La agudización de la crisis socioeconómica y medioambiental global hará que la deuda externa se vuelva una enfermedad terminal incurable y una manifestación del modo de producción capitalista y su innegable crisis.
Lanueve.Info
Por Sole SF
Situación Mundial y local
Partimos un 2022 con altas expectativas de iniciar una etapa de cambios profundos, antesala de un proceso de crisis y estallido social, que posteriormente fue coronado con una población votando en una confusa mayoría carente de una expresión de clase clara –masa impulsada por el temor de la llegada de una derecha fascistoide- y que depositó de esta manera los sueños de cambios en un nuevo gobierno centro izquierda, pero con una persistente cercanía a bloques neoliberales de la Nueva Mayoría y ex Concertación; y en una Convención Constitucional que entregó la soberanía popular votando a favor de la mantención de quórums (2/3) y que rechazó la participación popular vinculante.
No obstante, hay elementos que podrían tirar por tierra las esperanzas de “cambiarlo todo” y obligarnos a poner los pies sobre la tierra con el crudo recordatorio de que el designio de la economía latinoamericana está lejos de ser independiente respecto de la crisis constante del capital mundial y del endeudamiento. Ambos elementos confluyen en una bola de nieve de efecto acumulativo producto de décadas de políticas de ajustes recesivos que la banca ha perpetrado amparada bajo la sombra del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para iniciar este breve análisis, revisaremos la situación actual mundial en cifras de la deuda y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB); revisión que saca a la luz una clara evidencia del efecto negativo de periodos pasajeros de bajas tasas de interés que facilitaron el crédito a gobiernos, empresas e individuos; resultando un endeudamiento global del 322% del PIB al 2020, e impactando las proyecciones de crecimiento mundial con una disminución de 5,9% en 2021 a un 4,4% en 2022; cifras que en mayor medida son resultado del recorte de las proyecciones de crecimiento en las dos economías más influyentes del último tiempo.
Tenemos a EEUU que arrastra una deuda equivalente a un 14,9% del PIB, debido al aumento del gasto fiscal y la suspensión del techo de deuda de la FED para no caer en cesación de pagos –como Seguro Social, Medicare e intereses de deuda fiscal- y una deuda corporativa equivalente a USD$ 2,77 billones al cierre del 2021. Y a su vez China, con una deuda equivalente al 310% de su PIB, debido al incremento de deuda de empresas no financieras –entre ellas, la crisis del sector inmobiliario con el caso Evergrande-.
Por otra parte, la Eurozona experimentó en 2020 un crecimiento de deuda equivalente a un 97,8% del PIB, llegando a mediados del 2021 a un 100,5% PIB a pesar de las medidas de control financiero post covid-19 y re-apertura económica; además, arrastrando una inflación anual de un 4,1% en octubre 2021 a un 5,1% a enero 2022, como reflejo los fuertes efectos de base de la especulación de los precios de la energía y las interrupciones de las cadenas de suministro.
En el plano latinoamericano, la CEPAL en su informe de cierre 2021, reconoce que en toda la región -sin excepciones-, la situación fiscal se deterioró y el nivel de endeudamiento de los gobiernos aumentó, con incrementos de un 68,9% a un 79,3% del PIB, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene la mayor relación de deuda externa en relación con exportaciones de bienes y servicios (57%).
Con respecto a nuestro vecino Argentina, en 2018 el FMI le concedió durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-19), un crédito por USD$ 57.000 millones en medio de una aguda crisis monetaria, del cual se recibió USD$ 44.000 millones y que posteriormente el gobierno renunció a los tramos pendientes a pago en diciembre de 2019 y ya en 2020, tras reestructurar unos USD$ 66.000 millones de deuda con acreedores privados internacionales, el gobierno comenzó negociaciones con el FMI para reemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por un acuerdo de facilidades extendidas que prorrogaran plazos de pago. No obstante, la deuda bruta que acumuló llegó a un 82,2% del PIB según datos oficiales de 2021 y su pago implicaría graves recortes sociales y retroceso de crecimiento, entre otros efectos negativos.
