El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional al aborto. Esto representa el mayor ataque a los derechos de las mujeres en Estados Unidos en los últimos 50 años y ha sido recibido con protestas de decenas de miles de personas en todo el país. Escribe CHRISTINE THOMAS.
[Este artículo ha sido extraído de Socialism Today -La revista mensual del Partido Socialista Británico (CIT en Inglaterra y Gales)]
Christine Thomas
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional al aborto. Las decisiones quedarán ahora en manos de cada estado, de los cuales al menos 13 ya tienen «leyes gatillo» listas para prohibir el aborto. El aborto podría llegar a ser ilegal en la práctica en más de la mitad de los estados de Estados Unidos, afectando a 36 millones de mujeres, según Planned Parenthood. Y serán las mujeres de la clase trabajadora y de las minorías étnicas, que no tienen recursos para viajar cientos de kilómetros hasta los estados en los que todavía es posible abortar, las que más sufrirán. La abrumadora mayoría de quienes busquen el aborto serán mujeres, aunque, por supuesto, otros grupos se verán afectados por los ataques al aborto y a los derechos reproductivos en general. Como explicó un portavoz del Instituto Guttmacher, favorable al aborto: «La típica paciente que aborta tiene más de 20 años, no tiene mucho dinero y tiene uno o más hijos». El 61% de los abortos se practican a mujeres pertenecientes a minorías.
En algunos estados, las leyes preparatorias se han redactado de forma tan draconiana que no sólo penalizan el desplazamiento a otro estado para acceder al aborto o la adquisición de la píldora abortiva, sino incluso el acceso a la anticoncepción del DIU. Las mujeres se verán obligadas a seguir adelante con embarazos no deseados, a criar hijos que no pueden pagar y a poner su vida en peligro. Estados Unidos ya ocupa el puesto 36 de los 38 países de la OCDE en cuanto a mortalidad materna: 23,8% por cada 100.000 nacidos vivos, por detrás de Chile y Turquía; en el caso de las mujeres negras no hispanas la tasa es el doble. En 2020, 861 mujeres en Estados Unidos perdieron la vida durante o inmediatamente después del embarazo. Criminalizar el aborto empeorará mucho esta situación. Ya hemos visto en Polonia incidentes de mujeres embarazadas que han muerto porque se les ha negado un aborto que les habría salvado la vida. O en El Salvador, donde cientos de mujeres han sido encarceladas durante décadas por tener un aborto espontáneo: una oscura visión de lo que podrían enfrentar las mujeres en Estados Unidos.
¿Cómo se ganó Roe?
Entender cómo se ganó el derecho al aborto en EE.UU. es importante para construir un movimiento hoy que pueda derrotar este actual ataque vicioso contra los derechos reproductivos de las mujeres. Roe fue una victoria histórica que transformó la vida de muchas mujeres, producto de movimientos de masas y de una sociedad en ebullición. El terreno se había preparado a través de las valientes y decididas batallas que las organizaciones de mujeres habían librado a nivel estatal y local durante muchos años, y que dieron como resultado leyes de aborto más liberalizadas en unos once estados antes de la sentencia Roe. La ilegalidad no había impedido que se produjera el aborto, simplemente se producía en condiciones inseguras y clandestinas, especialmente para las mujeres más pobres que no podían pagar a los médicos a los que tenían acceso las mujeres ricas. Se calcula que antes de Roe se practicaban un millón de abortos ilegales al año, lo que provocaba la muerte de unas 5.000 mujeres, y muchas más quedaban heridas y mutiladas de por vida.
Garantizar el acceso legal y seguro al aborto era claramente una cuestión sanitaria candente: una cuestión de vida o muerte, de hecho, para miles de mujeres. Pero también se trataba del derecho de las mujeres a tener el control sobre su propia reproducción y sexualidad, a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo sin la interferencia o coacción del Estado, la Iglesia o las parejas masculinas, y a no verse limitadas en sus opciones vitales por embarazos no deseados.
Las expectativas de las mujeres fueron cambiando a medida que entraban en las universidades y en la fuerza de trabajo en un número cada vez mayor en el período de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres volvieron del frente, las mujeres fueron sometidas a un bombardeo propagandístico que ensalzaba las virtudes de la maternidad y la domesticidad, lo que provocó que unos tres millones de ellas fueran expulsadas de la fuerza de trabajo. Pero mientras que en 1950 sólo el 34% de las mujeres trabajaban fuera del hogar, en 1970 esa cifra había aumentado al 43%; y a finales de la década más de la mitad trabajaba. A medida que alcanzaban una mayor independencia económica, la confianza de las mujeres crecía y empezaban a desafiar el sexismo, la discriminación y la desigualdad de género a los que se enfrentaban en la educación, el trabajo, la familia y en toda la sociedad. Empezaron a comprender que los problemas que sufrían no eran personales y específicos de ellas, sino compartidos por muchas otras, y que a través de la lucha colectiva se podía hacer algo al respecto.
