Alexander Hall Lujardo
La Joven Cuba, 5-7-2022
La muerte de Zinadine Zidan Batista Álvarez (https://jovencuba.com/violencia-policial/) a manos de las autoridades policiales, fue reportada en horas de la tarde del viernes 1ro de julio de 2022 y ha conmocionado a gran parte de la sociedad cubana. Las primeras noticias que circularon en redes sociales, mediante videos y testimonios de los presentes, ilustran el incidente como resultado de un altercado que ocasionó el despliegue de un operativo policial que culminó en el fatídico suceso.
No pretendo asumir en este texto una perspectiva hechológica de las circunstancias en que se produjo la muerte de la víctima; procuro más bien arrojar luces sobre las condicionantes que ocasionan la reproducción de estos eventos, bajo dinámicas similares de una recurrencia llamativa, que han provocado el deceso de varios ciudadanos de piel negra en intercambios violentos con miembros armados del Ministerio del Interior.
Zidan Batista se suma a otros jóvenes afrodescendientes que recientemente han perdido la vida a manos de la PNR como resultado del uso letal de la fuerza. El listado está precedido por: Hansel Ernesto Hernández Galiano (24 de junio de 2020), Yamisel Díaz Hernández (5 de julio de 2020) y Diubis Laurencio Tejada (12 de julio de 2021). Este tipo de hechos se produce en circunstancias en que la oficialidad alega peligro para su vida como elemento justificativo de tales procedimientos.
En todos los casos predomina en la institucionalidad la ausencia de un protocolo para tramitar demandas ante las autoridades, así como la contratación independiente de profesionales para el esclarecimiento de los hechos e indemnización económica de los familiares afectados. En tal sentido, persiste un escenario de opacidad que favorece al aparato del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos.
Este desamparo resulta aún más lacerante cuando quienes se ven involucrados en estos acontecimientos son personas que viven bajo condiciones de pobreza y preterición económica, como resultado de la histórica desventaja que caracteriza la diferenciación socioclasista. Dichos argumentos han sido avalados por estudios sociológicos, históricos y antropológicos que dan cuenta de la desigualdad que persiste entre los distintos componentes del país.
Según una investigación efectuada por el Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba (http://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BASE%20DE%20DATOS%20DE%20GREENSTONE/revistat/index/assoc/HASHcf89.dir/doc.pdfen) los años noventa, el 58 % de los blancos considera que los negros son menos inteligentes, el 65 % de la muestra afirma que estos no tienen valores ni decencia, mientras que un 68 % asevera estar en contra del matrimonio interracial. El elevado por ciento de personas con esa mentalidad se ampara en una racionalidad que reafirma el predominio de un imaginario racista ampliamente extendido.
En el 2019, un estudio desarrollado por el instituto alemán GIGA (https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-working-papers/cuba-s-social-structure-assessing-re-stratification-cuban-society-60-revolution) arrojó que el 98 % de las empresas privadas en Cuba son propiedad de personas blancas. El mismo análisis ratificó que el 50 % de este componente es poseedor de una cuenta bancaria contra el 11 % de personas negras. En cambio, solamente el 3 % de ellos alega haber viajado al extranjero, mientras el 31 % de las personas blancas ha gozado los beneficios de semejante privilegio.
La realidad descrita evidencia una gran diferenciación clasista por color de piel, elemento que incide en la reproducción de actividades al margen de la legalidad entre personas negras, sector que presenta además elevados niveles de desempleo según las cifras del último censo publicadas en el 2016. (http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/publicacion_completa_color_de_la_piel__0.pdf)
Todo ello provoca que muchas de las actividades realizadas por las personas de mayor melanina en la piel estén ceñidas a normas cívicas que tipifican determinadas conductas en ámbitos carentes de condiciones para una vida digna, lo que contribuye a la extensión de patrones asociados a la marginalidad como elemento intrínseco de su comportamiento. A su vez, esto ocasiona que sean más proclives ante las autoridades a la solicitud de identificación, realización de cacheos, así como detenciones por sospecha de delito. Y aunque el estado cubano no ofrece datos estadísticos al respecto, los especialistas refieren que la mayoría de la población penal está compuesta por sujetos racializados.
El imaginario delincuencial sobre las personas negras y mestizas se encuentra sustentado, además, por condiciones de vida relegadas a los peores sitios de convivencia, caracterizados por el abandono estatal, la insalubridad y el deterioro de una infraestructura que deja pocos márgenes a la inserción social. Este proceder se agudiza por la extensión de estereotipos que visibilizan al negro(a) como no apto para determinadas actividades laborales, por considerarlo carente de condiciones acordes a empleos que demanden la presencia de un paradigma estético apegado a patrones eurocéntricos.
¿Necropolítica?
