Por Alejandro Tena – Público.es
El desastre ambiental por el vertido de 6.000 barriles de crudo en las costas peruanas ha desatado una crisis entre la multinacional petrolera y el Gobierno peruano, que se plantea retirar las concesiones a la empresa. De fondo, el mayor ecocidio recordado con miles de aves y peces muertos.
«Lo que he visto es la destrucción completa de los ecosistemas. Ahí ya no vive nada y no vivirá nada durante mucho tiempo», dice Giuliano Ardito, biólogo peruano especializado en gestión de riesgos de desastres ambientales que, durante los últimos días, ha trabajado en algunas de las zonas afectadas por el derrame de crudo a las costas del Pacífico por parte de Repsol. «Las aves mueren cubiertas de petróleo. Otras tratan de volar, pero no pueden y se limpian con su pico intoxicándose. El alimento también está contaminado; toda la red y todas las especies que dependen de este entorno están condenados», describe.
Tras los diez primeros días del vertido accidental, la mancha de petróleo que brotó de la refinería de La Pampilla (Callao) ya abarca más de 7 kilómetros de océano y contamina cerca de 2 kilómetros de playa, donde por el momento se concentran la mayor parte de las labores de limpieza. Ardito recuerda mientras habla con Público el desastre del Prestige en las costas gallegas y, desconcertado, alude al largo periodo de recuperación: «Los efectos de eso que ustedes llamaban chapapote seguirán estando presentes durante mucho tiempo. Desconozco cuánto tardará en recuperarse del todo el ecosistema, pero hablamos de una sustancia que contiene metales pesados y que, por tanto, tiene efectos mutagénico».
El crudo adherido en la arena y las rocas no es una mera alteración estética del paisaje. Retirarlo del todo es un paso importante, pero la presencia del elemento quedará diluida en las profundidades del Pacífico durante mucho tiempo, tal y como indican algunas investigaciones científicas realizadas sobre los impactos a la larga de otros desastres similares como el del Deepwater Horizon en la costa del Golfo de México en 2010. Diez años después de aquel accidente que dejó el mayor vertido de crudo documentado, el 55% de algunas de las especies que habitaban en la zona seguían padeciendo enfermedades pulmonares asociadas al contacto con el crudo, según una investigación de la Federación Nacional de Vida Silvestre.
Otra publicación científica de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) estima que los daños ecológicos a gran escala tras el derrame de crudo del Exxon Valdez en 1989 y el vertido del Hebei Spirit en 2007 pueden persistir al menos durante veinte años. Los investigadores citaban impactos prolongados en el tiempo en la calidad de los corales, la contaminación de las ostras para consumo humano, la reducción de población de delfines, tortugas y aves marinas, así como los daños en los humedales de costa.
Estas referencias son sólo algunas de las ya evidenciadas por los constantes vertidos y derrames provocados por una economía dependiente de los combustibles fósiles. «Todo esto tiene consecuencias socioeconómicas importantes», dice el biólogo peruano, haciendo hincapié en que esa idea de red ecosistema también incluye al ser humano que depende de los valiosos recursos pesqueros de la zona, además de la atracción turística de las playas que, cubiertas de petróleo, afrontan la recta final del verano.
Los focos sobre Repsol
Los daños causados, que cada día parecen acrecentarse, han dejado un clima de tensión importante entre el Gobierno peruano de Pedro Castillo y la multinacional española Repsol, cuya filial lleva operando en la refinería de La Pampilla desde 1996.
El Ejecutivo, que ha aprobado este lunes la declaración de emergencia ambiental,está estudiando qué medidas legales puede tomar contra la multinacional y se plantea suspender la concesión que le permite trabajar en una de las mayores refinerías petroquímicas del país latinoamericano, según ha podido saber Público. La controversia gira en torno a la reacción tardía de la empresa y a los malos cálculos sobre las dimensiones del desastre, algo que los expertos consideran podría ser clave para entender las dimensiones de la catástrofe ambiental. Ricardo Giesecke, exministro de Medio Ambiente de Perú durante el Gobierno de Ollanta Humala, tilda los hechos de «vergüenza» y asegura a este diario que bajo su punto de vista «lo más ecuánime y simple sería suspender el permiso de operaciones, al menos hasta que no estén todas las cosas en su sitio».
En un primer momento se dio parte de un vertido equivalente a 0,16 barriles de crudo, una capacidad algo inferior al depósito de gasolina de un coche, y se estimaba que la mancha de petróleo ocupaba unos 2,5 metros cuadrados. El daño, finalmente se estima en unos 6.000 barriles que abarcan más de 4 km² de mar. Además, Repsol tuvo constancia del accidente sobre las 5.00 pm del día 15 de enero, pero no dio aviso a las autoridades hasta las diez de de la noche, unas cinco horas después, según ha informado el departamento de Supervisión Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente de Perú.