Con respecto a Chile -según datos del BC-, las obligaciones con el exterior llegaron a USD$ 233.155 millones al cierre de noviembre de 2021, equivalente a un 81,3% del PIB, una cifra no vista desde 1991 y derivada principalmente de operaciones de Gobierno y Empresas no financieras.
Este repaso de cifras nos presenta una visión material de la grave situación financiera actual. No obstante, para entender el porqué de esta deuda debemos realizar un análisis histórico para dilucidar el origen del problema y un horizonte de solución, concentrándose este análisis en el desarrollo de la deuda en Latinoamérica.
Origen, desarrollo y consecuencias de la deuda externa Latinoamericana
Primero que nada, se debe separar el contexto de deuda externa de los países desarrollados a la de países de la periferia del capitalismo. Por ejemplo, la deuda externa de EEUU responde en mayoría a su propia política monetaria expansiva y financiera mundial; además del privilegio que tienen de no depender de una moneda extranjera para reembolsar deudas, sino de convertir al dólar en un activo mundial y emitir crédito sobre sí mismo, presionando así a otros países a retener divisas norteamericana en sus reservas.
En Latinoamérica, el desarrollo de la deuda es diferente y tiene su origen en la incorporación de América al proceso de acumulación primitiva del capital (Siglo XVI); donde una incipiente deuda se saldó contra la expatriación de riquezas en manos de colonizadores españoles y portugueses; representando el “pago” inicial con que las futuras naciones latinoamericanas contribuyeron a levantar el mundo capitalista contemporáneo. Posterior a la colonia, y a medida que los países se “independizaron”, nuevamente la extorsión usuaria del capital principalmente de origen inglés apareció para financiar el proceso de independencia. Cabe mencionar que el primer empréstito de Chile fue solicitado por Bernardo O’Higgins en 1822 y las dificultades para pagarlo afectaron incluso hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente se regularizaron los flujos de pagos y se obtuvieron nuevos préstamos para financiar el ferrocarril, obras públicas y la guerra contra España. Pero no es sino hasta el inicio de la decadencia del salitre, que acontece un periodo de crisis económica mundial que causó una cesación de pagos y aumento de deuda; fase comprendida entre la “Gran Guerra” del 14, la quiebra de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial.
Ya en la etapa de post-guerra la deuda externa pasa a ser controlada por instituciones creadas para la recuperación económica mundial: el Fondo Monetario Internacional (FMI) fundado en 1945 por la ONU en base a los acuerdos de Bretton Woods y el Banco Mundial (BC) creado en 1944. Posteriormente, a partir de los años 60 y 70 ocurre nuevamente un “gran ciclo de endeudamiento” debido al auge del capital financiero a partir de la ruptura del patrón oro (Acuerdos de Bretton Woods) de la convertibilidad del dólar y el uso desmedido de emisiones de papel moneda para solventar los enormes déficits fiscales posguerra de Vietnam, sumando además, la crisis del petróleo (1974) que generaron fuertes flujos inflacionarios a nivel global y que las grandes potencias “controlaron” aplicando políticas monetarias con tasas de interés artificialmente altas (políticas de ajuste recesivo); trasladando los efectos del desajuste monetario del “centro” a la “periferia”, impactando a los países altamente endeudados incrementando más su deuda -llegando a niveles técnicamente impagables-.
Posteriormente siguieron otros ciclos de incremento de deuda, como el derrumbe de la Bolsa de NY en 1987, la crisis del sudeste asiático a principios de los 90 hasta el 2000, el crack financiero de 2007-2008 (Crisis Sub Prime), la recesión de 2009-2012 y la crisis energética-medioambiental e impacto de pandemias en los últimos años. En este punto, la hegemonía del capital financiero influyó en el desvío de la inversión de la “producción” a las “colocaciones” como resultado de la sobreoferta de créditos que buscaban dar salida a la sobre-acumulación de capital y mantener la tasa de ganancia de los grandes capitalistas. Cabe señalar que según la definición del capital financiero, este representa la forma pura de expropiación del capital sin su correspondiente modo de producción y con la aparición de los “cartels” y “trusts” (oligopolios que fijan precios, producción y controlan el mercado) el capital financiero llega a su más alto grado de poder.