Este fue el telón de fondo del estallido del movimiento feminista de finales de los 60 y principios de los 70, y la victoria de Roe se logró cuando ese movimiento estaba en su apogeo. Las tácticas y las reivindicaciones de las distintas corrientes del movimiento eran diferentes: organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres (NOW) se concentraban en el cambio legislativo para acabar con la discriminación, mientras que otras implicadas en el Movimiento de Liberación de la Mujer promovían reivindicaciones más radicales. Y es evidente que había puntos débiles, sobre todo el carácter de clase media blanca de sus dirigentes. Pero fueron capaces de movilizar a decenas de miles de personas a través de protestas y acciones directas, y su desafío al sexismo, a la discriminación y a los roles tradicionales de género tuvo un impacto duradero en las actitudes sociales, además de ayudar a asegurar el cambio legal.
Lo más importante es que el movimiento de las mujeres surgió en un momento de mayor radicalización en toda la sociedad estadounidense, como el movimiento por los derechos civiles, las protestas masivas contra la guerra de Vietnam y la ola de huelgas más combativa en los centros de trabajo desde la inmediata posguerra, que supuso la sindicalización de las trabajadoras en el creciente sector público. También se inspiraron en los movimientos revolucionarios internacionales, como el de mayo de 1968 en Francia y las luchas por la liberación de la explotación y la opresión imperialistas en el mundo colonial.
Con este explosivo telón de fondo, la clase política estadounidense, representante del capitalismo en su conjunto, estaba dispuesta a conceder algunas reformas sociales en un intento de evitar un desafío más amplio a su sistema. Así, se consiguió el derecho al aborto a pesar de un Tribunal Supremo repleto de jueces nombrados por los republicanos y de un presidente republicano socialmente conservador, Richard Nixon, que se oponía personalmente al aborto.
Por supuesto, con el nivel de revuelta social de la época, se podría haber conseguido mucho más. Pero al no existir un partido de izquierdas de masas que pudiera coordinar y dirigir los movimientos sociales e industriales, y orientarlos en una dirección anticapitalista y socialista, el movimiento decayó inevitablemente y no se aprovechó todo su potencial. Cuando el auge de la posguerra dio paso a un periodo de crisis económica y a la «contrarrevolución» neoliberal para restaurar la rentabilidad capitalista a expensas de la clase trabajadora, los trabajadores y los grupos oprimidos no tenían ningún partido político que pudiera luchar eficazmente por sus intereses, contra los de las grandes corporaciones defendidas tanto por el partido republicano como por el demócrata.
La larga marcha atrás
Anular Roe ha sido el objetivo último de los antiabortistas desde que se dictó la sentencia hace casi 50 años. Pero se ha tratado de mucho más que la tan citada «santidad de la vida» y los «derechos del niño no nacido». El aborto se convirtió en el factor central y unificador que unía a la derecha cristiana y a quienes pretendían frenar el cambio de actitudes sociales que se produjo tras los movimientos de protesta social de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Los avances sociales conseguidos por las mujeres y las «minorías sexuales» amenazaban a la familia tradicional, que los conservadores consideran la base de la sociedad. El aborto y la anticoncepción, según ellos, socavan el papel divino de la mujer como portadora y criadora de hijos. Junto con un acceso más fácil al divorcio, el argumento es que fomentan la promiscuidad y aumentan la ruptura familiar, lo que conduce a la inestabilidad social. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para apuntalar la familia como institución social y defender los roles de género tradicionales.
Fue a partir de la década de 1970 cuando la derecha cristiana se volcó en el activismo político, dirigiéndose al partido republicano, donde buscaban conseguir candidatos socialmente conservadores y contrarios al aborto en todos los niveles. El partido dependía cada vez más de los votos que la «Nueva Derecha» podía movilizar en época de elecciones, y fueron cruciales para la elección como presidente en 1980 de Ronald Regan, que se presentó con una plataforma antiabortista.
