La brutal derrota de la UP, significó un cambio histórico con consecuencias que aún podemos observar en la actualidad, tanto en el plano económico, político y social.
Una vez consumado el golpe de estado cívico militar de 1973, el imperialismo estadounidense y la clase dominante chilena se encargaron de reprimir y exterminar a los cuadros más conscientes de la juventud, del movimiento obrero y campesino que lideraban la lucha revolucionaria para acabar con el latifundismo y el capitalismo. El actuar despiadado de la burguesía buscaba destruir las organizaciones populares, pretendiendo borrar las lecciones revolucionarias aprendidas en décadas de lucha.
En términos económicos, inmediatamente se eliminaron todas las conquistas sociales logradas hasta entonces, recuperando para la burguesía las empresas que habían estado en propiedad social. Después, la prioridad de la junta militar y la oligarquía fue avanzar en elaborar un nuevo proyecto institucional y jurídico que consagrara el triunfo de la contrarrevolución, la futura constitución de 1980; que establecería los pilares del capitalismo en su nueva fase neoliberal. Desde entonces la institucionalidad jurídica ha permitido la privatización de la seguridad social (salud y pensiones), de la educación, la precarización laboral, etc. Todo esto para asegurar los negocios multimillonarios de un puñado de familias y trasnacionales a costa de un ataque permanente al nivel de vida de la mayoría de la población. La crisis económica y los levantamientos sociales contra la dictadura abrirían despues la posibilidad de acabar con el régimen, pero lamentablemente los partidos que se denominaban de izquierda entregaron la conducción del proceso a la democracia cristiana; principales promotores junto a la derecha, del golpe de estado. En un contexto internacional marcado por el derrumbe de los regímenes estalinistas llamados “socialismo reales”, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS; los partidos tradicionales de izquierda viraron cada vez más a la derecha abandonando la lucha concreta por la transformación socialista, conformándose con administrar y reformar el capitalismo para darle un rostro “más humano”.
Durante más de 3 décadas de transición la Concertación y Nueva Mayoría han tenido especial responsabilidad en legitimar toda la herencia de la dictadura, continuando las politicas neoliberales. Es toda esta institucionalidad la que ha entrado en crisis , pues el neoliberalismo en particular y el capitalismo en general, ya no son capaces de responder a las necesidades de la población; ni tampoco de garantizar un desarrollo ecosustentable. En esta profunda crisis económica y política se encuentran las verdaderas causas del estallido social de Octubre de 2019.
Hasta hoy ninguna respuesta de fondo se ha dado a las demandas planteadas en Octubre. En medio de una nueva crisis global del capitalismo el sistema político no da una salida y carece de legitimidad ante la población. El actual gobierno de Boric que se planteaba como una nueva alternativa, ha terminado por incorporar a los viejos partidos de la Concertación, continuando las políticas neoliberales. Es el creciente malestar contra la casta política el que ha predominado en un contexto de incertidumbre y reflujo en la lucha social, por ahora.
La ausencia de una organización que represente los intereses de los trabajadores abre el peligro de que sectores populistas de ultraderecha ganen más apoyo social. Por ello es fundamental levantar una alternativa al capitalismo, un programa que recoja las importantes lecciones de la Unidad Popular y de continuidad a las luchas por transformar la sociedad en líneas genuinamente socialistas.
