirmaron repetidamente que la OMS estaba atacando la «soberanía nacional». También lo ha hecho Nigel Farage. Se arrastran los mismos argumentos que durante el debate del Brexit.
Por supuesto, ninguno de ellos menciona las «organizaciones no elegidas, que no rinden cuentas y controladas por una élite global» que dictan las vidas de miles de millones de personas en todo el planeta, así como en el Reino Unido. Las megacorporaciones que controlan la producción de energía y alimentos, las tecnologías de la información y los medios de comunicación, la industria manufacturera, la minería, etc., ejercen una enorme presión sobre los gobiernos de todo el mundo. Estos políticos hablan en su nombre mientras tratan de dividir a la clase trabajadora en líneas nacionales.
Donald Trump pidió en repetidas ocasiones que Estados Unidos se retirara de la OMS cuando fuera presidente, suspendiendo el pago a la misma en 2020 (una medida posteriormente revocada por Joe Biden). Las negociaciones del tratado contra la pandemia provocaron ataques similares por parte de sus partidarios. Fox News tituló una noticia: «Enfermedad X: los críticos dicen que el gobierno de Biden vende la soberanía de EEUU con el tratado de la OMS». (16 de abril de 2024)
Brad Wenstrup, presidente republicano del subcomité selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre la pandemia de Covid, atacó el llamamiento a las empresas para que consideren la posibilidad de compartir información confidencial. El tratado no debe «vulnerar los derechos del pueblo estadounidense ni la propiedad intelectual de Estados Unidos».
El gobierno chino también insistió en que la cooperación que se pide en el tratado debe ser voluntaria y no restringir sus propias decisiones.
Los avances médicos se realizan a menudo con financiación pública, pero no pertenecen al «pueblo». En su lugar, la «propiedad intelectual» es acaparada por las empresas con fines lucrativos. La industria farmacéutica se basa en derechos exclusivos sobre lo que debería ser conocimiento compartido en beneficio de todos.
Los gobiernos de los países más ricos que dominan la economía mundial querían que el nuevo tratado comprometiera a los países más pobres a compartir muestras virales y datos de nuevos brotes lo antes posible. Pero estos mismos gobiernos ricos se negaron a compartir equitativamente kits de pruebas, equipos de protección personal (EPP) y vacunas durante la pandemia de covirus.
Un grupo de gobiernos asiáticos, africanos y latinoamericanos querían que las corporaciones farmacéuticas pagaran por el seguimiento de los nuevos virus. Las empresas se opusieron, alegando que si se negaban a pagar se les podría negar el acceso a estos materiales, algo que sin duda impondrían a sus clientes.
«Había acceso universal a la información, pero no a las vacunas», lo que provocó la “ira de la opinión pública”, afirma Chikwe Ihekweazu, subdirector general de la OMS que dirigió el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Nigeria durante la pandemia. «Creo que ese es el núcleo del déficit de confianza y de los difíciles debates que están teniendo lugar».
Se están creando nuevas capacidades de fabricación de vacunas en Sudáfrica y Ruanda, cada una con una capacidad de unos 50 millones de dosis al año, pero esto no se acerca ni de lejos a las necesidades de 1.400 millones de personas. Una vez producidas, las vacunas necesitan refrigeración mientras se almacenan y distribuyen. La infraestructura para ello no existe en muchas partes del mundo.
Si los preparativos para la pandemia se hubieran tomado en serio, habría habido reservas de EPP en todos los países, así como una red mundial de laboratorios y capacidad de fabricación en estado de alerta, listos para producir pruebas, tratamientos y vacunas en cuanto se identificaran.
Algunos gobiernos estaban mejor preparados, en particular los países del este asiático afectados por el virus del SARS en 2003, pero la mayoría estaban lamentablemente desprevenidos. El Servicio de Laboratorios de Salud Pública británico fue desmantelado por los laboristas de Tony Blair, que privatizaron parte de él junto con Logística del NHS. La austeridad de los tories y los liberales dejó al Reino Unido en una situación especialmente vulnerable.
Propuestas diluidas de la OMS
Durante las negociaciones, el proyecto de tratado de la OMS se diluyó en repetidas ocasiones, debilitando las medidas que los gobiernos deberían adoptar para proteger a la población de todo el mundo. En él se pedía a los países de renta alta que cedieran a la OMS el diez por ciento de sus pruebas, vacunas y tratamientos y que vendieran otro diez por ciento «a precios asequibles» para su distribución a los países más pobres. Esto dejaba un 80% para vender al mejor postor. Pero ni siquiera esto fue suficiente para Big Pharma, las principales empresas farmacéuticas del mundo.
A pesar de todas las buenas palabras y la ausencia de medidas concretas sobre estas cuestiones clave, la redacción final no se acordó en la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud celebrada a finales de mayo. En su lugar, se acordó seguir hablando. Sin embargo, la mayoría de los observadores han llegado a la conclusión de que las conversaciones podrían continuar durante uno o dos años más y seguir sin superar estos puntos conflictivos. Si Trump resulta elegido en noviembre, es aún menos probable que se llegue a acordar un tratado significativo.
Este lamentable resultado confirma que la Organización Mundial de la Salud, al igual que las Naciones Unidas, no puede resolver cuestiones en las que las clases dominantes tienen intereses contrapuestos. Las negociaciones del Tratado sobre la Pandemia fracasaron porque cada equipo negociador tenía que rendir cuentas a sus propios gobiernos y, a su vez, éstos se vieron presionados por las grandes corporaciones para garantizar que no se infringiera su derecho a maximizar los beneficios.
La clase trabajadora y los pobres de todo el mundo tienen intereses diferentes. Nadie está a salvo mientras haya partes del mundo que sigan sin EPI, kits de pruebas, servicios médicos y, una vez identificados, vacunas y tratamientos.
Las medidas socialistas son vitales para invertir en salud pública y en la producción de medicamentos y vacunas para satisfacer las necesidades en lugar de obtener beneficios. Esto requiere la propiedad pública de las industrias farmacéutica y de suministros médicos y su planificación democrática a escala internacional.
Al igual que el socialismo es imposible en un solo país, la salud siempre estará en peligro ante futuras pandemias hasta que los movimientos obreros de todo el mundo adopten estas medidas.
