por Felipe Portales
Notablemente, el destacado líder histórico de la Concertación, Ignacio Walker (ex presidente del PDC, senador y ministro), ha reconocido, en definitiva, en el artículo “Sobre los 2/3 y la Nueva Constitución” (“El Mostrador”; 9-10-2020) que la mayoría popular de centro-izquierda tradicional en Chile, que naturalmente se expresará en la mayoría de los convencionales a elegir -luego del evidente triunfo del “Apruebo” que tendrá lugar el próximo 25 de octubre- no tendrá la posibilidad de aprobar una Constitución que represente su voluntad. Salvo que lograse una muy improbable inmensa mayoría de más de dos tercios, de lo que ha estado muy lejos en todas las elecciones desde 1990, con o sin sistema electoral binominal. Por lo tanto, todo indica que su voluntad tendrá que subordinarla a las exigencias de la derecha minoritaria en la idea de obtener un “nuevo” texto constitucional. Y si no se somete a las virtuales exigencias que ella le haga, tendrá que conformarse con seguir con la Constitución actual, impuesta por Pinochet en 1980 y asumida (con algunas reformas) por Lagos en 2005.
En efecto, Walker ha señalado que el quórum de los dos tercios para aprobar el reglamento y las normas de una nueva Constitución se aplica al conjunto del texto y no simplemente a artículos puntuales: “Si no hay dos tercios de los votos no hay texto constitucional. Así se resume, en la parte pertinente, el texto expreso del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre y la Reforma Constitucional de diciembre: ‘La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas, por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio’ (artículo 133, inciso tercero). Lo de ‘el reglamento’ está en singular y no deja lugar a dudas, debe ser votado como un solo todo por dos tercios de los miembros de la Convención. Lo de ‘las normas’ está escrito en plural y su interpretación también es inequívoca: se refiere a todas y cada una de las normas. Solo así puede y debe interpretarse la referencia a ‘las normas’, salvo que se quiera torcer deliberadamente la letra y el espíritu del acuerdo de noviembre y la reforma constitucional de diciembre”.
Sin embargo, “sesudos” constitucionalistas de “izquierda”, dándose cuenta de que esto significa la evidente imposibilidad de que se apruebe una nueva Constitución que siente las bases de una construcción de un nuevo modelo de sociedad que sustituya el neoliberalismo impuesto por la dictadura y consolidado por la Concertación; han planteado voluntaristamente que el quórum de los dos tercios se aplica solo a cada uno de los artículos a aprobarse para una nueva Constitución, de tal manera ¡que lo que no se apruebe por dos tercios, pasa a ser materia posterior de ley de un futuro Congreso requiriendo su aprobación de mayoría simple!
Esta peregrina interpretación conduce al absurdo de revertir casi completamente lo que sostiene el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional consiguiente. Esto es, que la mayoría –sin necesidad de tener dos tercios- podría aprobar casi toda la Constitución posteriormente por simple mayoría, contentándose con consensuar unos pocos artículos de aquella por más de dos tercios en la Convención constituyente propiamente tal. Evidentemente un engaño o auto-engaño tan burdo no tiene destino alguno.
Quien sí ha sido capaz de efectuar un engaño del conjunto de la sociedad chilena tremendamente eficaz -¡y desde hace 30 años!- ha sido el liderazgo de la Concertación quien ha disfrazado un profundo vuelco ideológico derechista, como lo reconoció descarnadamente el principal ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Edit. Andrés Bello). En dicho libro –que no fue desmentido por nadie- señaló que a fines de los 80 su liderazgo experimentó un proceso de “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369); y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).
Y esta derechización, que no se reconoce públicamente aún, explica un conjunto de procesos y fenómenos aparentemente absurdos y que condujeron todos a la misma dirección: a la legitimación y consolidación durante muchos años del modelo de sociedad impuesto por la dictadura (y que contó en su momento con la frontal oposición de la centro-izquierda) con su Plan Laboral, AFP, Isapres, ley minera, LOCE-LGE, universidades privadas con fines de lucro, sistema tributario que permite la “elusión” de las grandes fortunas, desnacionalización efectiva de más del 70% de la gran minería del cobre; consolidación y aumento de las privatizaciones de empresas y servicios públicos, mantención de un esmirriado poder sindical; suscripción de tratados bilaterales de libre comercio que acentúan nuestro perfil de país exportador de materias primas; etc. etc.
