Andrés Figueroa Cornejo / Resumen Latinoamericano / 26 de marzo de 2020
Este 26 de marzo, el régimen de Piñera y su administración temporaria del Estado capitalista chileno, mediante un dictamen de la Dirección del Trabajo permite ahora que los empleadores puedan no cancelar los salarios de las y los trabajadores que no puedan asistir al lugar de sus labores por razones de la cuarentena epidémica, toque de queda o fuerza mayor
La resolución de una entidad pretendidamente ‘protectora del trabajo’, busca legalizar por secretaría las relaciones de fuerza asimétricas existentes entre capital y trabajo, favoreciendo brutalmente a los empresarios.
El dictamen quiere decir que si una empleada o empleado no pueden llegar a su lugar de trabajo debido a la propia cuarentena decidida por el gobierno, porque no hay disponibilidad de transporte colectivo u otra razón de fuerza mayor, no percibirá su remuneración.
La crítica de base humanista y en el contexto de una pandemia mundial, es obvia. Sin salario, vence el hambre incluso más que el COVID-19. La legalidad de la norma, en tanto, ha sido cuestionada por dirigentes sindicales debido a que existen precedentes, como la catástrofe producida por el tsunami de 2010, donde, a causa de su excepcionalidad y carácter involuntario, primó el Código Laboral sobre el Código Civil, y no hubo recorte de sueldos. Sin embargo, ahora el régimen pretende imponer articulados provenientes del Código Civil y no del Laboral.
Ya días antes, a través de medidas monetarias, como la baja del precio del peso a un uno por ciento de interés por parte del Banco Central, el gobierno controlado desde Washington, ofreció liquidez y salvó la tasa de ganancias de la Banca y de los grandes grupos económicos. Asimismo, la venta barata de créditos para los grandes capitalistas está a la orden del día, mientras que las mini, pequeñas y medianas empresas tienen enormes dificultades para acceder a préstamos.
En Chile la fuerza de trabajo en relación de dependencia es de alrededor de un 70 por ciento y se concentra en la Pymes. De la totalidad de las y los trabajadores del país, más de un 30 por ciento hacen parte del llamado sector informal o autónomo, sin ningún derecho social ni laboral garantizado, según las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y el Banco Central.
El dictamen de la Dirección del Trabajo transparente aún con más nitidez el carácter antipopular de la administración de turno. Sectores de la oposición institucional, como del mundo del trabajo organizado, ya han anunciado iniciativas legales contra el dictamen.
Por parte de las y los trabajadores, a la crisis en curso que creó las condiciones del 18 O y se intensificó aceleradamente con la pandemia, se ha multiplicado la incertidumbre con el dictamen. Nadie asegura que de los sueldos impagos, los empresarios vayan por los despidos (que ya están ocurriendo), y luego de la pandemia los empleados no recobren sus plazas.
Sólo la acción conjunta, unitaria, decidida del pueblo trabajador y las fuerzas sociales existentes pueden poner coto a la sucesión de abusos impunes en los que ha incurrido la administración del capitalismo de vanguardia chileno, que hasta ha privatizado el agua.
