Por Héctor Vega
No creo que el sistema de jubilaciones pueda disociarse del sistema de salud. De hecho el trabajador cotiza cada mes en ambos sistemas. Tanto el Estado como el empresariado concurren en el financiamiento de ambos sistemas. Los resultados revelan históricamente pensiones indignas. La Fundación Sol señala que “actualmente, se registran 1,4 millones de pensiones en todas sus modalidades. Hoy ya tenemos una primera generación que prácticamente ha cotizado íntegramente bajo la lógica de las cuentas individuales en las AFP. A diciembre de 2019, el 50% de los 985 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario). Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a $310 mil (valor inferior al Salario Mínimo)”.
Esto revela factores estructurales en el mercado del trabajo con bajas remuneraciones, lagunas importantes, diferencias en los salarios de hombres y mujeres, leyes impositivas, exenciones tributarias, ingresos empresariales o de directores de grandes empresas inexplicablemente altos, etcétera. Será imposible resolver las pensiones y el sistema de salud sin una mirada a sus financiamientos, los actores que contribuyen y el presente de quienes acceden a la jubilación en estos días. El retiro del 10% no es sino una manifestación de fallas estructurales de la economía y una muestra del fracaso del Estado para remediar la situación.
La misma Fundación Sol reseña la realidad de quienes acaban de jubilarse y muy presumiblemente de quienes se jubilarán en los próximos días. “El 50% de las 127.305 personas que se pensionaron durante 2019, a través de su ahorro y la rentabilidad conseguida por las AFP, sólo lograron autofinanciar una pensión menor a $49 mil, y el 50% de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años en su vida laboral, pudieron autofinanciar una pensión menor a $234 mil, lo que equivale a 73% del Salario Mínimo”.
En la discusión sobre el proyecto de mejoras de los sistemas de pensiones solidarias y de capitalización individual en la Comisión del Senado, las AFP señalaban que “7 de cada 10 pesos acumulados en una cuenta individual provienen de la rentabilidad obtenida por las AFP; y el promedio de la rentabilidad nominal de los multifondos es de un 17%” (fr. https://www.senado.cl/en-que-va-la-tramitacion-del-proyecto-de-reforma-a-las-pensiones/senado/2020-03-13/143232.html). Las rentabilidades declaradas no se parangonan con pensiones misérrimas lo que pone el acento en el engaño a que fueron sometidos los contribuyentes del antiguo sistema para que transfirieran sus ahorros a las AFP: ¡con una cotización de 10% se lograría una tasa de reemplazo de 100%! (sic).
Dos escalones básicos, su financiamiento y administración por el IPS
La pensión universal debe ser equivalente al salario mínimo que en este momento es de $320.500. Dicho monto se obtiene de fondos generales y representa una Renta Básica Universal. Ese es el primer escalón del sistema que propongo. A partir de este se actualizará la renta de los últimos 10 años, para así obtener un valor presente promedio que reflejará las lagunas laborales y fluctuaciones de salario, características del mercado del trabajo en Chile. El trabajador que durante su vida laboral ha trabajado 30 años efectivos tendrá una tasa de reemplazo de 70%. Dicha tasa se regulará según las lagunas laborales del período de trabajo. De esta manera el trabajador conocerá desde el comienzo de su vida laboral los parámetros a que está sometida su jubilación y las condiciones estructurales que la rigen. Este es el segundo escalón.
El financiamiento de dicho escalón provendrá 10% de los trabajadores, más 1,5% de comisiones de administración, más 1,2% de sobrevivencia e invalidez. A dichos montos se agrega el 7% de salud (Fonasa). Eso suma 19,7% de la remuneración mensual del trabajador. A esa cotización asumida por el trabajador deberá agregarse 5% de responsabilidad del Estado y 5% de las empresas, lo que suma en total 29,7%.
El gobierno envió al Congreso un proyecto de mejora del sistema de pensiones solidarias y de capitalización individual. Proyecto en que se establece 6% de cotización individual. 3% irá a un pilar individual y 3% a uno colectivo. Hasta el 2032 el 6% será distribuido por mitades entre el Estado y el empleador. A partir de esa fecha el total será cancelado por el empleador. Considerando el 19,7% actual de los trabajadores, el proyecto del Estado, consensuado con los empresarios, totaliza 25,7% es decir 4 puntos de diferencia con el sistema que propongo. Pese a esta diferencia existe un margen de avance desde la posición tradicional de los gobiernos en estas últimas 4 décadas, cuando se pretendía que con un 10% de los trabajadores era posible financiar pensiones dignas.
