Pablo Pulgar Moya
Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.
Escribir una columna así es siempre intrincado, por eso debemos formular algunos supuestos a fin de aclarar de forma general el panorama político en el cual se encuentra Venezuela– Se ha de reconocer, primero, la constante desinformación mediática que cierna sobre lo que sucede en Venezuela. El amplio espectro de la prensa (El Mercurio acá, entre otros, CNN, NYT, El Mundo, El País, etc.) sigue creando, ahora en contexto de elecciones, un clima propicio para una desestabilización económica general del país caribeño. No es algo nuevo el desvelamiento de intereses coordinados a fin de centrar el eje acusatorio sobre el gobierno de Venezuela desde los reiterados reparos de la administración de Rajoy, pasando ya por las propuestas sanciones de Macri y Luis Almagro – en su rol de secretario general de la OEA, las reiteradas peroratas de Trump y Pence, y últimamente las descalificaciones del Grupo de Lima. Hay que reconocer, segundo, el recrudecimiento del conflicto político en Venezuela se debe a la amalgama de factores exógenos y endógenos que ponen en jaque no solo la gobernabilidad del país que está ad portas de provocar un colapso del proyecto político bolivariano y, en este punto, se debe identificar qué errores en el proceso productivo son resarcibles desde la izquierda y cuáles factores externos. En este contexto, tercero, no se ha de minimizar la amenaza de una intervención imperialista por parte de Estados Unidos en el país, por lo tanto, toda crítica que se pueda elevar desde la izquierda tiene que rediseñar objetivos y prioridades. Junto a este último punto se debe mencionar la estrategia golpista de la derecha venezolana, la cual ha encontrado en la prensa y la derecha internacional un aliado confiable. Fuerzas contrarrevolucionarias, mayoría partidarios de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), han emprendido numerosas campañas golpistas y han sido presentados por el resto de la prensa como “demócratas”. Por último, cuarto, todo este contexto parece ideal para el come-back triunfante del neoliberalismo en la región, por lo que un análisis de las políticas económicas será crucial.
El desconocer una campaña completamente mediática para desvirtuar la crisis de Estado en una mera crisis gubernamental cae en el reconocimiento inconsciente de la hegemonía comunicacional de los medios masivos. La cantidad de datos cruzados y omitidos, fake news, carencia de probidad informativa y desconocimiento ha desencadenado una cyberguerra que busca impactar en la percepción general sobre movimientos sociales, crisis y viabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Maduro. Tal es el caso, que ha llevado a dirigentes de la izquierda latinoamericana, algunos de ellos locales, a quitar todo piso de apoyo a Venezuela. Una crisis general, sin embargo, no es un fake new y se hace menester un análisis crítico en el ámbito de la comprensión de su economía política. La situación de escasez de productos básicos, enmarcada, por supuesto, en un boicot generalizado tanto por parte de productores internos (como el de Café Anzoategui), como por el empresariado internacional es por completo real. El problemático rentismo petrolero de Venezuela, por supuesto, no es algo que se haya inventado en este gobierno, ni siquiera en el anterior. Los réditos de esta política que lograron financiar reformas radicales para las capas más desfavorecidas se forjaron en las medianías de los años ’50 obligando el desplazamiento en masa a las ciudades desde sectores rurales. Sin embargo, ahora es cuando la extrema dependencia al rentismo deja agonizante a todo el modelo distributivo del país.
La crítica a la monodependencia económica fue uno de los reparos que ya se venía haciendo desde hace tiempo y, en muchas ocasiones, desde la izquierda se ha formulado la necesidad de una transformación al modelo económico. Más por inoperancia que por desdén, las reformas agrarias (p. ej. La ley de Tierras del 2001) no han fungido como han sido formuladas de forma original, la pobre asistencia técnica y crediticia en el proceso de entrega de tierras ha hecho de este gasto un foco rico para la malversación de fondos; sumado a esto el asesinato de líderes campesinos independientes y asociados a la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora (CANEZ) por parte de los latifundistas ha convertido a la Reforma Agraria en un proyecto no solo de difícil aplicación, sino, en muchos puntos, inviable. La forma de capitalismo rentista ha mejorado en repartición de recursos, pero no en diversificación productiva ni en la generación de empleos. La falta de potenciación de las fuerzas productivas junto a una miserable política cambiaria e inflacionaria ha traído, como consecuencia, entre otros, una sobreevaluación estructural del signo monetario incentivando el alza desmedida de precios (en abril cerró con un 17,968% de inflación). En este panorama, el hundimiento drástico del precio del crudo en 2014 ha provocado una debacle económica que, si bien enmarcada en un concierto internacional, no por ello menos previsible. Así si Venezuela percibía US$ 40.000 millones en 2014 en exportaciones de crudo, en 2015 no llegaba US$12.000. Conscientes que el precio del petróleo se encontraba en un boom, poco hubo en inversión para diversificación productiva y sí mucho de aumento de deuda externa soberana.