La violencia episódica del accionar represivo está usualmente acompañada por el predominio de una violencia sistémica, que relega a los afrocubanos(as) a los peores espacios de remuneración, lo que incluye sitios de segregación que generan la expansión de desigualdades y una restricción en su capacidad de compra. Téngase en cuenta que por cada dólar que recibe un afrodescendiente, las personas blancas pueden ser capaces de apercibir hasta cinco veces más. A tenor con ello, se perpetúan sus condiciones de marginación, atendidas de manera poco eficiente por las autoridades, que proponen estrategias de reparación y asistencialismo epidérmico no dirigidas hacia la raíz estructural del fenómeno.
El contexto cubano no está caracterizado por la definición necropolítica, propuesta por el teórico y filósofo Achille Mbembe. Este autor enuncia que, como resultado del modelo neoliberal que tiene lugar en el continente africano, la vida humana se convierte en fin mismo de la acumulación capitalista; a diferencia del pasado esclavista de la modernidad, donde el sujeto negro era entendido como mero instrumentum vocale en los ciclos de obtención de las riquezas, a través de las relaciones sociales de producción establecidas.
No obstante, el escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). Dado su endeble situación económica, estos han pasado a ocupar los peores sitios del trabajo asalariado bajo deprimentes garantías laborales. A su vez, el aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria inciden en su deterioro económico, al tiempo que los efectos de la escasez tributan hacia una severa restricción en sus niveles de consumo.
Estas condicionantes desvían parte importante de sus actividades al sector no legal del mercado, debido a la incapacidad gubernamental para garantizar la viabilidad de un modelo que ofrezca bienestar social por vías convencionales. De tal manera, esto contribuye a la extensión de estrategias criminalizadas que, sumado a la violencia sistémica en la reproducción de patrones de dominación, obstaculizan las alternativas autonómicas de emancipación y autoorganización, cuyo marco restrictivo lesiona su prosperidad e independencia económica, subordinada al verticalismo estatal y/o la servidumbre que implica la sujeción a las lógicas del capital privado.
El predominio de este depauperado escenario refleja la ausencia de posibilidades para el mejoramiento cualitativo en la vida de los subalternos. De igual forma, predomina la inexistencia de acciones afirmativas dirigidas a revertir los efectos de la desigualdad.
A su vez, resulta evidente la carencia de metodologías adecuadas en los órganos policiales para un tratamiento humanista hacia la población afrodescendiente, como debe caracterizar el desempeño descolonizado de las autoridades. Todo ello reafirma los enormes desafíos para enfrentar el racismo sistémico que predomina en la sociedad cubana, al tiempo que resulta indiscutible la responsabilidad del estado en su sostenimiento.
antirracistaEl escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). (Foto: Eliana Aponte / The New York Times)
A pesar de que las instancias gubernamentales alegan la ausencia de racismo institucional, resulta aberrante la forma en que el Ministerio del Interior justifica el uso desproporcionado de la fuerza mediante la emisión de una declaración en la que reproduce los marcos estigmatizantes de la criminalización, cuando exalta —contra toda norma ética y accionar responsable— los antecedentes policiales del fallecido, acto que pretende resaltar un prototipo delincuencial en quien ha sido en realidad la víctima mortal del desenlace y padece las consecuencias orgánicas de la opresión.
La solución debe ser estructural e inclusiva
Para el abordaje del fenómeno racial, las instancias gubernamentales han optado por atrincherarse en: discursos triunfalistas, omisión de estadísticas, adopción de prácticas excluyentes hacia el activismo crítico, predominio de una concepción paternalista/colonial de matriz estadocéntrica, instrumentalización de la racialidad en función de intereses populistas, a la vez que han adoptado estrategias que promueven la condición de «eterno agradecimiento» que se aparta de los propósitos emancipatorios.
La conjunción de esos factores poco contribuye a la resolución definitiva de un asunto complejo, que requeriría una transformación estructural y participación política inclusiva, tanto de la amplia composición ciudadana como de aquellos actores que han sido fundamentales en la visibilización del fenómeno.
La situación demanda además una extensión de valores antirracistas, potenciación de espacios culturales que reivindiquen las tradiciones afrodescendientes, gestión de alternativas económicas de reparación racial, consecución de nuevas herramientas teórico-metodológicas en los niveles de formación educacional, incorporación a los medios de comunicación de los numerosos aportes realizados desde diversos campos de las ciencias sociales, mayor transparencia de los informes públicos para la realización de análisis certeros y penalización de las acciones discriminatorias, como se ha realizado en otros países de América Latina.
Igualmente, es impostergable la adopción de estrategias integrales dirigidas a erradicar el flagelo de la composición social del país, al ser esta una de las deudas históricas del proyecto revolucionario jamás saldadas con la población residente de la Isla, a pesar de las reiteradas promesas instrumentales (https://periodicos.ufpe.br/revistas/realis/article/view/15219) sobre su definitiva erradicación.