Podemos concluir entonces que en Latinoamérica, evidenciamos un saqueo colonial histórico actualmente disfrazado de “eufemismo de deuda externa” y que a partir de los años 80 y por concepto de pago de deuda externa latinoamericana se desembolsaron más de USD$ 250.000 millones. Sin contar a la fecha de hoy, la fuga de capitales, corrupción, paraísos fiscales o la pérdida por “deterioro de términos de intercambio” (pagar más por los productos que se importan y recibir menos por lo que se exportan). Es así que el capitalismo global (imperialismo en fase avanzada) sigue extrayendo riquezas y logrando penetrar a crédito en países de la periferia e incluso, presionando a los bancos a realizar préstamos producto de la alta liquidez ficticia (alto circulante por políticas expansivas del dólar) que además beneficia a la burguesía local con la deuda parasitaria de sus propios países.
Es aquí que la teoría neoclásica falla, porque sólo las grandes potencias capitalistas crecieron gracias a la deuda (fines del siglo XIX). Para el resto y a partir de la crisis económica, se les sujetó a una economía de endeudamiento internacional, repercutiendo en la calidad de vida, el empleo y las perspectivas de desarrollo en pos de aumentar el flujo de salida de capital en un “círculo vicioso” que sostiene los desequilibrios macroeconómicos de las grandes potencias.
En las décadas de auge neoliberal latinoamericano, y en especial en Chile, las instituciones financieras globales incrementaron la deuda a través del aumento de tasas de interés, la reducción del crédito y del deterioro de la industria nacional, llegando a una casi total desindustrialización con la finalidad de impactar el intercambio y la exportación, favoreciendo la dependencia e inserción de la industria multinacional, que en la práctica no llegaba a “inyectar nuevos capitales”, sino que invertía sólo una parte de las grandes utilidades mientras que el resto se fugaba al exterior.
Empero, cuando la inserción neoliberal destruye la totalidad de la capacidad industrial nacional, se inicia una etapa terminal de deuda, que evoluciona de las simples políticas de ajustes recesivos a pagos mediante apropiación de patrimonio (pagarés con deuda nacional o expropiación industrial o territorial, como lo está evidenciando Argentina con la entrega de bienes a consorcios multinacionales, proceso denominado “Integración Profunda”; esto es, depredación imperialista sobre las naciones de la periferia). Al final, la transferencia de recursos a los países centrales ha tenido graves consecuencias sociales: fuertes procesos inflacionarios, aumento de la pobreza, desnutrición y enfermedades, caída del ingreso per cápita e impacto crónico en el coeficiente de inversión (el poco excedente no se invierte en lo productivo; sino a pagar la deuda), retrasando el avance industrial y científico. He ahí que el lapidario Consenso de Washington (1982) terminara por sepultar los sueños de crecimiento de América Latina y dejara al continente reducido a meros “mercados emergentes”, como un negocio para operaciones usureras del capital financiero mundial, privatizaciones, fusiones y adquisiciones; enterrando así las raíces de los monopolios para controlar segmentos enteros del mercado nacional y aprovechándose de la fragilidad financiera para generar beneficios fiscales y financieros; participar en movimientos especulativos contra la moneda nacional, explotar ventajas comparativas derivadas del control de materias primas estratégicas, desvalorizando el salario y la mano de obra, etc.
El escenario chileno post-elecciones
La situación que enfrentará a partir del próximo 11 de marzo el recién electo presidente Gabriel Boric y su gabinete, es compleja. Comenzamos con una escalada de inflación que llegó a un 7,7% a enero del 2022 y un alza de tasa interés de un 5,5% en lo que lleva corrido del año; sumado a una pandemia que no da tregua en alza de contagios y positividad. He ahí que, jugando una carta en clara “sintonía” con la burguesía comercial, se nombra en el cargo de ministro de Hacienda a Mario Marcel, el cual dentro de su agenda pretende desplegar una política con énfasis en el control inflacionario y reforma tributaria.
