Por Celso Calfullan.
Socialismo Revolucionario, CIT en Chile.
La masiva movilización del lunes 18 de octubre nos demostró que la lucha contra la dictadura de la derecha capitalista y neoliberal sigue más vigente que nunca. Cientos de miles de personas salieron nuevamente a las calles el lunes 18 de octubre de 2021.
Este lunes se cumplieron dos años de la rebelión social del 18 de octubre de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles a protestar contra los abusos de los empresarios y la élite de este país, un abuso que ha sido permanente desde la dictadura impuesta a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973 y que luego se ha mantenido durante los últimos 30 años de supuestos gobiernos democráticos en los que se ha mantenido y continuado toda la herencia de la dictadura.
Una de las manifestaciones más masivas fue la de Santiago, pero también hubo varias decenas de manifestaciones en muchas otras ciudades de Chile, que también fueron bastante masivas.
No podemos olvidar que el 18 de octubre de 2019 marca el fin de un período y abrió un proceso revolucionario. El levantamiento social se produjo como consecuencia de la enorme explotación que sufren los trabajadores de este país y la falta de derechos sociales negados a la clase trabajadora en salud, educación, vivienda, pensiones y otros.
El gobierno denuncia la violencia, los saqueos y los robos, tratando de desviar la atención del tema principal y que es explicar por qué miles y miles de trabajadores, jóvenes, mujeres salen a la calle a manifestarse contra los abusos de la élite de este país y como siempre la única respuesta es el enorme y brutal despliegue de represión contra los manifestantes. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. No son delincuentes como el gobierno de la derecha quiere hacernos creer. ¡Y qué decir del Presidente que está mezclado en una serie de acusaciones de corrupción y vínculos con delincuentes!
No podemos olvidar que la derecha que hoy gobierna fue parte de una dictadura absolutamente criminal, que torturó y asesinó a miles de trabajadores en Chile. Miles de militares y civiles, que torturaron y asesinaron, están protegidos y son inmunes a los juicios. Hoy siguen siendo inmunes a la persecución, a pesar de las mutilaciones, asesinatos y robos que llevaron a cabo.
Tampoco podemos olvidar que este mismo gobierno, encabezado por Sebastián Piñera, mantiene a decenas de jóvenes presos políticos en la cárcel desde octubre de 2019, sin cargos y sin juicios que justifiquen su encarcelamiento. Al mismo tiempo, los violadores de los derechos humanos durante la rebelión popular, principalmente miembros de las fuerzas policiales, siguen completamente impunes dos años después de que se produjeran estas violaciones.
Mientras el pueblo lucha por mejores condiciones de vida, el presidente, en cambio, sigue haciendo negocios para aumentar su enorme fortuna y la de su familia, aprovechando la posición que hoy ocupa. Así lo ha demostrado el caso de Minera Dominga que fue revelado en la reciente publicación de los “Papeles de Pandora”.
La derecha, como se ha demostrado una vez más, sólo sabe robar, torturar y asesinar y sólo está dispuesta a respetar la “democracia” mientras sirva a sus intereses. El pueblo, en cambio, sigue luchando de mil maneras y no tiene otra opción que rebelarse contra las injusticias, porque está cansado de aceptar la opresión. La rebelión popular se convirtió en la única alternativa.
Las manifestaciones del lunes tuvieron que enfrentar el Estado de Excepción que el gobierno decretó el martes 12 de octubre. Este abarca tanto las provincias del Biobío como la Araucanía, es decir, una parte de la octava y novena región. En concreto, esto significa que hoy los territorios mapuches están ocupados por los militares.
Ante todos los abusos de este gobierno, exigimos la inmediata renuncia de Sebastián Piñera y del gobierno no sólo por la corrupción en la que está involucrado, sino también por todas las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato.
Es en las calles y en las comunidades donde comienza a surgir una posible alternativa de gobierno de nuevo tipo. Una alternativa que realmente pueda servir a la clase trabajadora. Esto se refleja en las organizaciones, en los barrios pobres y otros donde han comenzado a surgir asambleas territoriales, comunales y regionales. Estas organizaciones de lucha y movilización desde las bases son las responsables de las grandes manifestaciones de los últimos dos años que se han dado en todo el país.
Es necesario fortalecerlas y formarlas con delegados elegidos y vincularlas a nivel de distrito, de ciudad, regional y nacional y con la participación de los sindicatos y trabajadores de los centros de trabajo.
Ha llegado el momento de acabar con el actual sistema de injusticias y privilegios para una minoría de la población que defiende el capitalismo. Hay que construir una sociedad más justa y solidaria, pensada para la mayoría, es decir, una sociedad socialista democrática y un gobierno de los trabajadores. Para ello hay que dar los pasos necesarios para empezar a construir una voz política para la clase trabajadora en un partido con un programa socialista. Esto puede empezar a surgir de las organizaciones sociales que hoy existen en la mayoría de las comunidades pobres de este país.
