(Imagen: Inundaciones en Catarroja, provincia de Valencia. Creative commons)
Eloi Picrín, España.
Son días de luto inconsolable y de justa ira en València. Acompañados de gritos de «asesino», los reyes de España fueron atacados con barro cuando visitaron la zona y, en el mismo viaje, el presidente del Gobierno huyó al ser confrontado.
Esta «comunidad autónoma» (más o menos equivalente a un país descentralizado en el Reino Unido) ha sido víctima de un aguacero torrencial nunca visto en esta generación. En algunos lugares cayeron casi 491 litros de agua por metro cuadrado en sólo 8 horas. La lluvia de todo un año cayó en horas. El resultado han sido escenas devastadoras, con coches y escombros amontonados en las calles inundadas, vecinos obligados a saquear supermercados locales en ruinas en busca de comida, y equipos de emergencia desbordados trabajando horas extras para salvar el mayor número de vidas posible. El gobierno del Estado español ha declarado las zonas afectadas «zonas catastróficas».
Aunque las catástrofes naturales son hasta cierto punto inevitables, hay múltiples factores de origen humano que han hecho que esta «gota fría» (nombre común utilizado en el sur de Europa para las fuertes lluvias esporádicas de otoño típicas de su clima) sea devastadora. A mayor escala, los científicos temen que la intensidad de este aguacero sea el resultado de cambios en los patrones climáticos debidos al cambio climático global. En este caso, se sabe que el aumento de la temperatura del aire y del mar produce climas en los que las lluvias son más intensas y concentradas.
Si el cambio climático sigue sin abordarse, cabe esperar que se produzcan más fenómenos climáticos extremos que provoquen la pérdida de vidas humanas y la posible inhabitabilidad de determinadas zonas del planeta. Esta tragedia pone en el punto de mira las nefastas consecuencias si no se ponen en marcha medidas significativas para contrarrestar la contaminación y los daños medioambientales. Sin embargo, dado que estas medidas resultarían inconvenientes para la optimización de los beneficios por parte de la clase capitalista dominante, es poco probable que, incluso con la pérdida de vidas de la clase trabajadora por las consecuencias del cambio climático, los patrones permitan que se apliquen las medidas necesarias.
En esta catástrofe en particular, la incompetencia y el desprecio del gobierno conservador regional del Partido Popular (PP) también han contribuido a empeorarla. Se preguntan por qué en los últimos grandes aguaceros comparables de «gota fría» en la región, en 1982 y 1987, murieron 40 y 2 personas respectivamente, mientras que en la actualidad se han confirmado más de 200 muertes.
El Gobierno regional presidido por Carlos Mazón tiene mucho que responder sobre cómo ha gestionado esta catástrofe: ha pedido a los voluntarios que vuelvan a casa a pesar de que los trabajadores profesionales de emergencias están desbordados (mientras que el Gobierno español también rechazó la ayuda ofrecida de 200 bomberos franceses), muchos pueblos aún no han recibido la visita de unidades de apoyo con alimentos y agua, los escombros siguen bloqueando los servicios de emergencia, y al Secretario regional de Emergencias y Seguridad no se le vio por ninguna parte ese día ni física ni mediáticamente.
Lo peor de todo es que fue el Gobierno de Mazón el que cerró la Unidad Valenciana de Emergencias en 2023 por ser un «gasto superfluo». Está claro que al gobierno del PP no le importan un pepino los valencianos de a pie, y muchos empiezan a darse cuenta de que hay que acabar con ellos.
