Enrique Chinaski.
Comité por una Internacional de Trabajadores (CIT)
La primera vuelta de las elecciones brasileñas plantea una incógnita que la izquierda no debería eludir. Lula quedó segundo frente a Flávio Bolsonaro, con el 45,16% de los votos frente al 47,03%, y perdió alrededor de 3,4 millones de votos en comparación con la primera vuelta de 2022. Más allá del resultado electoral, lo políticamente significativo es el desgaste de un gobierno que llegó al poder prometiendo representar nuevamente a los trabajadores y a los sectores más pobres.
La explicación no se reduce al avance de la derecha. También debemos considerar las limitaciones del proyecto Lulista.
Lula prometió una reducción de la jornada laboral, el fin del sistema de jornadas 6×1 (seis días de trabajo y uno de descanso), mayores derechos para los trabajadores de plataformas digitales y autónomos, un aumento del salario mínimo y mejoras en las políticas de vivienda y asistencia social. Algunas medidas avanzaron; otras quedaron pendientes o inconclusas. Sin embargo, reducir el problema a una simple lista de promesas incumplidas sería insuficiente.
La cuestión fundamental es por qué a un gobierno de izquierda le resulta tan difícil llevar a cabo incluso sus reformas más básicas.
Limitar No solo Lula
El problema fundamental del lulismo reside en su estrategia reformista: pretende mejorar la vida de los trabajadores manteniendo las estructuras económicas fundamentales del capitalismo.
Para gobernar, Lula necesita negociar con el Congreso, con los empresarios, con los grandes intereses económicos y con las instituciones del Estado. Pero las demandas de los trabajadores tienen un límite evidente para quienes controlan el capital.
Un aumento significativo de los salarios, una reducción de la jornada laboral o mayores derechos para los trabajadores pueden afectar las ganancias empresariales. Por lo tanto, mientras la economía siga organizándose en torno a la propiedad privada de los grandes medios de producción y la búsqueda de la rentabilidad, las reformas tendrán límites que ningún gobierno puede eliminar simplemente con buenas intenciones.
Esta es la contradicción que el reformismo no logra resolver: pretende transformar las condiciones de vida de la mayoría sin transformar las relaciones de poder que producen esas condiciones.
De la reforma a la revolución
El problema no radica en que las reformas sean inútiles. Al contrario: toda conquista que mejore las condiciones de vida de los trabajadores tiene valor y debe ser defendida.
El problema surge cuando estas conquistas se presentan como el camino definitivo hacia una sociedad justa.
Un salario más alto no elimina la explotación. Una jornada laboral más corta no elimina el poder del capital sobre la producción. Un programa social puede reducir la pobreza, pero no elimina las relaciones económicas que reproducen la desigualdad.
Por ello, la lucha por las reformas debe vincularse a una perspectiva de transformación revolucionaria.
La cuestión decisiva es quién controla la riqueza y quién toma las decisiones fundamentales de la economía.
Desde esta perspectiva, los trabajadores no deben limitarse a presionar a los gobiernos para que realicen reformas. Deben organizarse para conquistar el poder político y económico y someter los principales medios de producción al control democrático de la propia clase trabajadora.
Eso significa construir sindicatos y organizaciones populares capaces de disputar el poder desde abajo y desarrollar una alternativa política independiente de los intereses empresariales.
La verdadera lección brasileña
Si Lula pierde la segunda vuelta, la izquierda no debería limitarse a decir que la sociedad brasileña ha virado a la derecha. Debería preguntarse también por qué un gobierno que se presentó como defensor de los trabajadores no logró convertir sus expectativas en transformaciones suficientemente profundas.
La solución no reside en buscar un reformismo más eficiente.
Se trata de reconocer que existe una contradicción entre administrar el capitalismo y acabar con las condiciones que producen explotación y pobreza.
El problema de Lula, entonces, no es simplemente Lula. Es el proyecto político que representa.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) podría haber planteado una alternativa, pero desistió de hacerlo, ni siquiera presentando su propia candidatura presidencial en la primera vuelta para aprovechar la oportunidad de ofrecer una salida a quienes se sentían decepcionados por las expectativas incumplidas del gobierno de Lula. Defender políticas públicas anticapitalistas en beneficio del pueblo, los pobres y los trabajadores habría fortalecido la lucha contra Bolsonaro. Pero al volverse más lulista que Lula, el PSOL renunció a construir una sólida barrera contra el avance del bolsonarismo.
Mientras la izquierda limite sus objetivos a mejorar la administración de la sociedad capitalista, sus conquistas estarán condicionadas por el poder de quienes controlan la economía. La alternativa revolucionaria propone otro camino: que los trabajadores pasen de ser votantes y beneficiarios de las reformas a convertirse en protagonistas del poder político y económico.
Porque una vida verdaderamente digna para la mayoría no puede depender eternamente de las promesas de un gobierno.
La tesis revolucionaria es simple: las reformas pueden lograr mejoras; solo una transformación del poder económico puede crear las condiciones para superar definitivamente la explotación y la pobreza. Y esta transformación solo puede ser obra de los propios trabajadores organizados.
