EL PORTEÑO
por Marcel Claude y Gustavo Burgos
Tras las contundente victoria plebiscitaria del Apruebo, se ha desatado una implacable ofensiva por parte de los partidos del régimen para usurpar tal triunfo popular. El botín que se disputan desde el poder es el acceso a la Convención Constitucional que en la práctica se han encargado de monopolizar. En efecto, a pesar de que la ley 21.216 establece un limitado sistema para levantar listas de independientes, pero lo establece, en la práctica el SERVEL mantiene hasta hoy paralizado el funcionamiento de tal derecho, negándose a distribuir los formularios para iniciar las campañas. Se trata de un incumplimiento gravísimo que anuncian podría extenderse hasta fines de noviembre, con lo que cualquier campaña de recolección de firmas se torna en meramente ilusoria.
Lo que observamos, en consecuencia, es una ofensiva patronal cuyo objetivo preciso es hacer del proceso constituyente una nueva transición que resuelva —por otros treinta años más— la crisis en beneficio del régimen. El mismo 25 de octubre, en Tolerancia Cero, mientras aún se contaban los últimos votos, las principales figuras presidenciales de la política oficial el PC Daniel Jadue y el impenitente UDI Joaquín Lavín, proclamaron a coro que ahora la tarea era «aislar a los violentistas». Dicho esto en abstracto puede parecer un simple idiotez, sin embargo en concreto tal afirmación hace evidente y explícita la pretensión represiva con que desde las instituciones se aspira a poner fin a las movilizaciones: mediante la represión.
La política de «aislar a los violentistas» expresada a coro por Jadue y Lavín, es un llamado a la represión. Es plantear que el triunfo popular del 80% del Apruebo es un mandato legitimador de la institucionalidad criminal y del Gobierno asesino de Piñera. Porque cuando hablan de «aislar a los violentistas» silencian que lo hacen al alero de un Gobierno que ha asesinado a más de 40 compañeros, que ha mutilado ocularmente a más de 400 y que hasta esta fecha mantiene ilegalmente privados de libertad a más de 2000 presos políticos.
Estos cobardes defensores del orden público se yerguen como policías de un régimen que se cae a pedazos, que ha sido incapaz de adoptar un plan sanitario racional frente a la brutal pandemia del COVID, un régimen responsable de que casi un tercio de la fuerza laboral haya sido expulsada de sus fuentes de trabajo. Esta gente tiene la impudicia de plantear que son las movilizaciones populares las responsables de la crisis, en circunstancias que nunca como ahora se ha hecho más claro que quienes son los responsables de los padecimientos populares son los grandes propietarios de los medios de producción, los grupos económicos, transnacionales y el capital financiero que son los que realmente gobiernan nuestro país.
Todo el arco político del Acuerdo por la Paz —los que lo suscribieron desde Chile Vamos, desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, hasta los que sin suscribirlo se someten a él como el Partido Comunista o la burocracia sindical de la CUT— se dispone a instalarse en la Convención Constitucional. Se disponen a repartirse el botín. Se instalarán en ella gracias a una legislación electoral que les garantiza ocupar los escaños sin ninguna competencia. Se instalarán en ella, por supuesto, a reescribir la Constitución adicionalmente con un quórum de 2/3 que permite anticipar que ninguna transformación democrática, social o política tendrá lugar como resultado de esta Convención. La nueva Constitución no se alejará sustancialmente de la antigua de Pinochet y será la misma dictada desde las tres comunas del Rechazo desde donde en realidad se gobierna Chile.
Debemos hacer con la Convención Constitucional lo mismo que hizo el pueblo al ocupar la Plaza Baquedano y transformarla en la actual Plaza Dignidad. La Convención Constitucional debe ser ocupada igualmente por el pueblo y transformada en Asamblea Constituyente y dirigirse a instaurar un Gobierno de Trabajadores, que haga efectivas las reivindicaciones que han planteado las movilizaciones desde el levantamiento popular del 18 de Octubre de 2019.
Las normas que limitan la participación y que limitan el poder constituyente deben ser desconocidas. Redactar una nueva Constitución, bajo la sombra del art. 135 que obliga a respetar los tratados con el imperialismo y las podridas instituciones del Poder Judicial y las FFAA, es una farsa. Quienes hablan de la «hoja en blanco» y pintan de colores democráticos la Convención como está diseñada, lo hacen para ocultar que tienen sus manos manchadas con sangre. Los que sustentan el Acuerdo por la Paz son nuestros enemigos, quienes hoy día pretenden robarnos la victoria plebiscitaria por secretaría.
Compañeras, compañeros: no podemos dejar las calles, es imprescidible sumarse hoy día a todas las iniciativas de lucha popular: a los barrotazos por la libertad de los presos políticos, a la jornada de protesta convocada para este jueves 12 de noviembre en conmemoración a la gran huelga general del año pasado. Debemos sumarnos a estas expresiones de movilización para extenderlas y profundizarlas. Debemos llevarlas a los centros de trabajo, debemos organizar a los compañeros cesantes y también defender los puestos de trabajo con huelgas y movilizaciones unitarias. Nunca más debemos emprender la lucha en solitario. Nunca más solos.
Por lo mismo, tampoco debemos regalar a nuestros enemigos —la oligarquía y los partidos del régimen— el proceso electoral. Hemos comprobado que desde el SERVEL se conspira para impedir que se levanten listas unitarias de trabajadores. Desde el SERVEL —desde el propio Estado— se conspira para inmunizar el proceso de cualquier intento que apunte a ocupar estos espacios democráticos en defensa de los intereses de la mayoría trabajadora. Defender este derecho, a expresarnos como trabajadores, es parte sustancial del conjunto de la lucha popular y es garantía de unidad y movilización.
La respuesta política a estos problemas la encontraremos en las organizaciones populares y de trabajadores, asambleas, cabildos, ollas comunes. Esta respuesta saldrá igualmente de los compañeros y compañeras de la Primera Línea y del conjunto del activismo que se reclama del proceso revolucionario abierto el 18 de Octubre. Esta respuesta ha de traducirse en la más amplia unidad para la movilización en defensa de nuestros derechos y en reivindicación de las banderas y de los caídos en esta lucha. Contra Piñera y sus asesinos, contra la oligarquía los grupos económicos y el gran capital, contra los partidos del régimen se forjará esta unidad.
