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A cinco años del estallido social

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Jano Ramírez

A cinco años del estallido social – Cómo el abuso y la corrupción siguen gobernando


Este octubre se cumplen cinco años desde la rebelión popular del 18 de octubre de 2019. Cada año, al llegar esta fecha, conmemoramos el estallido social, y con ello surge la necesidad de hacer un análisis de la situación actual. Al revisar el panorama, nos enfrentamos a una realidad difícil de negar: poco ha cambiado para el beneficio de la población. De hecho, el nivel de vida de la gente sigue empeorando.

Este último año ha estado marcado por un cinismo y descaro crecientes entre las élites del país, quienes han sido sorprendidas en reiterados escándalos de corrupción. El caso Hermosilla, que reveló una trama de fraudes millonarios, es solo un ejemplo más del abuso al que la población es sometida mientras la élite sigue enriqueciéndose. Lo más indignante es que estos actos no son destapados por el funcionamiento de las instituciones, sino por investigaciones periodísticas o filtraciones. Esta dinámica deja al descubierto una estructura corrupta que no parece tener límites, mientras el pueblo sigue soportando aumentos de tarifas y peores condiciones de vida.

Los cortes de electricidad, que afectaron a cientos de hogares en los últimos meses, se han vuelto otro símbolo de este abuso. A pesar de la precariedad de los servicios, las tarifas eléctricas continúan subiendo, afectando directamente a quienes ya están más vulnerables. Es inconcebible que en un contexto donde las familias apenas pueden solventar sus necesidades básicas, se les siga golpeando con alzas en los costos de servicios esenciales como la luz.

En medio de este panorama de injusticia, también es fundamental recordar que fueron las y los estudiantes quienes encendieron la chispa del estallido social, levantando la voz contra las elites. No obstante, en áreas clave como la educación, el abuso sigue presente. El caso de Marcela Cubillos, quien recibía 17 millones de pesos por dictar clases que ni siquiera impartía en la Universidad San Sebastián, es solo una muestra más de la corrupción enraizada. ¿Cómo podemos olvidar la humillación de escuchar «levántense más temprano para pagar menos en el metro» o que «comprar flores era más barato» mientras las élites continúan embolsándose millones?

Otro capítulo oscuro que sigue sin justicia es la sistemática violación de los derechos humanos durante el estallido social. A cinco años de las protestas, miles de personas siguen esperando justicia. Los abusos policiales, la represión brutal y las violaciones de derechos humanos no han tenido respuestas. Las heridas que dejó el estallido, tanto físicas como emocionales, permanecen abiertas. Sin castigo para los responsables y sin reparación para las víctimas.

El estallido social de octubre de 2019 fue una respuesta a décadas de abusos, desigualdades y opresión. Era cuestión de tiempo que la gente saliera a las calles para protestar. Hoy, cinco años después, la frustración no ha desaparecido, y lo más preocupante es que, lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Las deudas se han incrementado, la desigualdad es más evidente, y la rabia que en 2019 llevó a la gente a luchar sigue latente, acumulándose día a día.

Es inevitable pensar que, más temprano que tarde, el pueblo volverá a las calles. Pero esta vez, la lucha debe tener un rumbo claro. Debemos buscar no solo el fin de los abusos, sino cambios profundos en nuestra sociedad. Es hora de que seamos la gente de a pie quienes, de manera democrática, planifiquemos las políticas necesarias para erradicar la pobreza y terminar con este capitalismo salvaje que sigue despojando al pueblo de sus derechos más básicos. Solo así podremos construir un país más justo, donde los intereses de unos pocos no sigan imponiéndose sobre las necesidades de la mayoría. 

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