En mi propuesta los dos escalones señalados consagran la solidaridad del sistema y serán administrados por el Estado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) pues según la ley su objetivo es “la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados anteriormente por el ex INP” (ley 20255).
Ahora bien, deberán afrontarse las fallas estructurales del sistema productivo a saber, la situación de bajos salarios, escasa o nula capacidad de ahorro, lagunas laborales generalizadas, limitaciones en el trabajo de mujeres, maternidad, condición de mujeres jefes de hogar que agudizan las limitantes ya mencionadas, remuneraciones y bonificaciones obscenas de miembros del directorio de AFP y grandes empresas, moras empresariales por cotizaciones de trabajadores no realizadas, regímenes regresivos de impuesto, exenciones tributarias inexplicables, evasión tributaria, etcétera. Las limitantes de los mercados de trabajo y las desigualdades consagradas por el sistema impiden la obtención de pensiones dignas y un sistema de salud desfinanciado.
A medida que la sociedad se haga cargo de las fallas del antiguo sistema y se instauren niveles de justicia social que nunca ha gozado la sociedad, avanzaremos a niveles de desarrollo que permitan estructurar un sistema de seguridad social basado en los principios de la solidaridad.
Pilar de cuentas individuales de capitalización
Finalmente habrá un pilar de cuentas individuales de capitalización, para quienes opten mejorar libremente sus pensiones con fondos propios. Para ello se constituirá un mercado libre de administradores de pensiones, tales como las actuales AFP, las compañías de seguros, los bancos, los fondos de capitalización, etcétera. Con ello se elimina el monopolio en que hasta ahora han operado las AFP.
La vigilancia del mercado así como las regulaciones a que estarán sometidas esas instituciones quedarán a cargo de la Superintendencia de Pensiones. La actual comisión de 1,5% se regulará en el mercado libre en el que competirán las instituciones que se decidan participar. Estará así mismo abierta a la competencia la rentabilidad del Pilar de capitalización y las condiciones en que se reparte la pérdida de valor de los títulos de deuda en que las instituciones inviertan.
En ambos fondos, el solidario y de capitalización individual, habrá en el directorio de la institución que administra al menos un representante de los contribuyentes al sistema.
Inversiones, desempleo, carencias de la población e incumplimiento de la Constitución
El aporte de las AFP a 15 grupos económicos en los últimos años ha sido de 45 mil millones de dólares. Creo que es el momento de pensar más allá de la inversión en títulos de deuda locales y extranjeros. Una alternativa es el financiamiento de infraestructura social con recursos de las cuentas de capitalización y la planificación del Estado en rutas, caminos alimentadores, tranques, puertos, aeropuertos, centrales de acopio, canales de regadío, aportes a Codelco, etcétera. Según el instituto Global McKinsey, en Chile el valor de la infraestructura en relación al PIB es de 53%, la que es superior al Reino Unido 48%, Canadá 46%, EEUU 49%. Para cubrir la brecha de stock de infraestructura Chile debería invertir en promedio el 4,3% del PIB hasta el 2030 (Cf. McKinsey Global Institute. (2013, Enero 20). Infrastructure Productivity: How to save $ 1 trillion a year). El papel del Estado es central y si los fondos de pensiones, bajo la orientación del Estado, pueden orientarse a dichos financiamiento se lograría un gran paso adelante.
La paralización de la economía por causa del Covid-19 ha agregado al desempleo existente anterior a la pandemia una población que hoy suma 5 millones de trabajadores sin trabajos ni empleos estables. Sin estructura de planificación, confiados en las leyes del mercado, las soluciones del gobierno, crédito Fogape, inyección de 12 millones de dólares en 2 años, bono a la clase media de 500 mil pesos, canastas de mercadería, 25 ayudas sociales que han llegado tarde o se han perdido en los meandros de la burocracia. El retiro del 10% de los fondos de las AFP resolverá por un corto tiempo pero al final las carencias se harán nuevamente presentes.
En 30 años de democracia el Estado ha incumplido abiertamente las disposiciones constitucionales. Es el caso del Art 1° de la Constitución de 1980 que señala como deber del Estado, entre otros, “dar protección a la población y a la familia (…) promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Más adelante, la Constitución en el capítulo de las garantías constitucionales, se asegura el derecho de la población a la seguridad social, de esta manera se establece que “el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social” (n° 18 del Art. 19).
