25 de enero de 2022 Josh Asker, Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) Gran Bretaña
El inicio de la austeridad supuso una explosión de grupos antirrecortes que hacían campaña para defender los servicios locales en Gran Bretaña. (Foto: Partido Socialista de Waltham Forest)
La pandemia de Covid y sus efectos han profundizado una crisis social ya existente. Asolados por años de recortes y privatizaciones, los servicios públicos han sido incapaces de satisfacer las necesidades de las comunidades de la clase trabajadora. En un periodo en el que los superricos han aumentado aún más su riqueza -el 0,01% de las personas más ricas aumentaron su riqueza en otro 10% el año pasado-, el número de grupos de ayuda mutua despegó.
Las donaciones de tiempo, energía, alimentos y dinero, normalmente de los trabajadores más afectados, y definitivamente no de los súper ricos, se utilizaron para tratar de mejorar los peores síntomas de la crisis. En el momento álgido de la pandemia de Covid se habían creado 4.000 grupos de ayuda mutua. Las personas, muchas de las cuales estaban de permiso, se ofrecieron como voluntarias para entregar alimentos y medicinas a sus vecinos vulnerables o autoaislados.
Entre los grupos había individuos simplemente motivados por ayudar, otros estaban dirigidos por grupos religiosos o habían recibido permiso de los empleadores para participar durante las horas de trabajo. También hay quienes ven sus acciones como algo más político: una minoría que cree que los actos de ayuda mutua desempeñarán un papel fundamental en la transformación de la sociedad.
¿A quién pertenece la riqueza?
Pero un hecho ineludible es que aprovechar la enorme riqueza y los recursos acaparados por la élite capitalista para satisfacer las necesidades sociales requiere una lucha política para transferir la propiedad de esa riqueza de una pequeña minoría a la inmensa mayoría: la clase obrera. Para esa lucha se necesita un partido político de la clase obrera.
Por desgracia, la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales de 2019, y posteriormente la purga de Starmer de los partidarios e influencia de Corbyn, ha tenido un efecto desmoralizador en algunos de los que se habían entusiasmado con su llamamiento de unión «para los muchos, no los pocos». Algunos han perdido, durante un tiempo, la confianza en la posibilidad de construir una fuerza política que luche por los intereses de los trabajadores. Pero un partido político de la clase obrera es necesario ahora más que nunca.
Sin un partido así, en el periodo posterior a la crisis económica de 2008-09, los conservadores y los liberales -con la ayuda de los ayuntamientos laboristas- pudieron infligir brutales medidas de austeridad. El estado del bienestar fue atacado y la contención salarial dio a los trabajadores una parte cada vez menor de la riqueza.
El uso de los bancos de alimentos se disparó. La organización benéfica de alimentos Trussell Trust informa que su red distribuyó 61.000 paquetes de alimentos de emergencia en 2010-11; esta cifra aumentó a 2,5 millones en 2020-21. El número de usuarios de los bancos de alimentos ha seguido aumentando durante la pandemia. Muchos trabajadores que antes estaban empleados con contratos de cero horas perdieron horas, y los millones de trabajadores despedidos perdieron el 20% de su salario.
La cuestión de la pobreza alimentaria quedó aún más patente con la campaña pública del futbolista Marcus Rashford para que las comidas escolares gratuitas se mantuvieran durante las vacaciones escolares, lo que acabó obligando al gobierno a dar marcha atrás. La victoria de Rashford supuso 120 millones de libras de financiación del gobierno. Imagina lo que podría haber ganado un partido político de la clase trabajadora, incluso con relativamente pocos diputados o concejales, llevando a cabo una campaña decidida a favor de las comidas escolares gratuitas y otras medidas.
