Pedro Albornoz
Comité por una Internacional de los Trabajadores, CIT.
En el actual momento de la vida nacional, dominado por las campañas mediáticas sobre la crisis migratoria, la delincuencia y los casos de corrupción; se ha tomado la agenda la campaña por el próximo plebiscito constitucional.
La compleja situación política nos obliga a realizar un análisis más acabado del reciente período histórico, de las causas fundamentales de la aguda crisis que atraviesa nuestra sociedad, para tratar de comprender ¿cómo es que hemos llegado a este presente tan convulsionado?
El próximo 17 de diciembre se cumplirán 4 años y 1 mes de la rebelión social y política más importante de las últimas décadas, el estallido social de 2019. Cabe señalar que este momento disruptivo abrió una nueva etapa en el desarrollo de la crisis, caracterizada ahora por giros más agudos y cambiantes en el plano político.
Toda esa etapa anterior de la transición donde predominaron los consensos, con dominio de los partidos tradicionales, de las grandes coaliciones, de aparente estabilidad social y económica, ya es parte de un lejano pasado…que, a pesar de las ilusiones de la clase dominante, no volverá.
Una crisis sistémica
Debemos entender que las fuerzas sociales expresadas en el estallido de Octubre no cayeron del cielo, ni fueron una especie de “locura” social temporal o fruto de la manipulación de oscuras fuerzas del mal; como aún cree parte de la casta empresarial y política.
La agitación en la dimensión social y política, los conflictos de las clases y sus partidos… siempre son la expresión de una crisis larvada en la base material de la sociedad; en el desarrollo contradictorio de las fuerzas productivas.
En efecto, en una evaluación histórica de mayor alcance, podemos señalar que las causas radican en el agotamiento y crisis del régimen político y económico instaurado en la dictadura cívico militar; la contrarrevolución triunfante tras aquel 11 de septiembre de 1973. Toda esa herencia de la dictadura fue sostenida y legitimada por los sucesivos gobiernos de la denominada “transición a la democracia”, hasta el presente.
Ya conocemos las consecuencias de este sistema para la mayoría de las familias trabajadoras. La privatización de todos los derechos: salud, pensiones, educación, recursos naturales, etc.; la precarización permanente del trabajo y la vida. Todo a costa de las obscenas ganancias de un puñado de grupos económicos.
Pero este no es solo un fenómeno nacional, si no la expresión de una crisis orgánica del sistema capitalista a nivel global. Este sistema se revela incapaz de responder a las necesidades más básicas de la población, ni al grave deterioro medioambiental y ecológico que nos afecta.
Ascenso y Reflujo del movimiento
Recordemos que, ante el estallido de Octubre y la amenaza de movilización de importantes sectores de la clase trabajadora, la casta política y empresarial llegaron a un rápido acuerdo en Noviembre de 2019 que no solo salvó al gobierno de Piñera; si no al régimen en su conjunto. Allí se abrió un Proceso Constituyente controlado desde arriba.
La ausencia de un genuino partido de la clase trabajadora, de una dirección que planteara una salida revolucionaria en beneficio de las masas, permitió a la casta encauzar la crisis dentro de la institucionalidad. Plebiscitos, elecciones y proceso constituyente; mediante.
La historia nos enseña que la pérdida de estas oportunidades de cambio revolucionario deriva inevitablemente en un reflujo del movimiento de masas. Los sectores más avanzados que inicialmente impulsaron la lucha y arrastraron al resto de la sociedad van quedando aislados, sin dirección ni alternativa a la crisis.
Pero entonces la sociedad no puede sostenerse en permanente movilización y el desconcierto crece, la participación en los cabildos y asambleas territoriales se apaga. La casta comienza a tomar la iniciativa de la situación mientras empieza a predominar el llamado al “orden social”; de esta manera los sectores más atrasados y conservadores levantan cabeza y predominan. Se consolida así, el reflujo temporal del movimiento.
El fracaso del primer proceso constituyente y el posterior triunfo de Republicanos en el Consejo Constitucional son la expresión política de ese reflujo.
Pero el desarrollo de la crisis sigue su curso, la pérdida de legitimidad de las instituciones, de los partidos y el sistema político es colosal. Esto ha reconfigurado las fuerzas en disputa.
La derecha tradicional esta fracturada… sin liderazgo y proyecto político ha abrazado las posiciones más extremas. Este fenómeno de crisis de las élites es internacional. Lo hemos visto en Chile con el ascenso de Republicanos, en Estados Unidos con el fenómeno de Trump y en Argentina con la ultraderecha de Milei; solo por mencionar algunos casos.
