En lugar de interpretar a la gran mayoría ciudadana que se rebeló frente al “modelo chileno” en octubre de 2019; los partidos de izquierda han terminado subordinándose, de una u otra forma, al fraudulento diseño de “proceso constituyente” (que estableció el antidemocrático quórum de dos tercios) acordado maquiavélicamente por las virtuales dos derechas el 15 de noviembre de 2019, y ratificado por una reforma constitucional en diciembre de ese año.
Felipe Portales
Este es un diseño naturalmente destinado a preservar lo más posible el modelo impuesto por la dictadura, y legitimado y consolidado por ambas derechas durante 30 años.
Muchos podrán preguntarse por qué la derecha concertacionista requiere regalarle a la derecha tradicional el poder de veto del tercio para la futura Convención, cuando sería más “legítimo” que ambas utilizaran conjuntamente una impecable mayoría. Precisamente, porque con ello develaría completamente el liderazgo de la ex Concertación su “convergencia” con la derecha tradicional, proceso crudamente reconocido en 1997 por su máximo ideólogo: Edgardo Boeninger (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello), pero, como el mismo Boeninger lo señaló, “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369), ya que con ello perdería la plausible mantención (¡todavía para muchos!) de proclamarse como de “centro-izquierda”. En cambio, con el virtual poder de veto de la derecha tradicional, la ex Concertación podrá decir que, continuando siendo de centro-izquierda, se vió “obligada” a consensuar con ella una “nueva” Constitución, como lo hizo desde 1989 -respecto de las leyes futuras- con el regalo de la mayoría parlamentaria a la derecha, en virtud del acuerdo de cambiar los quórums originales requeridos para aprobar la legislación ordinaria, acuerdo cristalizado con la Reforma Constitucional de ese año. Y como lo hizo en 2005 con la actual Constitución. Aunque, en rigor, en ese minuto Ricardo Lagos (que la suscribió en conjunto con todos sus ex ministros) no disimuló algún obligado consenso con la “derecha”, y exultantemente proclamó LA ACTUAL CONSTITUCIÓN, como una “Constitución democrática que ya no divide a los chilenos”.
Volviendo al tema central del artículo, podemos constatar que -en efecto- ya el 15 de noviembre de 2019, dos de los partidos más importantes del Frente Amplio (que en ese entonces “reconocía domicilio” en la izquierda), Revolución Democrática y Convergencia Social, ¡se sumaron explícitamente a dicho acuerdo!, provocando, entre otras cosas, la división del Frente. Y los demás partidos de la coalición, junto con el PC, fueron muy débiles en el cuestionamiento del antidemocrático quórum. Tan débiles que, a poco andar, se olvidaron completamente de aquel y se integraron plenamente a la campaña plebiscitaria sin ningún cuestionamiento.
Pareció en un momento que varios partidos de izquierda comenzaron a tomar en serio el carácter antidemocrático de la “Convención Constitucional” (que se establecerá en virtud de los resultados del plebiscito del 25 de octubre) cuando a mediados de noviembre varias diputadas de dichos partidos -encabezadas por Camila Vallejo- presentaron un proyecto de reforma constitucional para que dicha convención se rigiera democráticamente por la mayoría de sus miembros. Sin embargo, ante el “portazo” que previsiblemente le dieron las dos derechas, se desentendieron nuevamente del tema quedando aquel proyecto como un “saludo a la bandera”. Evidentemente que a esto ayudó el hecho de que el PC y otras fuerzas políticas formaran un pacto político para la Convención que incluyó a los dos partidos que se habían subordinado explícitamente a las dos derechas el 15 de noviembre de 2019: Revolución Democrática y Convergencia Social. Incluso, con ocasión de la presentación de aquel proyecto, la presidenta de RD, Catalina Pérez, lo cuestionó, reafirmando su compromiso de 2019.
El hecho es que los principales partidos de izquierda han reafirmado su participación en las elecciones para la Convención Constitucional sin cuestionar su carácter antidemocrático. Su preferencia por el quórum mayoritario es de tal naturaleza que no lo consideran esencial para definir como democrática o no democrática la Convención. Por tanto, para todos los efectos prácticos, están considerando legítima la Convención a elegirse en abril, con todas sus reglas pre-establecidas, incluyendo su quórum.
Obviamente, si hubiesen considerado antidemocrático el quórum de los dos tercios, los partidos que así lo considerasen, o no hubiesen participado de las elecciones; o lo hubiesen hecho con el objetivo explícito de alcanzar el tercio de convencionales necesario para frustrar una “nueva” Constitución. Ya que ésta necesariamente será el resultado del consenso de las dos derechas, tal como se forjó en 2005 la actual Constitución. Y de no obtener el tercio –obtención que sería difícil dada la gigantesca disparidad de recursos financieros y medios de comunicación- procederían de todas formas a retirarse de la Convención si esta no modificara sus reglas antidemocráticas impuestas por el acuerdo del 15 de noviembre.
Por si algún poco listo (¡o que quiera pasarse de listo!) tratase de objetar la eventual recurrencia al tercio de los convencionales por parte de la izquierda como antidemocrático, habría que explicarle que tiene el significado contrario. Que no sería el uso de un tercio para vetar la aprobación de una Constitución democrática; sino que sería el uso de un tercio para impedir que una nueva Constitución pueda ser aprobada por un mecanismo antidemocrático.
En definitiva, de preservar el comportamiento actual, los principales partidos de la izquierda chilena estarán penosamente reconociendo la legitimidad del fraudulento “proceso constituyente” impuesto por las dos derechas…