Reformas estructurales
Para cumplir lo aquí propuesto el Estado deberá realizar reformas impositivas pues a partir de estas el Estado dispondrá de fondos para financiar el nuevo sistema. Los impuestos representan 68% del Presupuesto de la Estado. Las reformas se refieren al impuesto a la renta, el impuesto a los ricos y superricos, el gasto tributario, la evasión.
Impuesto a la renta. El actual régimen impositivo es regresivo. La norma del –impuesto-crédito regula la tributación de la actividad empresarial. Las personas tributan sólo por las utilidades distribuidas. Esta alternativa no solo no produce ingresos tributarios, sino que, al tener este impuesto créditos (por contribuciones de bienes raíces, capacitación, donaciones, compra de bienes durables, entre otros) la recaudación resulta negativa, es decir, el Fisco recibe menos dinero que los créditos que debe otorgar. No puede entonces sorprender que los impuestos indirectos (59,0%) recauden más que el impuesto a la renta (41,0). Solo el impuesto al valor agregado (IVA) que golpea al conjunto de la población sin respecto a los sectores de menores ingresos, recauda 48,8%. Otros impuestos indirectos se refieren a productos específicos (7,7%) e impuestos a los actos jurídicos (1,6%).
Impuesto a los ricos y superricos. Sin embargo, el cuadro no está completo sin la realidad de la cima integrada por 197.600 personas, entre ricos y súper ricos. Alrededor de 1% de ricos representa 178 mil personas con un ingreso mensual de 15 millones de pesos; 0,1% 17.800 mil personas percibe 83 millones de pesos mensuales y 1780 personas el 0,01%, ostenta como ingreso 459 millones de pesos mensuales. Por la importancia de esos ingresos, la idea es que paguen un 10% adicional sobre las utilidades e incrementos patrimoniales.
Gasto tributario. Las exenciones o gasto tributario, son impuestos que el Estado deja de percibir, para beneficiar o fomentar determinadas actividades pero en la práctica constituyen un real privilegio a los contribuyentes indicados en el párrafo anterior. Esto ha profundizado las desigualdades ya que el mecanismo de los subsidios favorece preferentemente a los de mayores recursos, y no a personas socialmente desmedradas. Con ello se revierte el propósito inicial volviéndose al punto de partida: la pobreza. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han recomendado al gobierno de Chile abolir el Gasto Tributario (exenciones). Proyecciones al año 2019 señalan exenciones por valor de US$ 8430 millones (2,88% del PIB). Al eliminarse estas exenciones podrían destinarse estos nuevos recursos a reducir la tasa del IVA. Estas exenciones constituyen un subsidio directo a las grandes fortunas.
Combatir la evasión. El Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) publicó las conclusiones de un estudio sobre la evasión en Chile por el sociólogo Jorge Atria, donde se señala el estudio de Michel Jorrat de 2013, sobre la evasión del 34% en el impuesto a la renta que solo lo paga el 19% de mas altos ingresos. No es el caso del IVA, impuesto que paga toda la población y que tiene una evasión de apenas 8% (CIPER, 2019).
La Deuda Social creada por las situaciones impositivas descritas va en crecimiento constante. Los subsidios, transferencias y compensaciones representan poco más de 7 mil millones de dólares (10% del Presupuesto del Estado) y alcanzan a 6 millones de personas. Al no atacar el fondo del problema es decir las reformas estructurales sus efectos se revierten. El modelo de mercado funciona en base a subsidios, los mismos que impiden salir de la pobreza pues, el trabajo, el empleo y las condiciones en que este se desarrolla, pasan a segundo término y, la vigencia de subsidios, transferencias y compensaciones no hacen sino perpetuar las desigualdades estructurales del sistema.
El conjunto de medidas aquí señaladas y la magnitud del problema evocan la necesidad de un Plan de Reconstrucción Social, Económica y de Estabilización, cuyo objetivo es la integración social y pasos básicos en la dirección de una sociedad social y solidaria. Solo la presión de la ciudadanía es capaz de realizar los cambios fundamentales que se avecinan esta es la lección que dejó la lucha por el 10%. No me cabe duda que la reforma del sistema de seguridad social, en la que las jubilaciones son centrales, se discutirá en la Asamblea Constituyente por una Nueva Constitución.
05/08/2020