Austeridad
Los efectos de la austeridad se dejaron sentir con fuerza en la administración local: se habían recortado 16.000 millones de euros de las subvenciones de apoyo a los ingresos de los ayuntamientos. Los recortes y los cierres de servicios dejaron a las autoridades locales especialmente desprevenidas ante las demandas durante la primera oleada de la pandemia. En la Carta de los Trabajadores contra el Coronavirus del Partido Socialista, planteamos la necesidad de que los ayuntamientos utilicen sus recursos existentes para satisfacer las necesidades de las comunidades: «Los ayuntamientos deben coordinar la distribución local de alimentos, medicamentos y otros suministros a las personas vulnerables y necesitadas, con la supervisión democrática de las organizaciones sindicales y comunitarias».
Defendimos, como hemos hecho durante todos los años de austeridad, que los ayuntamientos deberían utilizar sus reservas financieras existentes y sus poderes de endeudamiento para prestar servicios que satisfagan las necesidades de las comunidades. Utilizando estos recursos a corto plazo, se podría movilizar el apoyo popular a las medidas para exigir financiación al gobierno central y, en última instancia, a la clase capitalista.
Los ayuntamientos, tanto laboristas como tories, se negaron a adoptar esta postura. La distribución de alimentos y medicinas se dejó a menudo en manos de las propias comunidades de la clase trabajadora, recurriendo a sus propios y limitados recursos y tiempo, a menudo repartiendo alimentos donados por los propios trabajadores mal pagados.
Estado del bienestar
Los ataques de austeridad contra el estado de bienestar representan la falta de voluntad de los empresarios de seguir renunciando a una parte de sus beneficios en forma de impuestos, para pagar los servicios para la clase trabajadora. El establecimiento de servicios administrados por las autoridades locales y otros aspectos del estado de bienestar fueron históricamente enormes victorias para la clase obrera, ganadas a través de la lucha.
La elección aplastante de un gobierno laborista en 1945 condujo a un programa de reformas que amplió enormemente el estado de bienestar, incluyendo la creación del NHS, la expansión de la educación integral y la construcción masiva de viviendas sociales (véase «La pobreza aumenta. El estado del bienestar en crisis. ¿Necesitamos un nuevo Informe Beveridge?»).
En este período, temiendo el potencial de la lucha de los trabajadores por una «tierra digna de héroes», los capitalistas concedieron enormes reformas. El Estado capitalista, como explicó Marx, existe para vigilar el conflicto de clases inherente a la sociedad capitalista a favor de los empresarios. A menudo lo hace empleando medidas opresivas: enviando a la policía a golpear a los piquetes, etc. Pero también, mediante la concesión de recursos para rebajar los aspectos más agudos de la sociedad de clases, los capitalistas esperan poder mantener la paz social.
En última instancia, las concesiones obtenidas por los trabajadores tras la Segunda Guerra Mundial fueron una gran victoria. Representaban que la clase obrera ganaba una mayor parte de la riqueza de la sociedad en forma de asistencia sanitaria, educación y viviendas sociales.
Pero la situación política y económica de 1945 era diferente a la actual. El final de la guerra había dado lugar a una serie de movimientos revolucionarios en Europa, y los trabajadores no estaban preparados para volver a las condiciones de los años treinta. La Unión Soviética, con su economía planificada burocrática, había salido fortalecida. Al capitalismo, y también a la burocracia soviética, le convenía hacer grandes concesiones para evitar la revolución.
A diferencia de lo que ocurre hoy, tras la destrucción de la guerra, la economía mundial comenzaba un período de crecimiento económico sostenido. La clase capitalista podía seguir obteniendo mayores beneficios y, al mismo tiempo, mantener el estado de bienestar. Eventualmente, en un período de crisis económica, los patrones inevitablemente vendrían a atacar las ganancias anteriores de los trabajadores.
«La sociedad no existe», fueron las famosas palabras pronunciadas por Margaret Thatcher como parte de su asalto ideológico y fiscal al estado del bienestar, continuado posteriormente por Blair, Brown, Cameron y May.