Si bien la promesa de campaña enarbolada en las postrimerías del estallido social fue “acabar con el neoliberalismo”, esta promesa queda un poco en duda frente a los “guiños” a la derecha, incorporando a Marcel y de acuedo al aparente discurso conciliatorio y colaborativo, que al menos en ENADE 2022 anunciaba cambios graduales –anuncios que hasta Andrónico Luksic celebró-. Si bien no existe ninguna posición clara en el programa de Gobierno de Apruebo Dignidad con respecto a una salida de fondo a la crisis económica, ¿qué posibilidades podrían tomarse con respeto al alza de la deuda externa frente al adverso escenario global?
Los caminos son varios, como devaluar la deuda aislando de esta el efecto inflacionario y re-pactarla a un 1% de interés; reindustrializar para que el margen de crecimiento pague la deuda y deje un saldo, o simplemente no pagar y nacionalizar la gran industria y la banca financiera pasando esta a manos de la clase trabajadora y sin derecho a indemnización. Con respecto al argumento de no, es claro y es una salida socialista totalmente válida, dado que por una parte, el incremento de la deuda es resultado de la especulación usurera de la banca mundial y que la inmensa extracción de riquezas como utilidades ya significan un pago de obligaciones. Además, “no pagar” es una medida de ruptura antes que el escenario global empeore y de significar una materialización de la consigna “a cambiarlo todo” con una real descolonización y no continuidad del sometimiento histórico al capital financiero global. Por otro lado, la nacionalización de la industria y la banca financiera pondrían fin la expropiación que ya realizan las multinacionales y que sirven a su vez como eje de flujo de capital extranjero y foco de rescates financieros estatales -que posteriormente paga la clase trabajadora con las alzas del IPC e impuestos regresivos (IVA)-. Desde otros aspectos financieros, la posición de “no pago” se argumenta mucho mejor si analizamos la composición de la deuda externa chilena que a fines del 1982 era principalmente privada; pero que a partir de 1983 la deuda pública creció debido a que en esos años el sector público era el único con acceso a los mercados financieros externos y este se endeudó con los mismos acreedores para proveerse a sí mismo y al sector privado de las divisas suficientes para el servicio de la deuda. Además de que el Estado sirvió como aval a la deuda del sector financiero privado, resultando que a 1982 la deuda privada con garantía pública se incrementó de USD$ 62 millones a USD$ 2.130 millones a fines de 1984. O sea, el sector público ha estado involucrado en el problema de la deuda externa y el pago del sector privado se ha hecho gracias al significativo apoyo del Estado (subsidios que ha otorgado el sector público a través de una tasa de cambio preferencial, la renegociación de las deudas internas y la intervención de la banca nacional).
A modo de conclusión, la agudización de la crisis socioeconómica y medioambiental global hará que la deuda externa se vuelva una enfermedad terminal incurable y una manifestación del modo de producción capitalista y su innegable crisis. A su vez, las deudas influenciadas por el capital financiero mutan a deudas en instrumentos y títulos bursátiles, generando un nuevo grupo de activos y obligaciones, que articulados en un sistema complejo de apalancamiento, desemboca inevitablemente en insolvencia global. Es entonces que los embates del capital financiero mutan como expresión moderna de una brutal lucha de clases en manos del capital global como fase avanzada del imperialismo contra la clase trabajadora. En este punto, reconocemos que no sirve a los intereses de clase forjar un puente reformista con el sector empresarial, porque este último, en su desesperación por sobrevivir usará cualquier oportunidad para afianzar su oligarquía financiera, bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas autónomas y violentar la soberanía de los pueblos a través del despojo, el hambre y la explotación.
Que la deuda de los grandes del norte, no la pague la clase trabajadora del sur.