En una entrevista para el programa Punto Final, Jaime Fernández-Cuesta, presidente de Repsol Perú, lamentaba lo sucedido y sostenía que el accidente había sido una probable consecuencia del incremento del oleaje provocado por la erupción volcánica del Tonga en Nueva Zelanda. El pequeño tsunami provocó dos muertes en Perú durante las horas previas al accidente y en medios internacionales como la BBC se ha vinculado el vertido con el oleaje anómalo.
La tesis del oleaje parecía una explicación factible, pero en las últimas horas los medios peruanos han publicado algunas informaciones que desmienten que el tsunami generado haya estado detrás de la tragedia. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha realizado un primer informe de investigación sobre la fuga de crudo y este no menciona en ningún momento el oleaje anómalo, aunque si menciona un movimiento brusco del buque que descargaba el petróleo. Fuentes de la multinacional española lamentan el ruido mediático y aseguran a Público que dicho informe no es definitivo y llaman a tratar el asunto desde la «rigurosidad». En 2019, Repsol Perú instaló una nueva monoboya de descarga en la refinería de La Pampilla que, según anunciaba la propia empresa, soportaba olas de hasta 3,5 metros de altura.
¿Marca España?
La tensión entre el Gobierno y la multinacional petrolera es palpable. La decisión de estudiar acciones legales y abrir la puerta al fin de las licencias que permiten operar a la compañía en la refinería costera llega dos días después de que Repsol decidiera no presentarse en el Congreso peruano para dar explicaciones sobre lo ocurrido, algo que causó el enfado de los políticos de prácticamente todo el arco parlamentario.
Las pesquisas del Gobierno, según informan algunos medios como La República, apuntan a Repsol como principal culpable de los hechos. Esas cinco horas de diferencia entre la catástrofe y la alerta emitida por la empresa; los malos cálculos a la hora de identificar la magnitud del derrame; y la dificultad de relacionar la erupción del Tonga a más de 10.000 km de distancia con el vertido ponen bajo el foco a la petroquímica vasca. Sin embargo, en caso de que finalmente se evidenciara la culpabilidad de Repsol, las posibilidades de una condena firme a escala internacional son difusas.
Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), explica que en este caso «entran en colisión la parte política con la jurídica», ya que sobre el papel Repsol Perú es distinta a Repsol España, la matriz. «Formalmente sería una empresa peruana que se tendría que juzgar en base a la legislación peruana», explica el experto, que recuerda que solamente se pueden llevar ante los tribunales internacionales los crímenes de lesa humanidad y otros casos graves que no prescriben en el tiempo. Esto es algo que algunas organizaciones sociales, como la Fundación del exjuez Baltasar Garzón, están tratando de cambiar a través de la petición de introducir la figura del ecocidio dentro de la lista de casos juzgables en cortes internacionales.
Si el derecho internacional dinamita la posibilidad de que una compañía como Repsol rinda cuentas por supuestos delitos ambientales en países terceros, las leyes nacionales españolas tampoco dejan la puerta abierta para que Perú pueda acudir ante los tribunales europeos. No en vano, existen casos puntuales en el planeta, como la legislación de Países Bajos, que permitió juzgar a Shell por vertidos de petróleo en la cuenca del río Niger. Desde OMAL reclaman cambios que permitan avanzar hacia el rendimiento de cuentas de las multinacionales, además de tratados vinculantes que regulen las actividades económicas en terceros países.
Repsol, en este caso, no es una empresa cualquiera. Las actividades de la petrolera en territorio americano representan en buena medida la denominada marca España, pues se trata de un agente económico importante en la industria nacional y es una de las grandes empresas del sector energético del país. «La presencia de las grandes compañías españolas en territorio americano no se entiende sin el apoyo del Estado español. No del Gobierno, sino del Estado, pues siempre se les han puesto herramientas para facilitar su expansión internacional, sea a través de avales, créditos ICO o créditos del CESCE…», indica el investigador de OMAL. «Lo que no tiene sentido es que haya una gran alianza de colaboración publico-privada para brindar apoyo a estas compañías, pero cuando hay problemas porque sus actividades generan impactos el Estado se lave las manos», opina.
En el caso de la refinería de La Pampilla, el Estado tiene ciertas implicaciones en la operatividad de Repsol. En 2016, recibió el respaldo del CESCE para la expansión de la planta cubriendo el riesgo del crédito de seis bancos para las obras. En 2017, CESCE también respaldó otra expansión de la refinería peruana. CESCE es una empresa con participación mayoritaria del Estado que brinda apoyo a empresas en proceso de internacionalización.
Público se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer la postura del Gobierno sobre la posible implicación de Repsol en el derrame de crudo, pero en el momento en el que se publica esta información no ha obtenido respuesta.