Tres años después de Roe, la primera gran victoria de los antiabortistas se produjo con la aprobación de la «enmienda Hyde», que prohibía la financiación federal de los abortos. Firmada por el presidente demócrata Jimmy Carter, negaba de hecho el derecho al aborto a las mujeres más pobres sin seguro médico. Joe Biden, senador de Delaware en 1973, votó a favor de la enmienda.
Cuando tanto Reagan como George Bush padre no lograron satisfacer a los antiabortistas una vez en la presidencia, principalmente por el miedo a la reacción que crearía un ataque frontal a Roe, a finales de los años 80 y 90 la organización antiabortista «Operación Rescate» recurrió a la espectacular y mediática «desobediencia civil» y a la acción directa. Esto incluía piquetes, bloqueos y bombas incendiarias en clínicas de aborto, y acoso y hostigamiento a pacientes y personal de las clínicas, incluyendo el asesinato de médicos que realizaban abortos. Cuando quedó claro que estas tácticas extremas eran contraproducentes, alienando a los antiabortistas más «moderados» y perjudicando a los republicanos, las tácticas empezaron a centrarse más en la aplicación de restricciones y obstáculos a nivel local y estatal que dificultaran el acceso de las mujeres al aborto, reduciendo gradualmente los derechos reproductivos. La sentencia «Casey» del Tribunal Supremo de 1992 allanó el camino para ello, al permitir a los estados introducir restricciones siempre que no impusieran una «carga indebida» a las mujeres que quisieran abortar.
Así, en Mississippi, por ejemplo, el estado más pobre de EE.UU., cualquiera que quiera abortar ha tenido que hacer dos visitas distintas a una clínica que puede estar a cientos de kilómetros de su casa. Otros estados han obligado a las mujeres a someterse a escáneres de «latidos fetales» o han introducido onerosas regulaciones que obligan a las clínicas a realizar costosos e innecesarios ajustes estructurales, o a verse obligadas a cerrar. Entre 2012 y 2020, un tercio de todas las clínicas de aborto de Estados Unidos cerraron. El año pasado se propusieron 600 restricciones al aborto en las legislaturas estatales, 90 de las cuales se convirtieron en ley, más que en cualquier año desde Roe.
Las contradicciones de la época
EE.UU. tiene sus propias características sociales y políticas, pero no es el único país donde el derecho al aborto ha sido atacado recientemente. En 2021, el gobierno derechista polaco de Ley y Justicia (PiS) endureció severamente los ya restrictivos límites a las interrupciones del embarazo – criminalizando de hecho el aborto en casi todos los casos – provocando protestas masivas. El derecho al aborto también se ha limitado en Brasil y otros países. Sigue siendo totalmente ilegal en 24 países de todo el mundo, y en 37 sólo se puede practicar si la vida de la mujer está en peligro. A nivel internacional, los abortos inseguros matan a unas 47.000 mujeres cada año. Sin embargo, al mismo tiempo, se han conseguido importantes victorias legales sobre el derecho al aborto gracias a los movimientos sociales, con las mujeres a la cabeza, en Irlanda y Argentina, por ejemplo, así como en Uruguay, Colombia y México.
Estas tendencias aparentemente contradictorias reflejan procesos globales, especialmente desde la «Gran Recesión» de 2007-08, que han erosionado drásticamente la confianza en las instituciones capitalistas, la ideología y los partidos políticos del establishment que las sostienen. El enorme abismo entre las élites ricas y los pobres y «rezagados», la incertidumbre y el miedo al futuro que generó la crisis económica, provocaron la búsqueda de una política alternativa, más radical, con muchos, especialmente los jóvenes, mirando a la izquierda – de ahí el apoyo inicial masivo a Bernie Sanders en los EE.UU., Jeremy Corbyn en Gran Bretaña, Syriza en Grecia, Podemos en España, etc. Muchos de los movimientos iniciados por las mujeres a nivel internacional en los últimos años -por la legalización del aborto, contra la violencia hacia las mujeres, para protestar contra el acoso sexual y el sexismo en general- han surgido de este estado de ánimo radicalizado, con la rabia por la desigualdad económica desbordándose para desafiar todas las formas de desigualdad e injusticia.
Pero al mismo tiempo, en algunos países las fuerzas populistas de derechas se han convertido en los beneficiarios electorales de la ola antisistema, ayudadas por los antiguos partidos obreros de masas que se han convertido en parte del establishment capitalista, y por las nuevas fuerzas radicales que no han conseguido traducir su apoyo en una alternativa política organizada que pueda desafiar al capitalismo.