La monodependencia económica a los hidrocarburos no es un tema nuevo que se venga a revelar en esta columna. Los problemas de ella se advertían ya desde los principios de la época de Chávez, quien, sin embargo, llevó a cabo diversas medidas para prevenir sus efectos. Sin embargo, las medidas paliativas terminaron ahondando aún más el modelo económico que incluso vio aumentar la dependencia desde el 2010 de un 92% a un 97% degradando así el sistema industrial y agrícola. La marcada fuga de capitales, además del China effect sobre toda la economía latinoamericana, ha preparado un caldo de cultivo para la desestabilización política del país, sumando a ello el aislamiento económico impulsado por el gobierno estadounidense. Maduro gestiona la crisis recurriendo a estrategias de reestructuración económica desde el año 2014, como la alianza del mercado municipal con el sector privado, CLAP ampliados (1), etc., debilitando con ello además el ya pobre diálogo entre las clases más desfavorecidas y los gobernantes y llevando la crisis a un epílogo archiconocido, a la metodología monetarista en crisis de hiperinflación. Nuestro propio Plan Marshall caribeño. La necesidad imperiosa de captación de rentas, al calor de la caída en picada de las reservas internacionales, ha llevado a una flexibilización económica y ampliación de zonas de extracción, invitando a empresas a participar como accionistas y financistas, liquidando bonos de empresas estatales (2), otorgando tasas de cambio preferenciales a petroleras en inversiones en la nueva Franja Petrolífera del Orinoco (FPO), entre otras medidas de desconfiguración de lo que hemos visto hasta el momento de la “Revolución bolivariana”. Estamos, en este escenario desregulado, ante una tendencia a la ratificación de una “capitalización” de la economía en Venezuela, o dicho sin tapujos, a una liberalización del proyecto posneoliberal sudamericano, donde la crisis se caracteriza por la voluminosa transferencia de renta petrolera hacia el sector importador. La fuga de moneda, en este caso, circulante en Venezuela es pieza importante pero no decidora en el desfalco nacional, pues el manejo de la crisis antiinflacionaria ha sido todo lo contrario a una medida económica de desarrollo de fuerzas productivas, adoptando una irracional política crediticia de coyuntura. Los “ofertones“ tributarios, créditos al sector privado y el tipo de cambio estructural a centenares de instituciones financieras deficientes marcarán el 2018 . La composición fraudulenta de la política económica venezolana difiere de cualquier medida que pueda ser llamada marxista, socialista o, incluso desarrollista. Lamentablemente, los efectos de todo esto se constituyen en un argumento para la reacción desde los sectores de derecha, traducidos en paros patronales, castigo económico regional.
En este contexto, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente (ACN) en Venezuela se proyectó no sólo como una salida para liberar de obstáculos burocráticos a procesos no solo político-eleccionarios, sino netamente económicos, los cuales permitirían la inyección creciente de capital chino y adopción de una apuesta heterodoxa, reemplazando el proceso – ya mermado por la inoperancia de ciertos dirigentes del aparato del PSUV. Sin embargo, rápidamente los mismos dirigentes acusados de inoperancia fueron tomando un rol cada vez más activo en la conformación de esta ACN desvirtuándola de su intención inicial. Por su parte, el gobierno de Maduro se ha tendido a la búsqueda de una alianza con sectores de la burguesía nacional (como las patronales Fedecámaras y Conindustria) a fin de descomprimir las protestas otorgando concesiones estratégicas y cediendo a exigencias financieras. Con la rectificación y apoyo por parte de los votantes a la ANC creció la figura del discutidísimo Diosdado Cabello, representante del brazo armado del país y el discutidísimo segundo hombre más poderoso en Venezuela. Nicolás Maduro es consciente de la resistencia dentro del chavismo más crítico que supone la figura militarista y vinculada a la corrupción de Cabello, pero a su vez, Maduro es consciente de la necesidad de mantener una relación sana con las Fuerzas Armadas representadas por Cabello, a través de medidas de rescate. Esta alianza entre ambos les otorga músculo político para así iniciar un proceso de re-liberalización institucional, un consenso normativo de desestructuración. La ACN se ha transformado así en un la bisagra que que une a Maduro y Cabello, los cuales aún corren en un mismo carril político, para mantener una “mixtificación“ de las políticas económicas venezolanas que transita rápidamente de la adopción de medida keynesianas a un neoliberalismo institucional.
