Jano Ramírez.
Los ahorros de toda una vida, los salarios y las pensiones no pueden seguir siendo fichas de casino en el gran tablero de los negocios capitalistas.
¿Se imaginan trabajar durante 20 o 30 años, levantarse todos los días, soportar jornadas agotadoras, privarse de muchas cosas, ahorrar peso a peso para tener una vejez un poco más tranquila y, de un momento a otro, descubrir que no pueden disponer de su propio dinero?
Eso es lo que están viviendo miles de personas en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank. Detrás de los titulares sobre insolvencia, investigaciones judiciales y crisis política hay algo que muchas veces queda relegado: familias que no saben cómo pagarán sus cuentas, trabajadores que necesitan su sueldo, pequeños comerciantes que dependen de sus ahorros, jubilados que temen perder lo que reunieron durante toda una vida.
¡No estamos hablando de cifras en una pantalla! Estamos hablando de vidas, de familias, de sacrificios y de personas que pueden quedar en la precariedad más absoluta por decisiones que no tomaron.
Ueno Bank tenía alrededor de tres millones de clientes y administraba cientos de millones de dólares en fondos públicos. El 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras, investigando operaciones de crédito a empresas vinculadas al grupo económico propietario del banco. Los saldos pendientes de las operaciones investigadas superarían los 166 millones de dólares, además de importantes sumas en moneda paraguaya.
Y mientras se investigan las responsabilidades, miles de personas quedan atrapadas en la incertidumbre. El cierre de los servicios bancarios afectó el acceso a cuentas, ahorros y salarios, con consecuencias que también alcanzan a trabajadores y actividades económicas vinculadas a la entidad.
¿Quién devuelve los años de sacrificio de una persona que pierde sus ahorros? ¿Quién paga sus deudas mientras no puede acceder a su dinero? ¿Quién responde por el arriendo, los medicamentos, la alimentación y las necesidades de sus hijos?
Porque para una familia trabajadora no existe un botón de reinicio. No puede borrar sus deudas, recuperar los años perdidos ni pedirle a la vida que le devuelva el tiempo.
EL RECUERDO DEL CORRALITO ARGENTINO: UNA CRISIS QUE NO DEBEMOS OLVIDAR
Lo ocurrido en Paraguay nos recuerda inevitablemente al corralito argentino de diciembre de 2001. En aquella ocasión, millones de argentinos quedaron atrapados sin poder disponer libremente de sus depósitos bancarios, en medio de una profunda crisis económica, financiera y política.
La restricción de los retiros fue parte de una crisis mucho mayor, marcada por el endeudamiento, el desempleo, la pobreza, el agotamiento del régimen de convertibilidad y el derrumbe de la confianza en las instituciones.
El resultado fue devastador. Familias que habían depositado sus ahorros en los bancos se encontraron con que no podían acceder libremente a su propio dinero. La crisis terminó con la renuncia de Fernando de la Rúa y una gigantesca rebelión popular que expresó el hartazgo de millones de personas.
El corralito no fue simplemente un problema bancario. Fue la expresión de un modelo económico que había llevado a millones a pagar las consecuencias de una crisis que no habían provocado.
Y aunque Paraguay no está viviendo exactamente el mismo escenario, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién paga cuando los grandes negocios se derrumban?
LOS RESPONSABLES, LOS NEGOCIADOS Y LA IMPUNIDAD
La crisis de Ueno también dejó al descubierto los vínculos entre el poder político, los grandes empresarios y el negocio financiero.
El presidente Santiago Peña quedó bajo cuestionamiento por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario de la entidad. La crisis abrió investigaciones sobre las operaciones del banco, el manejo de los recursos y las responsabilidades de quienes debían fiscalizarlo.
Hay que investigar hasta las últimas consecuencias. No pueden quedar fuera quienes aprobaron las operaciones, quienes las ejecutaron, quienes se beneficiaron y quienes, teniendo responsabilidades de supervisión, no actuaron oportunamente.
Pero detengámonos un momento.
Los empresarios y directivos involucrados pueden enfrentar investigaciones, imputaciones, detenciones e incluso terminar en prisión. Sin embargo, conocemos demasiado bien esta historia: procesos judiciales que se prolongan durante años, beneficios, acuerdos, condenas que se reducen y privilegios que siguen protegiendo a quienes tienen dinero y poder.
Y cuando algunos terminan en la cárcel, los trabajadores siguen pagando las consecuencias, mientras los grandes patrimonios y las redes de poder muchas veces sobreviven.
¡Qué injusticia más brutal! Para una familia trabajadora, perder sus ahorros puede significar quedarse sin nada. Para quienes manejan grandes fortunas, una operación financiera fallida puede convertirse simplemente en otro capítulo de sus negocios.