Con Thatcher como su héroe, ¿por qué entonces Boris Johnson declaró desde su aislamiento en Covid en marzo de 2020 que: «Realmente existe la sociedad»? Porque en la agitación de los meses de encierro, la idea de la cohesión social y el mito de que «estamos todos juntos en esto» era absolutamente de interés para Johnson y los jefes que representa.
Johnson no es el único primer ministro tory que alaba los beneficios de la «sociedad» cuando le conviene. En otro periodo de agitación social, tras el crack financiero de 2008-09 y durante los primeros años de austeridad, David Cameron proclamó la «Gran Sociedad», proponiendo cínicamente que las comunidades intervinieran para prestar los servicios cerrados por los recortes. El proyecto de la «Gran Sociedad» de Cameron fue un fracaso. Muchas de las organizaciones e instituciones benéficas que debían expandirse para llenar el vacío de los servicios también se vieron afectadas por la austeridad, perdiendo las subvenciones del gobierno y de las autoridades locales de las que dependía su existencia.
La hipocresía tory
Hoy, como secretario de Estado para la nivelación, Michael Gove está regurgitando la misma idea fracasada al presentar un informe de la bancada titulado: «‘Confiar en la gente’, una llamada de atención para un nuevo conservadurismo impulsado por la comunidad». Los tories esperan ganar apoyo entre los que han intervenido para ofrecer «ayuda mutua» y, al mismo tiempo, atacar el estado del bienestar: recortando 20 libras a la semana del Crédito Universal, manteniendo la presión sobre las autoridades locales y un recorte salarial en términos reales en el sector público.
Simultáneamente, el mismo gobierno tory está reforzando los poderes del estado capitalista para que desempeñe su papel más elemental, como fuerza de defensa de los intereses de los patrones, introduciendo el represivo proyecto de ley de policía y crimen para restringir el derecho a la protesta. La clase dominante anticipa un período de lucha de clases y descontento y se está preparando para esas batallas.
La experiencia de los trabajadores con el acoso policial, el racismo y la misoginia, un sistema judicial sesgado y las sanciones punitivas de las prestaciones sociales dan lugar a la desconfianza y el desprecio hacia el Estado, junto con el apoyo generalizado al NHS y a los servicios locales bien financiados.
Durante el punto álgido de las restricciones de cierre, con la demanda de servicios en su punto álgido y muchos servicios que no funcionaban eficazmente, los grupos de ayuda mutua intentaron llenar los vacíos. Pero no se trataba de que la ayuda mutua pudiera cubrir las necesidades de atención social, por ejemplo, o sustituir al NHS. Sin embargo, otros servicios, como las bibliotecas y los servicios para jóvenes, han pasado a manos de voluntarios como consecuencia de los recortes del ayuntamiento. También en estos servicios es necesario seguir exigiendo profesionales bien pagados y organizados por los sindicatos para prestar un servicio de calidad.
El control de los servicios municipales y de los cuantiosos presupuestos de los ayuntamientos no puede dejarse en manos de los concejales que siguen con la privatización, la externalización y los recortes. Es necesario desafiarlos, incluso en las urnas, con candidatos dispuestos a luchar por los servicios de alta calidad que necesitamos.
Un ayuntamiento dispuesto a utilizar sus poderes de endeudamiento financiados por las reservas a corto plazo, podría, por ejemplo, invertir en la construcción de instalaciones asistenciales de alta calidad gestionadas por el ayuntamiento para satisfacer las necesidades de su población vulnerable. Pagando a los cuidadores un mínimo acordado por los sindicatos de al menos 15 libras a la hora, se podría superar la escasez de personal y la mala atención que sufren los servicios de cuidados municipales privatizados y con pocos recursos. Se podría introducir una evaluación más favorable de las necesidades de atención para garantizar una atención decente y asequible para todos.
Este es sólo un ejemplo de las medidas que podría tomar un ayuntamiento, dirigido por concejales dispuestos a luchar contra el gobierno por la financiación, para transformar los servicios locales y la vida de las personas. Una postura así ganaría un apoyo masivo de la población, aumentaría la presión sobre otros ayuntamientos para que siguieran su ejemplo y sobre el gobierno para que concediera la financiación.