Por otra parte, las fuerzas políticas que se planteaban como una nueva izquierda (Frente Amplio) que impugnaba al sistema… rápidamente han capitulado y traicionado su programa. El actual gobierno de Boric ha terminado incorporando a los viejos partidos que criticó, convirtiéndose en una mala versión de la antigua Concertación y Nueva Mayoría. Sigue administrando las viejas las políticas neoliberales, sin dar respuesta a ninguna de las demandas planteadas en Octubre de 2019.
La crisis de las nuevas formaciones de izquierda o “progresistas” surgidas los últimos años también es un fenómeno global. Incapaces de presentar una alternativa real a la crisis sistémica del capitalismo han terminado por administrarlo, intentado darle solo un rostro más humano. Lo hemos visto con partidos como Podemos en España y Syriza en Grecia, por mencionar algunos ejemplos.
Desempleo estructural
Es preciso considerar algunos antecedentes que nos develan las tensiones y magnitud de la crisis incubada en la sociedad.
Tenemos una fuerza laboral de aproximadamente 9 millones de personas, que no se ha recuperado a los niveles de pre pandemia. Según un estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC existiría una situación de emergencia laboral no declarada, donde la tasa oficial de desocupación (9%) está subestimando la gravedad del problema. La Fundación SOL, señala que tras la pandemia se reactivó el mercado laboral, pero los datos muestran que el 44% de los nuevos puestos de trabajo son informales, es decir, sin condiciones mínimas de seguridad social ni estabilidad laboral. ¡Hoy tenemos el mismo nivel de empleo que hace cuatro años atrás, pero con una población en edad de trabajar que tiene 941 mil personas adicionales!
No debemos olvidar, que en su momento la Pandemia significó la pérdida de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo y agudos ataques al nivel de vida de las familias. Lamentablemente las organizaciones sindicales, como la CUT, no plantearon movilización ni respuesta alguna a dicha medidas que cargaron sobre los hombros de los trabajadores el costo de la crisis.
Salarios, Deuda y Desigualdad
Según datos entregados por la Encuesta Suplementaria de Ingresos, Chile registra un considerable atraso salarial. El 50% de las personas que trabajan remuneradamente gana menos de $503 mil mensuales y 2 de cada 3 trabajadores gana menos de $700 mil líquidos. ¡Esta mediana salarial de $503 mil, es menor en más de $22 mil a lo registrado en 2017!
Si consideramos que la línea de la pobreza por ingresos para un hogar promedio de 4 personas, es de $572.269 mensuales; resulta que el 55,3% del total de personas ocupadas en Chile no podría sacar a un hogar promedio de la pobreza.
Según la IX Encuesta de Presupuestos Familiares, se informa que el gasto promedio de los hogares chilenos en las capitales regionales es de 1 millón 451 mil pesos mensuales. Donde el 80 % gasta entre $40 mil a $450 mil más que sus ingresos, en promedio. Lo anterior determina un agudo problema de deuda.
Según la última Encuesta Financiera de los Hogares del Banco Central que analiza datos del año 2021, el 57,4% de los hogares tiene alguna deuda.
La gente endeudada tuvo el mayor aumento en 10 años, con un total de deudores deudores morosos igual a 4.150.000 personas y una deuda promedio mensual de $1.996.867. Es decir, el endeudamiento mensual es 3 veces mayor a los ingresos.
Por otra parte, si nos concentramos en el 0,1% más rico de los hogares chilenos -18.000 personas aproximadamente-, su ingreso per cápita mensual es de 82 millones de pesos. ¡O sea, ahí un hogar de 3 personas está teniendo ingresos mensuales de 250 millones de pesos!
Esta situación de desigualdad tenderá a empeorar a medida que se profundice la crisis recesiva en curso, a nivel global. Sin lugar a dudas, estos son ingredientes explosivos para inevitables estallidos sociales en el futuro.
Un Proceso Constituyente fraudulento
La casta empresarial y política esta intentando por todos los medios descarrilar y contener el proceso. El acuerdo de Noviembre 2019 impidió la realización de una genuina Asamblea Constituyente, con millonarias campañas para boicotear la primera Convención. Tras el triunfo del rechazo en Septiembre de 2022, a espaldas del pueblo se acordó un nuevo proceso fraudulento y completamente dominado por los partidos y el congreso; ¡instituciones sin legitimidad ante la población!