El «antifeminismo» y la retórica misógina de Jair Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos no reflejan las actitudes sociales en general, y su elección como presidentes desató protestas masivas en ambos países por parte de las mujeres, temerosas de los graves ataques que se avecinan a sus derechos duramente conquistados. No obstante, Trump y Bolsonaro fueron capaces de movilizar a los grupos religiosos, especialmente a los cristianos evangélicos, en torno a un programa socialmente conservador que prometía restricciones al aborto y a los derechos del colectivo LGBTQ+, y aprovechó los temores de un sector minoritario de la sociedad que buscaba volver a las viejas certezas en un mundo rápidamente cambiante e incierto. Trump recompensó a su estrecha pero crucial base social nombrando a tres jueces antiabortistas para el Tribunal Supremo, lo que dio lugar a la actual mayoría conservadora de seis a tres.
Envalentonados, los antiabortistas presionaron aún más, poniendo a prueba los límites legales y políticos. Cuando en 2021 Texas aprobó la infame y draconiana ley SB8, que prohíbe el aborto una vez que se escucha el «latido del corazón del feto» -sin exenciones para las mujeres que se quedan embarazadas por incesto o violación, y que permitiría a los «cazarrecompensas» emprender acciones legales contra cualquier persona que lleve a cabo una interrupción del embarazo de forma ilegal o que la ayude-, el Tribunal Supremo se negó a bloquearla. Se trata de una ley de Misisipi aprobada en 2018, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, y que ahora el Tribunal Supremo ha fallado a favor, eviscerando Roe V Wade.
Una base social poco profunda
Sólo una pequeña minoría de estadounidenses apoya la prohibición total del aborto: alrededor del 60% cree que debería ser legal en «todas o la mayoría» de las circunstancias. Y la mayoría de la clase capitalista no tiene ningún interés en ir en contra de este estado de ánimo general; al contrario, temen las consecuencias que podría desencadenar la anulación de Roe. Sin embargo, la clase capitalista no es un bloque homogéneo, sino que está dividida en diferentes alas, con intereses a veces conflictivos que también encuentran su reflejo en las instituciones capitalistas; y este conflicto se agudiza en períodos de crisis económica y social. Así que, aunque en última instancia el Tribunal Supremo defiende el sistema capitalista, la decisión de anular Roe podría provocar un movimiento contrario que amenace los intereses generales de la clase capitalista estadounidense. Este es sólo uno de los costes de la llegada al poder de un presidente populista y de la crisis de representación política que la inestable crisis económica y social del capitalismo ha engendrado.
Los «valores familiares» tradicionales promovidos por la derecha religiosa pueden desempeñar a veces un cierto papel ideológico, y el capitalismo ciertamente se beneficia enormemente a nivel económico del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Pero aunque se ha producido un pequeño descenso en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo desde Covid, su participación sigue siendo de alrededor del 54,5% – frente al 65,7% de los hombres – y ciertamente no hay ningún esfuerzo concertado para empujar a las mujeres de vuelta al hogar. Por el contrario, la explotación de las trabajadoras más baratas sigue siendo una importante fuente de beneficios capitalistas.
La mayoría de la clase capitalista quiere un entorno económico, social y político estable en el que obtener esos beneficios. Entienden que, en una situación de crisis económica, los movimientos sociales pueden ir rápidamente más allá del tema «desencadenante» inicial para convertirse en un pararrayos del creciente descontento de la sociedad. Esto es lo que ocurrió en Polonia en 2020, cuando a las mujeres que protestaban por decenas de miles contra el ataque del Tribunal Constitucional al derecho al aborto se unieron manifestantes LGBTQ+, mineros, agricultores y otros grupos enfadados con la austeridad y la gestión gubernamental de la pandemia de Covid.
Además, fallar en contra de Roe no aplacará a la derecha conservadora y religiosa, sino que abrirá su apetito para revertir otros logros sociales. El fallo del Tribunal Supremo se ha basado en que, dado que Roe se apoya en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a la intimidad, es legalmente defectuoso. En teoría, esto podría abrir la puerta a anular también el derecho a la anticoncepción, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio interracial y la ley sobre el sexo consentido, todos ellos basados en la misma enmienda constitucional. Los estados de EE.UU. ya están tomando cada vez más sus propias decisiones en materia de inmigración, derechos de los homosexuales y otras cuestiones sociales. La anulación de Roe dará un nuevo impulso a la creciente fragmentación del Estado-nación estadounidense, además de socavar aún más la confianza en instituciones estatales capitalistas como el Tribunal Supremo.