Y SI MIRAMOS A CHILE, ¿ACASO ESTAMOS TAN LEJOS?
No necesitamos mirar solamente a Paraguay para encontrar ejemplos de cómo funciona este sistema. Aquí, en Chile, tenemos nuestras propias experiencias.
¿Qué está pasando con los fondos de pensiones administrados por las AFP?
Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumuló una caída real del 10,39%, mientras que el Fondo D retrocedió un 6,38%.
Pero hay un dato todavía más preocupante: según cifras revisadas por CIPER, la caída de ambos fondos afecta directamente a 359.707 personas que se encuentran en edad de jubilarse. A ellas se suman otras 85.996 personas que ya están pensionadas mediante retiro programado y que podrían enfrentar un recálculo a la baja de sus pensiones.
Además, las valorizaciones negativas de los contratos derivados de los cinco fondos superaron los 10.500 millones de dólares al cierre de septiembre.
¿Y qué significa todo esto para la gente?
Significa que una persona que trabajó durante 30 o 40 años, que cotizó mes a mes y que está a punto de jubilarse, puede encontrarse con que sus ahorros han perdido valor precisamente cuando más necesita disponer de ellos.
Las AFP y sus defensores podrán explicar que se trata de inversiones de largo plazo, que los mercados suben y bajan y que las pérdidas pueden recuperarse. Pero hay una diferencia fundamental: quienes están próximos a jubilarse no siempre tienen tiempo para esperar esa recuperación. Y quienes ya están pensionados pueden enfrentar una reducción de sus ingresos.
Y aquí aparece una pregunta que debemos hacernos como trabajadores: ¿por qué nuestros ahorros previsionales tienen que estar expuestos a operaciones financieras tan complejas, sobre las cuales los propios afiliados no tienen capacidad de decisión?
El dinero que los trabajadores producen con su esfuerzo termina convertido en materia prima para operaciones financieras cada vez más complejas, mientras su seguridad económica depende de decisiones tomadas por administradoras que manejan miles de millones.
¡Nos dicen que debemos ahorrar durante toda nuestra vida para tener una jubilación digna, pero ese mismo ahorro queda sometido a los vaivenes de los mercados financieros!
NO SON CASOS AISLADOS: ES LA LÓGICA DEL CAPITALISMO
Paraguay, Argentina y Chile tienen realidades económicas, instituciones financieras y sistemas previsionales diferentes. No estamos diciendo que la intervención de un banco sea lo mismo que una caída de rentabilidad de los fondos de pensiones. Pero los tres casos permiten poner sobre la mesa una misma discusión: ¿por qué la seguridad económica de millones de personas debe quedar sometida a decisiones financieras y a intereses que escapan completamente de su control?
Esto no es simplemente un problema de empresarios irresponsables, de algunos ejecutivos corruptos o de políticos que no fiscalizan adecuadamente. Es necesario investigar, sancionar a los responsables y recuperar los recursos comprometidos. Pero también debemos ir a la raíz del problema.
Estamos frente a las contradicciones de un sistema capitalista donde la riqueza se concentra en pocas manos, las decisiones económicas quedan bajo el control de una minoría y la vida de millones depende de negocios financieros orientados a la búsqueda de ganancias privadas.
Cuando hay ganancias, se las reparten. Cuando hay pérdidas, aparecen las explicaciones técnicas, las intervenciones estatales y los discursos sobre la estabilidad del sistema. Pero quienes terminan viviendo la inestabilidad en carne propia son los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.
Y no basta con cambiar a un presidente, reemplazar a un director del Banco Central, modificar algunas normas o encarcelar a determinados ejecutivos. Todo eso puede ser necesario, pero no resuelve el problema de fondo.
Necesitamos cuestionar un sistema donde quienes producen la riqueza no tienen el control sobre ella, donde los ahorros de los trabajadores se convierten en instrumentos de especulación y donde la seguridad económica de las familias depende de decisiones tomadas por quienes concentran el poder financiero.
Los bancos, los grandes recursos financieros y las riquezas que produce el trabajo de millones no pueden seguir siendo instrumentos al servicio de intereses privados. Deben estar bajo control público y democrático de los trabajadores y de la sociedad, con mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas.
No necesitamos simplemente un capitalismo mejor administrado, con empresarios más responsables o políticos que prometan fiscalizar mejor. Necesitamos construir una alternativa donde la economía esté al servicio de las necesidades de la mayoría y no de la acumulación de riqueza de una minoría.
¡Basta de que nuestras vidas dependan de la especulación y de los negocios de unos pocos!
La riqueza la producimos los trabajadores. Tenemos derecho a decidir sobre ella y sobre el futuro de nuestras vidas.
¡Las crisis del capitalismo no pueden seguir siendo la condena de la clase trabajadora!