Ahora la situación es muy distinta. El proceso constituyente se pretende dirigir desde arriba, pero el momento constituyente …la energía, ya no está contenida en él. Lo que predomina ahora es una profunda desafección y malestar social, de descrédito de las instituciones; una energía destituyente de rechazo a la casta y al sistema político en general.
En este escenario la elite intenta forzar la aprobación de un texto constitucional que busca consolidar el régimen neoliberal instaurado en dictadura. En términos generales se intentan resguardar los millonarios negocios en todos los ámbitos económicos, a costa de ataques a los trabajadores; cercenando derechos sociales básicos.
La actual propuesta constitucional de Republicanos y Chile Vamos mantiene el sistema de las AFP y las ISAPRE; dejando en la orfandad a los sectores más vulnerables.
Se da rango constitucional al despojo de las AFP contra los trabajadores, un sistema que ha demostrado ser funcional para el sistema financiero y los dueños de las AFP, otorgando pensiones miserables.
En el ámbito de la Salud y Educación resguarda los nichos de negocios del empresariado, precarizando derechos sociales bajo la falsa idea del “derecho a elegir”.
Consagra y profundiza aún más el carácter del “Estado subsidiario” lo cual significa, que el estado no puede crear empresas ni participar en el sistema productivo, salvo donde el sector privado no llegue o no tenga interés.
Ataca el derecho a huelga, restringiéndola solo al período de negociación colectiva.
Limita la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos, por la ambigua redacción del texto constitucional que posibilitaría la criminalización de mujeres y disidencias sexuales.
Determinará que las comunas más pobres tendrán un presupuesto más bajo, ya que dejarían de recibir el pago de impuesto a la primera vivienda. Un 77% de todas las viviendas están exentas de pago, “beneficio” a la medida de los sectores más ricos.
Los pueblos originarios continuarán siendo ignorados y criminalizados, y los migrantes estarían sujetos a expulsiones arbitrarias avaladas por la constitución.
Por último, el texto constitucional plantea que los mayores de 75 años recluidos en la cárcel pueden cumplir sus penas en el hogar, sin discriminar el tipo de delito. Esta norma está redactada expresamente para liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
En la etapa final de campaña los sectores más conservadores por el “A favor” han planteado la próxima votación como un virtual plebiscito sobre el gobierno. Esta es una medida desesperada para intentar sumar apoyo a la propuesta constitucional, considerando que las principales encuestadoras dan una ventaja al “En Contra” que varía entre 10 a 30 puntos porcentuales.
Convulsiones sociales en el horizonte
Pero independientemente del resultado del plebiscito, la crisis seguirá su desarrollo. La inestabilidad social y política será el sello de la nueva época de estancamiento e inflación.
La pérdida de legitimidad de la institucionalidad se acelera, en medio de estériles disputas políticas y crecientes casos de corrupción que afectan a toda la casta. Ésta no es capaz de dar respuestas a la sociedad y todas las bondades de su “democracia representativa” decaen ante los ojos de la población.
A pesar de ello, tanto gobierno como oposición, imperiosamente declaran la necesidad de “cerrar” el proceso constituyente abierto en octubre de 2019. Pero esto es ilusorio, pues el desarrollo de la crisis abrirá inevitablemente nuevas posibilidades a una genuina Asamblea Constituyente en el futuro.
Como hemos explicado, históricamente, los procesos constituyentes se desarrollan en momentos de crisis del régimen capitalista. Es un intento de la clase dominante por defender su sistema, encauzando las fuerzas sociales que se han alzado contra ella. En este sentido el desarrollo de una Asamblea Constituyente puede significar un gran avance para el movimiento obrero, solo si se vincula a la transformación revolucionaria del capitalismo en su conjunto.
En medio de la incertidumbre y las vistosas maniobras de la casta para controlar el actual proceso, un actor ha estado ausente de la escena. Es la clase trabajadora, los pobladores y la juventud.
La crisis que enfrentamos plantea la urgente tarea de avanzar en la reconstrucción del movimiento obrero para entrar en la lucha. Solo de esta forma se podrá incidir en el actual curso de los acontecimientos, combatiendo a la derecha y desenmascarando a la denominada izquierda progresista. De no ser así, se corre el riesgo de que los sectores más conservadores consoliden su posición en los próximos años.
La clase trabajadora necesita tener su voz, un partido de masas que plantee una alternativa revolucionaria al podrido régimen heredado de la dictadura. En este sentido, la derrota de la propuesta constitucional neoliberal puede significar un avance en la reorganización de los oprimidos; para levantar la bandera por un genuino gobierno de los trabajadores que impulse cambios profundos en líneas socialistas.