El camino a seguir
El derecho al aborto puede ser defendido y ampliado en los Estados Unidos hoy en día. Pero eso requiere ampliar la lucha desde la recaudación de fondos y la ayuda mutua -ambas, por supuesto, necesarias- hasta la construcción de un movimiento de masas combativo, con raíces en los lugares de trabajo, las comunidades, las universidades, las escuelas, etc.; un movimiento que establezca vínculos con otros movimientos por la justicia social, especialmente las luchas de los trabajadores en los lugares de trabajo contra los bajos salarios y la explotación.
Desde Roe en adelante ha quedado claro que cualquier movimiento de defensa del derecho al aborto no puede limitarse únicamente al cambio legislativo, lo que desgraciadamente ha sido el planteamiento de ONGs como Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice America, etc. que se han colocado a la cabeza del movimiento pro-choice. El derecho constitucional al aborto no ha impedido que se deniegue a las mujeres la interrupción del embarazo, incluso por razones de coste. Nunca ha sido gratuito en Estados Unidos, y las mujeres pueden llegar a pagar hasta 500 dólares por una interrupción, sin contar los gastos de viaje y de cuidado de los niños, ni la pérdida de salario por la baja laboral. Por tanto, el derecho legal al aborto debe combinarse con la exigencia de un seguro médico gratuito para todos que cubra el coste total del aborto y de clínicas locales accesibles.
La capacidad de elección debe extenderse a todos los aspectos de los derechos reproductivos de las mujeres. Además del aborto gratuito a demanda, esto debería incluir un acceso fácil a la anticoncepción mediante una financiación pública adecuada de las clínicas de salud reproductiva y de la mujer, y un control público democrático de la industria farmacéutica y otras industrias relacionadas para garantizar que los métodos anticonceptivos disponibles sean seguros y satisfagan las necesidades de las mujeres. Las clases de sexo, salud y relaciones en las escuelas deberían ser controladas democráticamente por representantes del personal y de los sindicatos de estudiantes para garantizar una educación inclusiva y sin prejuicios, libre de prejuicios y fanatismos.
«Pro-choice» debería significar también el derecho a dar a luz y criar a los hijos sin pobreza ni limitaciones sociales. Por lo tanto, el movimiento por el derecho al aborto debería combinarse con la campaña por reivindicaciones tales como una red gratuita y flexible de guarderías de calidad, financiadas públicamente y controladas democráticamente; puestos de trabajo reales para todos con al menos un salario mínimo decente; el derecho a un trabajo flexible y a un permiso de maternidad y paternidad adecuadamente remunerado; vivienda y transporte públicos de calidad; etc.
El ataque a Roe coincide con el mayor ataque a los niveles de vida de la clase trabajadora en 40 años. Con la inflación en alza, se plantea claramente la posibilidad de reforzar la lucha por la defensa y la ampliación del derecho al aborto vinculándola con la lucha obrera y sindical por salarios, empleos y condiciones dignas. Ante un movimiento de masas unido, se podrían ganar reformas como en los años 70.
Sin embargo, como estamos viendo con Roe, las reformas ganadas también pueden ser arrebatadas de nuevo. Muchas organizaciones a favor del aborto han buscado la elección de políticos y funcionarios demócratas para impulsar su causa a nivel local, estatal y federal. Ahora están concentrando la mayor parte de su fuego en conseguir que los demócratas sean elegidos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Sin embargo, los demócratas han fracasado sistemáticamente en la introducción de legislación que hubiera respaldado a Roe y evitado el actual ataque del Tribunal Supremo, incluso cuando tenían el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Además, como partido de las grandes empresas, se han resistido a cualquiera de las reformas económicas y sociales necesarias para que la «elección» sea una realidad para las mujeres de la clase trabajadora en particular. Por lo tanto, para conseguir logros duraderos para las mujeres habría que romper con las ilusiones del Partido Demócrata y luchar por la formación de un tercer partido independiente, basado en el movimiento obrero, que pudiera aunar las luchas en los lugares de trabajo y los movimientos sociales por los derechos de las mujeres, los derechos de los LGBTQ+, contra el racismo y la destrucción del medio ambiente, etc., y ofrecer una alternativa socialista al sistema de beneficios capitalista que permitiera a la clase trabajadora y a los oprimidos elegir y controlar realmente todos los aspectos de sus vidas.