La supervisión democrática de los servicios públicos está en constante declive. Los grupos de comisión clínica del SNS, sujetos a un escaso control público, van a desaparecer como parte del proyecto de ley de salud y asistencia. La academización de las escuelas reduce la influencia de los directores elegidos. La privatización de los servicios reduce la influencia de los políticos elegidos sobre su gestión.
Los servicios locales transformados, dotados de todos los recursos por un consejo que actúe en interés de la clase trabajadora, podrían ser gestionados por comités formados por representantes elegidos de los usuarios de los servicios, los sindicatos de trabajadores y la comunidad en general para decidir la mejor manera de asignar los recursos y gestionar los servicios. Sujetos a la revocación de los que los eligieron y sin privilegios materiales, los representantes elegidos tendrían que rendir cuentas. Estos organismos podrían desempeñar un papel importante a la hora de determinar un plan nacional basado en las necesidades de las comunidades obreras.
En 1945, la expansión del Estado del bienestar demostró muchos de los beneficios de los servicios planificados y dotados de recursos a nivel nacional. La primera fase de la vacunación Covid en Gran Bretaña, que tuvo un gran éxito, fue consecuencia de un NHS público y coordinado a nivel nacional, en contraste con el fracaso de la prueba y el rastreo privatizados. Pero el gobierno laborista de 1945 no dio un control democrático exhaustivo a los trabajadores y las comunidades. Y al no poner fin al sistema de beneficios capitalista, los empresarios siguieron en su sitio para recuperar lo que habían dado.
En respuesta a la pandemia de Covid, el gobierno tory llevó a cabo un gasto sin precedentes para apuntalar el sistema capitalista y proteger los beneficios. Pero el capitalismo británico en crisis no puede permitirse concesiones duraderas. El gobierno ya está tratando de recuperar ese gasto, poniendo fin a los permisos y reduciendo el Crédito Universal, por lo que se pide a la clase trabajadora que pague.
¿Quién paga por Covid?
La tarea central y más inmediata a la que se enfrentan las organizaciones de trabajadores, incluidos los sindicatos, es luchar para garantizar que los trabajadores no tengan que pagar por Covid a través de los recortes de servicios o la inflación. Los trabajadores ya están ejerciendo su poder a través de huelgas y amenazas de huelga, consiguiendo aumentos salariales por encima de la inflación. Algunos, como el personal subcontratado del NHS que trabaja para Serco en el este de Londres, están combinando su lucha salarial con la exigencia de volver a formar parte del NHS público.
Pero las luchas de estos trabajadores y de otros se verían reforzadas por un partido político que luche por los intereses de la clase trabajadora y que plantee un serio desafío a la riqueza de la patronal, que es por lo que lucha el Partido Socialista. Al presentarnos a las elecciones como parte de la Coalición Sindicalista y Socialista (TUSC), esperamos que esto sea un primer paso hacia la construcción de un nuevo partido de masas de la clase obrera (ver página 3).
Para preparar las elecciones locales de mayo, la TUSC ha estado organizando reuniones de Presupuestos Populares, reuniendo a sindicalistas, activistas locales y socialistas para elaborar presupuestos municipales basados en las necesidades de nuestras comunidades. Los grupos de ayuda mutua son algunos de los que han sido invitados a participar. Y se anima a aquellos que estén dispuestos a suscribir las políticas básicas de TUSC contra los recortes a que se unan a nosotros.
La pandemia ha dejado al descubierto la insufrible desigualdad y las penurias, que se han enfrentado a la solidaridad de la ayuda mutua y al apoyo popular masivo a las luchas de los trabajadores clave. Ganar un futuro con servicios públicos totalmente financiados y el fin de la desigualdad significa luchar políticamente para desafiar la riqueza acaparada por los súper ricos. Únete a nosotros en la construcción de un nuevo partido obrero de masas que se encargue de esa lucha.
