03/05/2022
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, en Chile no tenemos nada que celebrar.
Tres comunicadores independientes han sido atacados(as) a balazos mientras cubrían la marcha de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores el pasado 1° de mayo. Dos de ellos(as), requieren asistencia médica sostenida y seguimiento, mientras que Francisca está luchando por su vida. Además, una cuarta persona, brigadista de salud, fue impactado en su pie.
Lo ocurrido el pasado domingo, no fue un enfrentamiento, fue un ataque con armas de fuego y con disparos certeros que tuvieron como blanco principalmente a la prensa alternativa que cubría la marcha.
La marcha de la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, estaba autorizada desde las 05.30 de mañana para que sus organizadores pudieran instalar el escenario y los equipos del acto.
Esta organización sindical, existe en Chile desde el año 2018, y desde ese entonces, realizan una movilización alternativa a la marcha tradicional de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, CUT.
La decisión editorial de medios comunitarios como Piensa Prensa, Señal 3 de La Victoria y Radio 7 de Puente Alto, fue dar cobertura a esta marcha. Los equipos se desplegaron en el sector a las 10.30 de la mañana. Sin embargo, la marcha no pudo avanzar por la represión de Carabineros que de forma inmediata impidió la movilización y acorraló a los manifestantes entre el escenario y el sector comercial de calle Meiggs, que habitualmente está cerrado en feriados irrenunciables.
La represión policial no sólo impidió el desarrollo de un acto autorizado, sino que además, detrás de los carros lanza agua y lanza gases, una decena de sujetos armados comenzaron a disparar armas de fuego.
Innumerables transmisiones en vivo a través de redes sociales daban cuenta en tiempo real de los hechos. Sin embargo, especialmente los canales de televisión de alcance nacional, decidieron omitir estos graves sucesos, al parecer desconociendo la existencia de la marcha de la Central Clasista y calificando a los asistentes, como “lumpen”. “Esto no es una marcha, es delincuencia”, sentenció Rafael Cavada categóricamente en la edición matinal del noticiero de Chilevisión de ese domingo.
Esta primera tergiversación informativa resulta inaceptable. Es deber de todo periodista, editor o editora, corroborar la información que entrega a través de los medios dispuestos para ello. Se priva a la población, el derecho esencial a la información, omitiendo la realización de una marcha autorizada, organizada por un órgano sindical que ya tiene 5 años de existencia. No conforme con ello, la cobertura estuvo plagada de calificativos y sentencias apriori, altamente dañinas para el periodismo y para quienes son criminalizados sin pruebas.
No sólo por la evidente vulneración informativa a la que queda expuesta la población chilena, sino porque además, la instalación de matrices de opinión que amparan los ataques a ciudadanos en general y a la prensa en particular, se encuentra en el límite de la complicidad con los delitos cometidos.
La cobertura posterior no ha sido distinta. La detención de dos sujetos por tenencia de armas de fuego se centró en la nacionalidad de los mismos. Los medios de comunicación de los grandes grupos económicos, no cubrieron las características de las imputaciones judiciales de los mismos y privaron a la población conocer un hecho relevante: Ninguno de los dos, fue el autor de los impactos de balas que tienen a Francisca al borde la muerte.
También fue a través de los medios populares que pudimos acceder a estos detalles. Informar no es un delito. Y no es posible que los medios de comunicación nacionales confundan la cobertura de medios comunitarios con actos delictuales, desconociendo la labor clave que cumplen en los territorios y en el equilibrio informativo. Prueba de ello, es que todos los medios nacionales desconocían la realización de la marcha autorizada de la Central Clasista vulnerando no sólo el derecho a la información, sino también, criminalizando el legítimo derecho a la movilización.
Pero lo que ya resulta inaceptable para los organismos y profesionales abajo firmantes, es que para dar una aparente voz a las y los afectados, los medios de cobertura nacional hayan buscado equiparar editorialmente y en una insolente igualdad de condiciones, a quienes fueron las víctimas de balazos con quienes percutaron las armas. El principio de objetividad, no puede ser degradado a este punto, porque no sólo es falaz y desprecia la actividad de las y los reporteros populares, a quienes consideramos como nuestros pares, sino porque además, faltando a toda ética profesional, se expone a las y los afectados a una dolorosa re-victimización al confrontarlos con sus agresores.
Las y los reporteros comunitarios no están cometiendo un delito al informar. Quienes manejan armas en la vía pública, de fuego o de fogueo, y más aún, quienes las percutan, cometen un delito.
Es por esto que a 48 horas de ocurridos los hechos nos hemos mantenido observantes de la cobertura y los ribetes mediáticos que este caso de “alta connotación pública” como bien llamó hoy un juez de la República. Lamentablemente los medios tradicionales una vez más han hecho un festín de tan dolorosa situación que hoy nos mantiene en vilo como comunicadores y comunicadoras, haciendo gala de nocivos comentarios, manipuladas entrevistas y revictimización a las personas que recibieron balazos.
Para dar cuenta de esto y de la nula regulación que existe en los medios tradicionales sobre sus dichos, faltas a la ética y manipulación es que haremos todas las denuncias al Consejo Nacional de Televisión que sean necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias.
Llamamos a los medios y a los y las periodistas a retomar su rol informativo con toda la ética que merece el trabajo comunicacional, y al Gobierno a dar el ejemplo con sus dichos, que parecieran instalar estos temas sólo como conflictos delictivos, cuando estamos frente a uno de los hechos más graves contra el periodismo desde la muerte de José Carrasco Tapia.
Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas
Comisión Regional de Derechos Humanos
Santiago, 03 de mayo de 2022