Y para hacer todo esto “digerible” se procedió a uno de los ardides políticos más maquiavélicos imaginables: Esto es, haber concordado con Pinochet una Reforma Constitucional en 1989, por la que el liderazgo de la Concertación aceptó solapadamente (todo se hizo entre cuatro paredes; y luego plebiscitando todas las reformas “en paquete”, sin especificarlas) regalarle la segura mayoría parlamentaria que tendría Aylwin a la futura oposición, cambiando los quórums legislativos en su beneficio. De tal forma que, especialmente en los 90, se les decía convincentemente a las bases concertacionistas que no se podían hacer las reformas prometidas porque no se tenían las mayorías para ello, pero manteniéndoles completamente oculto -¡hasta el día de hoy!- que ello era así porque se las habían regalado a la derecha…
Luego se procedió a algo también muy tenebroso y que no debe tener precedentes en la historia: Esto es, que los sucesivos gobiernos concertacionistas -proclamadamente centroizquierdistas- provocaron la desaparición del conjunto de los medios de comunicación escritos de esa orientación, a través del bloqueo de apoyos financieros externos y de la mantención de la discriminación del avisaje estatal que les hizo la dictadura. De esta forma, uno a uno, fueron quebrando los diarios y revistas de centro o de izquierda que habían surgido en los 80 o que se crearon después: “La Época”, “Fortín Mapocho”, Análisis”, “Apsi”, “Hoy”, “Página Abierta”, “Rocinante”, “Siete”, “Siete + Siete”, “Plan B”, etc.; ¡quedando la derecha, hasta el día de hoy, con una concentración de medios de comunicación muy superior a la década de los 80 de la dictadura!…
Posteriormente, cuando por fin durante Lagos y Bachelet, la Concertación obtuvo finalmente mayoría parlamentaria ¡se continuaron aprobando TODAS las leyes por consenso con la derecha! Ya era una práctica permanente, y no quedaban medios “molestos” que pudiesen recordárselo a las tan bien engañadas bases concertacionistas.
Además, se hicieron muchas otras acciones completamente impropias de una coalición de centro-izquierda, como las defensas gubernativas de las críticas que suscitaban en el exterior las críticas a Pinochet cuando viajaba a comprar armas o de vacaciones; las que culminaron con la defensa y “salvación” de Pinochet de la condena por sus crímenes en Europa una vez que fue detenido en Londres. O como el envío de diplomáticos, de agregados militares, o de oficiales a misiones de la ONU que habían estado gravemente involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura. O los envíos –felizmente frustrados- de numerosos proyectos de leyes destinados a convalidar la autoamnistía de 1978 o a disminuir sustantivamente las penas de los violadores de DD. HH. posteriores a esa fecha. O la tenaz y sistemática negativa a devolverle los bienes confiscados por la dictadura a Víctor Pey para impedirle que pudiese relanzar “Clarín” y terminar así con el duopolio “El Mercurio-COPESA”; etc. etc.
Y la culminación de todo ello fue el hacer suya en 2005 la Constitución de Pinochet, con algunos cambios de importancia pero que no alteraban su esencia autoritaria y neoliberal. De este modo, obviamente en conjunto con la derecha, se aprobó lo que se quiso llamar la Constitución de 2005 (no se pudo, porque hasta los engaños concertacionistas tienen su límite…); pero que fue suscrita por Lagos y todos sus ministros (incluyendo Ignacio Walker…); y en una ceremonia donde Lagos resaltó exultante que “este es un día muy grande para Chile. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile (…) Esto es un logro de todos los chilenos (…) Chile cuenta con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia” (“El Mercurio”; 18-9-2005).
Por tanto, es evidente que el nuevo regalo del quórum de los dos tercios efectuado por el liderazgo de la ex Concertación a la derecha a través del acuerdo del 15 de noviembre pasado y ratificado por la Reforma Constitucional de diciembre –y cuyo alcance reconoce tan claramente Ignacio Walker- es para consensuar nuevamente “un piso institucional compartido” con la derecha; y no para satisfacer las demandas ciudadanas de un profundo cambio del “modelo chileno” expresadas por la rebelión social de hace un año.