Formular una posición desde una izquierda crítica frente a la política económica venezolana no es una tarea de todo fácil, pues, como advertimos al principio de esta columna, existen numerosos focos que pueden ser objetos de crítica, desde la proximidad a otro corralito heterodoxo, a causa de la falta de liquidez en el país, hasta el continuado desabastecimiento localizado (centrado, casi de Perogrullo, en los sectores más pobres). Pero una crítica es más que necesaria, pues viene a confirmar la tesis que la posición posneoliberal venezolana recae, a través de una rauda financiarización, en una remercantilización de la economía, consolidando, como afirma Pablo Dávalos, una vuelta de la violencia neoliberal. La continuación de una inconexa política centralizada de la distribución por parte del Estado y la poca capacidad para ejercer control sobre el proceso productivo ha facilitado el acaparamiento y boicot por parte del empresariado, el deterioro de términos de intercambio y la asfixia financiera generando así un caso peculiar de aumento irracional de sobreexplotación. El gobierno, para así congraciarse con la burguesía local no solo ha pasado por alto la ofertas de sindicales para el control obrero de industrias, sino que las ha acusado de complot con el MUD, desechando una válvula de escape que pondría una piedra de tope a la desnacionalización.
La caída política de Venezuela representa un fracaso general a la ya retaguardista izquierda latinoamericana, un golpe aún más grande a lo ocurrido en Argentina con la elección de Macri. La apuesta posneoliberal de Venezuela, hoy por hoy, es el último gran pilar que resiste la oleada globalizante en América Latina, aún considerando la fraudulenta catástrofe política-económica. El gobierno de Maduro está abocado en demostrar al empresariado que ellos son más capaces que la MUD de manejar la crisis, desmantelando con ello conquistas sociales logradas en el anterior gobierno de Chávez. Sin embargo, la tarea de defensa crítica de Venezuela no se debe centrar en la mera defensa al gobierno ni, por ningún motivo, de su política económica, sino de la defensa de una posición de los trabajadores venezolanos, de su clase obrera y de sus sindicatos. En un escenario donde el imperialismo estadounidense amenaza directamente la soberanía venezolana, a la cual la MUD ha rendido pleitesía, no debemos perdernos y defender unitariamente los intereses nacionales a fin de impedir una intervención militar extranjera dentro del país.
En este sentido, las críticas que se puedan esbozar desde la izquierda tienen que ser certeras en el desastroso modo productivo y acumulativo de capital, pero no pueden caer en el simplismo propuesto por la oposición venezolana, sino priorizando la no-intervención y la resistencia a la neoliberalización del país. La agenda política de Maduro, si bien coquetea con el corporativismo, conserva aún mucho del cooperativismo que era base popular del gobierno de Chávez. Este último elemento es crucial para construir un programa que no acceda a retrocesos de las condiciones laborales haciéndose necesaria una política que haga frente a las tratativas contrarrevolucionarias. La ANC, más allá de los pruritos legales, debe ir en un sentido de conseguir logros de acceso al poder popular, de incentivo a las asambleas y consejos comunales, para ello es imprescindible –bajo una óptica marxiana– la nacionalización de la banca, la tierra y de las principales empresas. Políticas de este tipo permitirán construir una gestión más cercana a políticas asamblearias de trabajadores propuestas en su momento por Chávez, quien con la redistribución de las ganancias de la venta de commodities hacia el gasto social construyó lo más parecido a relaciones sociales de producción en el país. El espíritu social redistributivo del socialismo del s. XXI propuesto por Chávez reflejado en las misiones, pero falto de una política de construcción de fuerzas productivas, se ha resignificado con Maduro en una mixtificación económica. La pregunta que deja abierta esta columna sobre Venezuela es la de en qué dirección deben orientarse las políticas económica-políticas y cuáles serán los factores endógenos de los proyectos anticapitalistas, sean socialistas o posneoliberales, tomando en cuenta los factores exógenos de presión y extorsión de la hegemonía del capital. Podemos acá esbozar que el enfrentamiento a la crisis del capital debe ser a partir de polos populares, los cuales, en este escenario, tienen como primera necesidad instalarse dentro de contextos anti-imperialistas. Una intervención militar de los EEUU en Venezuela sería la llave de paso para una desestabilización regional, incluso alcanzando ribetes como los de la archiconocida Operación Cóndor. Políticamente, la unidad de la izquierda, de la clase trabajadora y asambleas será trascendental para condenar el aislacionismo económico y el intervencionismo armado y así hacer frente a este contexto político de emergencia, el cual desde hace mucho tiempo dejó de ser sólo nacional.
NOTAS:
1) Nuevo sistema de distribución de alimentos.
2) Especialmente conflictivo es el hecho que el grupo Goldman Sachs se convirtió en comprador de bonos sin garantía de activos de PDVSA por US$2,800 millones, de los cuales solo pagó US$865 millones, es decir, con un increíble 69% de descuento.
